Resúmen De Ley De Amparo

Tabla de Contenido

Introducción

I. Necesidad de una nueva Ley de Amparo

I.1 Principales avances contenidos en el Proyecto de Nueva Ley de Amparo.

II. Ámbito protector del Juicio de Amparo

III. Legitimación para acudir al juicio de amparo

III.1 Interés Jurídico

III.2 Interés Legítimo

IV. Autoridad para los efectos de Amparo.

V. Suspensión del Acto Reclamado.

VI. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad y de Interpretación Conforme.

VI. 1 Principio de Relatividad de las Sentencias de Amparo

VI.2. Declaratoria de Inconstitucionalidad.

VI.2.1 Interpretación Conforme.

VII. Reformas Constitucionales.

VII.1 Modificaciones aprobadas.

VII.2 Análisis por artículo.

Conclusión.

Introducción

En materia de Amparo, como en cualquier otra rama del derecho, cualquier reforma constitucional o publicación de un ordenamiento legal, debe generarse a partir de un estudio sistemático e integral respecto trascendencia en el ámbito social y por supuesto legal.

Es el caso de la propuesta que plantea el doctor Arturo Zaldívar en su obra, objeto del presente estudio, en la que, de acuerdo con su ejercicio profesional, vislumbra, desde hace diez años, elementos con los que se reinventa el juicio de amparo.

Es bien sabidos por aquellos que, de manera directa o indirecta, tienen relación con el poder y servicio público, que es una práctica recurrente por partes de quienes transitan por un cargo público, el servirse de la norma fundamental con fines demagógicos, sin perder de vista los recovecos de la misma, para excluirse de su de aplicación, tal y como lo describe el doctor Zaldívar al señalar que:

“… la Constitución desempeñó en México una función más de programa político y de instrumento legitimador del grupo gobernante que una auténtica norma jurídica suprema vinculante para los gobernados.””

Es el caso que actualmente los tiempos políticos y sociales son diferentes a los que prevalecían hace diez años, época en la que el autor instaba al reconocimiento de nuestra Carta Magna como instrumento normativo, del cual emana la validez de todos los actos jurídicos y que de alguna u otra manera se cursaba por un momento de alternancia de las fuerzas políticas en el poder, igual que ahora.

Es menester señalar que las reformas constitucionales del 7 de diciembre de 2010, contempla los conceptos analizados y propuestos por el autor en esta obra, lo cual es de mencionarse debido a la brecha temporal que existe entre uno y otro. Lo anterior sin soslayar la diferencia que pude existir entre conceptos e interpretación de las reformas, pasando por las conclusiones de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura.

I. Necesidad de una nueva Ley de Amparo.

El autor señala la importancia de contar con un nuevo instrumento normativo en materia de amparo, lo cual adquiere mayor fuerza después de conocidas las reformas constitucionales en la materia, sin perder nunca de vista la edad activa de la Ley de Amparo, toda vez que como es de conocimiento hasta d los menos conspicuos en la materia, ésta data desde 1936 y que, a pesar de las múltiples reformas que ha sufrido, éstas no alcanzan para considerarla como instrumento de vanguardia, como en su momento lo fue.

En este orden de ideas, es de señalarse algunos de los criterios interpretativos de lo que actualmente es el juicio de amparo:

a) Se carece de un medio de defensa en materia de Derechos Humanos, consagrados en los tratados internacionales, mismos que robustecen los derechos fundamentales que, denominados garantías individuales consagra y tutela la Constitución,

b) El acceso al juicio de amparo se ve limitado debido a que es necesario que se afecte el interés jurídico del quejoso. Lo anterior bajo el entendimiento de la asociación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el derecho subjetivo, por lo que quedan desprotegidos los intereses difusos y colectivos. Lo anterior es calificado por el doctor Zaldívar como un anacronismo que desmerece al amparo en contraposición con el derecho procesal constitucional y administrativo comparados.

c) El concepto de autoridad en materia de amparo es insatisfactorio a pesar del criterio de la Suprema Corte, en el que admite la procedencia de amparo en contra de organismos descentralizados.

d) La violación del principio de supremacía constitucional, mismo que vulnera la igualdad ante la ley, afecta la regulación del orden jurídico, y favorece la existencia de normas inválidas, aunque vigente.

Lo anterior a través de la llamada relatividad de las sentencias.

e) El pobre alcance de la suspensión, tal es el caso de la materia administrativa en la que su formalismo limita el impedimento de actos arbitrarios. En la materia penal, con las reformas de 1999, la suspensión es prácticamente inexistente.

f) Las causales de improcedencia y si libre aplicación, provocan que una gran cantidad de juicios de amparo sean desechados o sobreseídos, lo que contraviene a la naturaleza misma de las improcedencias, las cuales requieren una estricta interpretación y prueba plena.

g) El “amparo para efectos”, consistente en el reenvío de los tribunales colegiados a los tribunales locales, lo que provoca morosidad en la resolución de asuntos, vulnerando el principio de justicia pronta y expedita, sin contar con el rezago que provoca en el Poder Judicial de la Federación.

h) El sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia, según el autor, sin injustificados en la actualidad y repercuten en aquellos para los que fue creada la protección constitucional.

i) El sistema de ejecución de sentencias en ineficaz.

j) De acuerdo con el autor, los recursos de amparo son complejos y oscuros y requiere de especialistas en la materia para descifrarlos (todo el juicio de amparo requiere un abogado).

l) También acota que la Ley de Amparo debe ser leída en conjunto con una gran cantidad de precedentes, además de ser de deficiente y antigua técnica jurídica.

Es necesario destacar que la Comisión de Análisis de Propuestas para una

nueva Ley de Amparo, de la que fue integrante el autor, creada por la Suprema Corte, en abril de 2001 entregó a la Suprema Corte un proyecto de ley, que compilaba las aportaciones de la comunicad jurídica nacional. Sin embargo, después del escrutinio tanto de la misma corte, como del ejecutivo y legislativo, sufrió modificaciones que si bien es cierto conservan

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