Derecho a la ciudad, retos y alcances.

Derecho a la ciudad, retos y alcances.

Derecho Urbano.

Se concibe desde un inicio como un medio para solucionar los frecuentes conflictos legales y sociales a propósito de los temas de asentamiento y de derecho al medio ambiente. Desde este punto, se concibe también como una manera de garantizar que tanto el alojamiento como los derechos ambientales sean considerados verdaderos derechos humanos y a la vez instrumentos para la realización de estos; en todo caso, ofreciendo una visión nueva de la ciudad y de sus habitantes, centrada y sostenible.

El derecho a la ciudad se concibe como una mixtura de varios derechos humanos, considerados en él como una unidad. Como en cualquier otra materia, se pueden definir las cosas de maneras muy diferentes. La sociedad también se define de muchas maneras, dependiendo del punto de vista la definición puede cambiar, sin que por eso un deje de ser verdaderas. Así se puede explicar dependiendo si el que observa es un campesino, un minerólogo o  un geólogo.

 Haciendo analogía a las teorías físicas, la unidad creada con esta unión es más relevante y de mayor alcance que la suma de sus componentes, de allí su potencial capacidad para generar cambios positivos en la defensa de los derechos de los ciudadanos y de la realización de los derechos humanos. Tales componentes son, sin ánimo de ser taxativo:

1. El derecho a vida y sustento.
2. El derecho a un nivel de vida adecuado.
3. El derecho a alojamiento adecuado (a un lugar para vivir en paz y dignidad).
4. El derecho de escoger residencia.
5. El  derecho a la libertad de movimiento. El derecho de ser libre (gratis) de cualquier forma de discriminación, incluyendo la generada por el ingreso.
6. El derecho a intimidad.
7. El derecho al trabajo.
8. El derecho a participación popular.
9. El derecho a higiene ambiental.
10.  El derecho a salud.
11. Los derechos especiales de mujeres y niños.

La negación del derecho a la ciudad causa la negación directa de uno o de varios de los derechos que comprende este concepto. De todos modos, mientras esto permite concebir a la ciudad de una manera más definida en términos de derechos humanos, este nuevo derecho exige una especificidad mucho mayor para establecer su protección, además de que por ahora, dentro de la lista de los derechos humanos no se encuentra consignado el derecho a la ciudad. Por lo mismo, se hace necesario encontrar respuesta al interrogante que desde aquí se desprende: Cuál es la importancia de un derecho a  la ciudad y cómo cambia la visión que se tiene sobre los derechos humanos.

Entre otros, la importancia de este derecho se puede apreciar en términos prácticos con manifestaciones como:

1. Los pobres, marginados, quienes tienen una vivienda inadecuada y otros grupos en condiciones desfavorables, tendrán el mismo derecho a estar en la ciudad que cualquier otra persona en mejores condiciones, y a beneficiarse por su desarrollo.
2. Los deshaucios obligatorios y expropiaciones administrativas para desarrollar proyectos de embellecimiento de la ciudad, favorecer la movilidad, proteger zonas de interés ecológico, estimular el desarrollo urbano.
3. La suficiencia de las condiciones de vida y de acceso a un cierto nivel de educación y de calidad ambiental no se reservarían sólo para aquellos con dinero para financiar esto.
4. El sector informal tendría que ser totalmente reconocido.
5. Todas las políticas públicas tendrían que ir dirigidas a la solución de los conflictos dentro del contexto de los derechos humanos.

Sin embargo, hay sectores en el legislativo de muchos países que piensan que la inclusión de este derecho no es viable, argumentando que la estandarización de los derechos humanos ya existentes debe ser la primera prioridad y la primera tarea antes de seguir positivizando más derechos. Ante esto, cabe decir que si bien aún no se ha formalizado este derecho, la Constitución de 1991, para el caso colombiano, le ha abierto la puerta a derechos innominados, como lo era este, que son producto de la misma naturaleza humana, y dentro de ella están los que se desprenden de su calidad de ser gregario. Es decir que por vía del artículo 94 y del derecho constitucional en general, es totalmente asimilable a la legislación.

De todas maneras, se debe abordar la aplicación de este derecho de una manera prudente y ponderizada, pues de una aplicación mal diseñada o desenfocada, se podrían obtener consecuencias adversas como:

1. Que resulte discriminatorio de la población rural, dándole menos valor a sus derechos que al de los citadinos.
2. Limitar el valor de los derechos existentes sin que hayan sido materializados aún.
3. Sería demasiado vago como para tener preponderancia dentro de toda la ley, y demasiado difícil de llevar a cabo.
4. Podría agudizar el problema ambiental si se crea una corriente urbanizadora aún más fuerte que la contemporánea.
5. Erosionaría los derechos y libertades individuales debido a la orientación colectiva de este derecho.
6. Elevaría los costos de la vida urbana, alejando a las clases deprimidas de una verdadera participación.

De otra parte, el segundo aspecto más relevante de este derecho a la ciudad, se centra en la observación de sus efectos prácticos. Por supuesto que le son indispensables para que de verdad cumpla un papel vitalizador y equilibrador dentro de la sociedad. De otra forma, sería simplemente letra muerta. No obstante, para poder mesurar 4stos efectos y hacerlos controlables o congruos con los objetivos de su proposición, se deben puntualizar algunos términos y aspectos:

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