LICITACION PUBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA

Es el procedimiento administrativo especial, cuya finalidad consiste en seleccionar a la persona que será el contratante del ente gubernamental convocante en ejercicio de la función administrativa, que además de ajustarse a los requerimientos formulados por el segundo, mediante convocatoria pública y pliego de condiciones; el oferente deberá presentar propuesta secreta, proponiendo las condiciones de mercado más ventajosas para el Estado. El cual se substancia fundamentalmente, bajo los principios jurídicos de legalidad, oficiosidad, publicidad, igualdad, y competencia y/o concurrencia, economía, eficiencia, eficacia, honradez, y demás principios aplicables.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada, denominada “LICITACIÓN PÚBLICA. EL CUMPLIMIENTO DE SUS BASES ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA ANALIZAR LAS OFERTAS Y ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO.” cuyo ponente en su oportunidad fue el Ministro Genaro Góngora Pimentel la ha definido diciendo:

“De acuerdo a lo que establece el artículo 134 constitucional, la celebración de los contratos de obra pública, está precedida de un procedimiento específico que, además de constituir un requisito legal para la formación del acuerdo contractual, servirá para seleccionar a su contraparte. A dicho procedimiento se le denomina "licitación", pues a través de él, la administración pública (federal, estatal o municipal), elige a la persona física o moral, que le ofrece las condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia, eficacia y honradez, para celebrar un contrato determinado y, para ello hace un llamado a los particulares de manera impersonal o personal, para que formulen sus ofertas a fin de llevar a cabo la contratación.”

NATURALEZA JURÍDICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

A diferencia del procedimiento administrativo general, la Licitación Pública, es un procedimiento administrativo especial, debido que tiene un objeto específico, que es seleccionar a la persona que será el contratante del ente estatal en ejercicio de la función administrativa, para lo cual dicha persona, al igual que otras, tiene que responder al llamado público para hacer ofertas, preparar y presentar su propuesta sujetándose estrictamente al pliego de condiciones previamente formulado, para que en uno o varios actos públicos, se abran las propuestas, las cuales han de presentarse en sobre cerrado, para que posteriormente, el órgano estatal contratante, previa evaluación de todas y cada una de las ofertas, determine quien de entre los oferentes presentó la propuesta de mercado más ventajosa o conveniente para él.

Este procedimiento está sujeto a principios jurídicos propios y al que es la columna vertebral del derecho administrativo, el de legalidad. Sin duda, este procedimiento administrativo especial, fue concebido para efecto de que las decisiones de los agentes del estado estuvieran libres de suspicacias, por ello, siempre está previsto por las normas jurídicas y su tramitación ha de apegarse a ellas, en forma estricta, a efecto de que todos y cada uno de los actos y hechos que lo integran cumplan con la norma, ya que sólo ello es la garantía de que estén libres de corrupción. Sin embargo, eso no fue suficiente, por ello a la par de la legalidad, se implantaron otros principios jurídicos que garantizaran que las adjudicaciones de los contratos fueran efectivamente libres y ellos fueron la publicidad, la concurrencia, y la igualdad.

FINES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

La finalidad inmediata del procedimiento de licitación pública, consiste en ser el medio a través del cual un órgano estatal en ejercicio de la función administrativa, selecciona a la persona que será su contratante en algún contrato administrativo, que como ya quedó indicado tiene una intención, la de lograr el interés público, en forma mediata o inmediata, la cual se materializa en la prestación de un servicio público, la construcción de una obra pública, la realización de un suministro durante el plazo previsto, etc.

Sin embargo, dicha finalidad no es única, a través de la substanciación de la licitación pública, pretenden no sólo seleccionar a la persona idónea, sino además que la persona seleccionada tenga ciertas cualidades, además de ofrecer las condiciones de mercado más ventajosas y convenientes.

PRINCIPIOS JURIDICOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

En cuanto a los principios que rigen a la licitación pública, en realidad existe una gran divergencia de opiniones respecto de cuantos y cuales son esos principios, cada autor, dependiendo de la estructura del análisis realizado y de su comprensión a cerca de la naturaleza jurídica de este procedimiento administrativo especial, propone la aplicación de tal o cual principio. En términos generales, López-Elías, Fiorini y de Escola, quienes señalan que son tres los principios que rigen a este procedimiento, la publicidad, la igualdad y la concurrencia o competencia, aun cuando el segundo varía un poco la nomenclatura de los mismos.

No obstante, algunos autores han considerado que al lado de estos principios están otros, así por ejemplo para Dromi y Fernández Ruiz, señalan a la transparencia, Delgadillo Gutiérrez y Lucero Espinosa, al igual que Marienhoff, consideran a la oposición y contradicción.

PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA.

En general, se ha señalado que el principio de concurrencia o competencia, asegura al Estado, la libre participación de los interesados y lo provee de un mayor número de participantes a los procesos licitatorios, lo cual le permite seleccionar a quien será su contratante de entre una variedad importante de propuestas, lo que se concreta en la facultad de efectivamente seleccionar de entre un grupo de participantes a la persona que haya presentado la propuesta más conveniente y ventajosa para él.

Sin embargo, como bien lo señalan Dromi y Fiorini, esa participación abundante no sólo depende de la oportuna publicación de la convocatoria, sino del contenido de esta y del pliego de condiciones, ya que en buena medida, el hecho de que el estado incluya bases y cláusulas limitativas y restrictivas, resulta un claro indicio de que lo deseado no es la amplia participación de los interesados, sino la participación de grupos o personas determinados.

Un aspecto importante en la aplicación de este principio, estriba como lo afirma Zubiaur, no sólo

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