Proyecto De Grado

INTRODUCCION

El presente informe de Practica Profesional se realizo con el fin de poder demostrar el desarrollo que se tuvo en el campo laboral, los conocimientos adquiridos, detallar las experiencias y sobre todos las actividades que se realizaron.

El objetivo de la práctica es poner a prueba nuestra formación como futuros profesionales adquiriendo nuevos conocimiento que nos permite alcanzar un mejor nivel y desempeño de las funciones asignadas.

Este Informe tiene como finalidad explicar el desarrollo del trabajo elaborado, las experiencias vividas y presentar en forma detallada los aspectos más resaltantes de la institución que sirvió de centro de aplicación para la misma.

PODER JUDICIAL DE HONDURAS

El Poder Judicial es aquel poder del Estado que, de conformidad al ordenamiento jurídico, es el encargado de administrar justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos.

La Justicia se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes, únicamente sometidos a la constitución y a las leyes.

El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones y los Juzgados.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Es el máximo tribunal con jerarquía del Poder Judicial y está conformada por quince magistrados y magistradas elegidos por el Congreso Nacional por un periodo de siete años.

Los tribunales dependientes de La Corte Suprema de Justicia son: 9 Cortes de Apelaciones, 66 Juzgados de Primera Instancia y 325 Juzgados de Paz.

Atribuciones y facultades de la Corte Suprema de Justicia:

* Organizar y dirigir al Poder Judicial;

* Conocer de los procesos incoados a los altos funcionarios del Estado;

* Conocer de las causas de extradición;

* Nombrar y remover a los Magistrados y Jueces;

* Fijar la división del territorio para efectos jurisdiccionales;

* Crear, suprimir o trasladar los juzgados, Corte de Apelaciones y demás dependencias.

LAS CORTES DE APELACIONES:

Conocen de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias de los tribunales de primera instancia; así mismo, conocen de los recursos de amparo contra las actuaciones de autoridades regionales.

LOS JUZGADOS DE LETRAS:

Tienen como competencia el conocimiento de los procesos en las áreas civil, penal, laboral, familia, niñez y adolescencia, violencia doméstica, inquilinato y contencioso administrativo. A la vez, conocen en segunda instancia los recursos interpuestos contra las resoluciones de los Jueces de Paz.

LOS JUZGADOS DE PAZ:

Tienen como competencia las áreas civil y penal. En materia civil conocen de las demandas cuyo valor no excede de los Lps. 50,000.00. En materia penal, conocen de los juicios por faltas y la autorización y realización de determinadas diligencias en ausencia del Juez de Letras en la respectiva localidad.

VISION

Que al más corto plazo, podamos contar con un Poder Judicial independiente, fortalecido y prestigiado: Que sea visto por la comunidad nacional e internacional, como un auténtico soporte para el Estado de Derecho, Que haga de Honduras un país confiable ante las demás naciones, al contar con una ejemplar administración de justicia, Que sea garantía de seguridad jurídica, tanto para las y los hondureños como para las y los extranjeros que residen en el país y que invierten en él o que nos visitan, Y que al año 2009 podamos entregar un Poder Judicial con una estructura organizativa y funcional validada, con políticas claras y determinantes, de tal manera, que esta estructura se constituya en un marco rector indefectible en pro de garantizar a perpetuidad la seguridad jurídica que anhela la población hondureña.

MISION

Impartir Justicia, bajo el imperio de la legalidad y la equidad, como única forma de que este Poder del Estado, brinde un aporte efectivo a la paz social, al construirse así, en verdadero garante de la vida, el honor, los bienes y derechos de las personas administrando la justicia de manera expedita, eficiente, responsable, gratuita e imparcial, aplicando la Constitución de la República, los tratados internacionales y las normas sustantivas y adjetivas del debido proceso para garantizar el otorgar a cada quien lo suyo y contribuir a la seguridad jurídica implementando un Régimen Efectivo de Garantías Constitucionales.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Instaurar un sistema de justicia confiable y expedito que garantice seguridad jurídica, para los bienes jurídicos más preciados,

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