Jurisprudencia ACTUA

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Jurisprudencia ACTUA

Podemos entender que la  jurisprudencia proviene del latín, “jurisprudentia”, compuesta por los vocablos “juris” que significa derecho y “prudentia” que quiere decir conocimiento, ciencia. ”En términos generales se ha definido como: el conjunto de tesis que constituyen valioso material de orientación y enseñanza, que señalan a los jueces la solución de la multiplicidad de cuestiones jurídicas que contemplan; que suplen las lagunas y deficiencias del orden jurídico positivo; que guían al legislador en el sendero de su obra futura”.^[1]

Principalmente podemos ver que algunos artículos han sido modificados en beneficio de los derechos humanos de los ciudadanos y de la participación de los cuerpos policiacos, como ejemplo podemos analizar las Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos publicadas en junio de 2011.

En el artículo 1° antes de la reforma mencionada se planteaba que En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.^[2]

Después de esta reforma podemos analizar que se anexa algunos párrafos que garantizan en todo momento a los ciudadanos protección, de igual modo se contempla que las autoridades como cuerpos policiacos promuevan, respeten y garanticen  los derechos humanos, para que esto se cumpla, se establece que  el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Dentro de los elementos que se contemplan en la primera unidad, podemos tener acceso a algunas tesis jurisprudenciales que muestran la relación de estas con la garantía de los derechos humanos y su trabajo policial  que podemos analizar.

La primera jurisprudencia que se muestra es garantías individuales. El retardo, omisión o incumplimiento de los deberes de las autoridades puede dar lugar a la violación grave de aquéllas.

Como ciudadanos tenemos la necesidad de que nuestros derechos y garantías individuales sean respetadas, estas están implícitas en la los primeros 27 artículos constitucionales, debemos de tener en cuenta que como sociedad, en cierto momento expresamos algún descontento o inconformidad , pero de manera anticonstitucional, donde por consecuencia se genera un desorden a la paz pública, en este aspecto se menciona que los únicos que pueden ejercer la fuerza es el estado, lo cual debería garantizar la efectividad de estos derechos y garantías, a mi parecer es una controversia ya que la fuerza que se ejerce puede exteriorizar un acto de incumplimiento, por otro lado debemos de mencionar que la omisión por parte de los cuerpos policiacos de estas disposiciones de protección a los ciudadanos es sancionado y son delitos debidamente tipificados en el código penal correspondiente.

Derivado de las tesis que se analizan podemos rescatar aspectos medulares en cuanto a la participación de los policías a favor de los derechos humanos, nos queda claro que si no existe una coordinación dentro de los órganos de seguridad con la finalidad de regirse  bajo una ley general expedida por el Congreso de la Unión y así tener una conexión unificada para lograr combatir la delincuencia organizada este objetivo no se lograra.

Hay policías que están colaboran en empresas privada sin embargo  la jurisprudencia con este rubro nos informa, que  servicios de seguridad prestados por empresas privadas son parte del sistema de seguridad pública y, por tanto, para la distribución de competencias para legislar respecto de aquéllas debe ser a la ley general expedida por el congreso de la unión.

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