PUEBLOS INDÍGENAS Y SISTEMAS JURÍDICOS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UBV)

MISIÓN SUCRE; ESTADO TÁCHIRA

PROGRAMA DE FORMACIÓN; ESTUDIOS JURÍDICOS

PUEBLOS INDÍGENAS

Y

SISTEMAS JURÍDICOS

INTEGRANTES:

Botello Alexander

Rincón Junior

SEMESTRE: VII

ASESORA: ABG. Maryory Contreras

SAN JUAN DE COLON; NOVIEMBRE DE 2012.

Desde hace un año un grupo de indígenas pertenecientes a la etnia Yukpa permanece en prisión preventiva exigiendo su derecho a ser juzgados conforme a sus tradiciones culturales. El TSJ, lejos de resolver la duda sobre la posible aplicación de la justicia indígena, ha dejado de lado el tema.

El 13 de octubre de 2009, en el sector Río Yaza (Sierra de Perija, Zulia) se produjo un enfrentamiento armado entre indígenas de la etnia yukpa: resultaron tres heridos y un fallecido. La policía detuvo a Sabino Romero Izarra, Olegario Romero y Alexander Fernández. Pero el caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Justicia TSJ donde, durante varios días, los familiares de los detenidos se instalaron a la espera de saber si serían juzgados por su propio pueblo.

La Constitución de 1999 reconoció la diversidad cultural y el derecho a la existencia de los pueblos y comunidades indígenas. El constituyente incluyó una serie de derechos específicos, entre ellos el derecho a ser juzgados por sus propias autoridades y conforme a su cultura en ciertos casos. Romero y sus compañeros se encuentran en Fuerte Macoa, en Machiques (estado Zulia) a la espera de su juicio; mientras el TSJ determinó que debido a la conmoción creada por los hechos el juicio debía trasladarse al estado Trujillo.

Y en cuanto al análisis sobre la pertinencia o no de la justicia indígena, prefirió guardar silencio, dejando que el asunto fuese revisado en el juicio.

De acuerdo con el Art. 260 Constitucional son tres los elementos necesarios para que pueda aplicarse la jurisdicción especial indígena:

(1) que las únicas partes involucradas sean indígenas;

(2) que el lugar de los hechos se encuentre en hábitat indígena;

(3) que existan autoridades y costumbres en dichas comunidades que puedan resolver el conflicto.

En consecuencia parecería que están dados los elementos que la Constitución exige para que este caso pueda ser sometido a decisión de las autoridades indígenas, pues la étnia Yukpa en su cultura cuenta con una autoridad legítima, denominada “Oshipa” o Consejo General de Ancianos formado por los caciques de la etnia como órgano de resolución de conflictos.

La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI): que en principio es la legislación aplicable en este caso establece en su Art. 141 algunas reglas generales que deberían tomarse en cuenta en los procesos penales que involucren indígenas:

1. No se tratará como delito hechos que en su cultura y derecho sean permitidos, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución o los tratados sobre derechos humanos; y

2. Los jueces, al momento de dictar sentencia o cualquier medida preventiva, (por ejemplo privación preventiva de libertad) deben considerar las condiciones socioeconómicas y culturales de los indígenas.

Los tribunales que revisaron este asunto consideraron que la jurisdicción indígena no era aplicable debido a que el homicidio lesiona un derecho humano (la vida) y en consecuencia no se aplica el régimen previsto ni en la LOPCI ni en la Constitución, por lo que debe ser revisado por la jurisdicción penal ordinaria. En segundo lugar, se tomó en consideración que la zona en la que se produjeron los hechos se encontraba en medio de una reclamación, por lo que no podría ser considerada como estaba pendiente de una reclamación, por lo que en criterio de los tribunales este también sería un obstáculo.

Algunos expertos han

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