Principio De Legalidad

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CONSIDERACIONES GENERALES.

La incorporación definitiva del principio de legalidad en la vida jurídica de una nación tuvo lugar a finales del siglo XVIII en la Francia revolucionaria, momento que fue presidido por el desarrollo del racionalismo jurídico, corriente filosófica que ofreció un tratamiento especial a la razón, al punto de considerar la existencia del Derecho como un resultado de esta.

A partir de liberalismo constitucional, comienza el imperio de la ley, convirtiéndose esta en la principal forma de Derecho. El protagonismo alcanzado por la norma escrita, resulta de reconocer en esta la voluntad y alcance general, así como sus fines respecto a la sociedad y su función en el logro del ideal de justicia.

En sus orígenes burgueses el principio de legalidad surge como medio para eliminar el absolutismo monárquico, como un límite al poder del Estado. En la medida en que este se va afianzando en el Estado burgués, a través de él se va a instrumentar el modo de proceder de los distintos órganos, propiciando así cierta seguridad para los que encuentran sometidos a la observancia del Derecho. Lo expresado nos indica que la legalidad como principio no garantiza la no ocurrencia de actos arbitrarios por parte de los órganos; pero sí se erige como una guía hacia lo que si pueden hacer estos en pos de la seguridad y el buen desenvolvimiento de las relaciones jurídicas.

La filosofía política de la Ilustración significó un cambio radical en la percepción del Derecho, se fundamentó en la voluntad del hombre racional, en la voluntad general. La voluntad general se impone a través del contrato, idealmente imaginado, que realizarían todos los integrantes del Estado. Este presupuesto coadyuvaba al establecimiento de la igualdad de todos ante la ley.

La legalidad se convirtió en una categoría jurídica-formal, y en un principio universal y político de la actividad de las personas en las relaciones sociales. La legalidad se consideró lo contrario del despotismo, de la arbitrariedad, de las violaciones del orden jurídico y, sobre todo, del abuso del poder político, y de las transgresiones cometidas por los órganos y funcionarios del Estado. 3

El Estado conforme a la concepción liberal no puede exceder de lo que previamente está dado en la ley escrita. El legislador para vincular al ciudadano a la ley previamente debe dictarla, con lo cual se establece un límite al poder del Estado.

El principio de legalidad no ha sido inmutable, como categoría jurídica recibe una influencia condicionante de los intereses políticos que la dotan de contenido en cada momento histórico. De esta forma para el socialismo, la legalidad, aunque no significa una verdadera ruptura conceptual con respecto a aquella originariamente burguesa, adquiere un contenido ideológico y axiológico diferente.4

Según el profesor FERNÁNDEZ BULTÉ, en el socialismo:

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