Situacion Del Nivel Inicial

Situación del nivel inicial:

En la República Argentina, el nivel inicial es el primero del sistema educativo que abarca desde los cuarenta y cinco días hasta los cinco años cumplidos, según la ley vigente (Ley Nacional de Educación, LNE en adelante).

El reconocimiento legal de la educación inicial como una unidad desde el primer mes y medio de vida de un/a niño/a es una conquista fundamental que exige políticas concretas para materializarse. Es clave el conocimiento situado de la realidad para la elaboración de políticas efectivas, operantes sobre las condiciones existentes.

Cabe aclarar que dicha ley fue sancionada en 2006 y al año siguiente, las provincias argentinas comenzaron a adecuar sus legislaciones al marco nacional.

El objetivo principal de las políticas que se diseñen es la “universalización del nivel inicial” como alcance de la escolaridad a todos/as los/as niños/as en edad de asistir. Para nosotros, “universalización” no es sinónimo de “obligatoriedad de asistencia de los/as niños/as”, sino que debe entenderse como “obligatoriedad del Estado de garantizarla”. La necesidad de universalizar el nivel inicial se basa en el reconocimiento de este como instrumento para el desarrollo integral y de potenciación de las posibilidades de aprendizaje de los niños y las niñas.

Desde el año 2003, al asumir a la presidencia el señor Nestor Kirchner, más presisamente el 27 de mayo de este año, decidió ir a la Provincia de Entre Ríos a destrabar un conflicto gremial con los docentes que hacía tres meses que no cobraban sus salarios, gesto que dejó en claro que la Educación estaba primero y en las bases de las políticas de este nuevo y distinto gobierno. Desde este año la política educativa fue y es parte escencial del Proyecto Nación. El Estado no ahorró en donde es prioritario invertir, lo que llevó a la construcción de 1200 escuelas nuevas, no ahorró en la dignificación de los salarios docentes, no ahorró en millones de libros para nuestros alumnos , no ahorró en la democratización del conocimiento al poner en marcha el Plan Conectar Igualdad, invirtió en la enseñanza técnica, en las Universidades públicas y científicas. Es aquí donde comenzó la construcción de una educación con libros, con inclusión y con condiciones de dignidad para los niños, jóvenes y sus familias.

El Estado debe estar obligado a brindar los servicios escolares donde tales aprendizajes puedan apropiarse en forma educativa, adecuada y contenedora para la primera infancia.

En el año 2006, se sanciona la Ley de Educación 26206 que reconsidera la organización del sistema educativo argentino, reconociendo que el Nivel Inicial comprende desde los cuarenta y cinco días hasta los cinco años de edad. Queda, ahora sí, el Nivel jurídicamente organizado.

La Ley Federal plantea la obligatoriedad de la Sala de cinco años lo que promueve la inversión de recursos. Sin embargo, aún no se define la responsabilidad político económico de las salas de cuatro y tres años y mucho menos del jardín maternal, quedando delegada la responsabilidad de las creaciones a las posibilidades de cada jurisdicción.

En la educación inicial se muestran datos de un censo realizado en el año 2001 que revelaban que casi la mitad de la población total en edad de asistir al jardín no lo hacía en ese momento. Aun en el caso de la sala de cinco años, tramo obligatorio del nivel, 2 de cada 5 niños/as de esa edad no asistían, es decir que a pesar de que la obligatoriedad llevaba establecida diez años en ese momento, aún no se cumplía.

Aquí se refleja una comparación entre 2001 y 2005 para el total del país. Según la proyección de población para el año 2005 el porcentaje de niños/as no escolarizados era del 39, 26% mientras que en 2001 alcanzaba el 47,15, por lo cual podemos afirmar que en estos años la franja se redujo casi un 8%.

Por otro lado, los datos dan cuenta que la población de cinco años que asistía en el año 2005 alcanzaba al 92,43%, en cambio en 2001 era del 78,80% respecto de la población total de esa edad, lo que representa un crecimiento significativo para el tramo obligatorio del nivel. Esto puede deberse a los distintos programas que en las jurisdicciones se fueron implementando en forma progresiva para universalizar la cobertura de cinco años.

En cuanto a la asistencia a sala de cuatro años, se pudo observar un aumento de un 10%. La población escolarizada pasó de un 48% para el año 2001, a un 58% para el año 2005. En cambio, el porcentaje de niños asistentes a sala de tres años bajó levemente (de 29,90 a 29,08).

También ponen en evidencia que a pesar de que en estos últimos años se ha incrementado la matrícula aún existen marcadas diferencias en la asistencia de los/as niños/as de 3 años (29,08%) y 4 años (58,52%), respecto de los/as de 5 años (92,43%).

Uno de los motivos que debemos considerar por su posible influencia en la baja escolarización que muestran los datos es la falta de cobertura del estatal. No ignoramos que puede haber otros además de la acción del Estado, pero incide la cobertura que este brinda.

Algunas leyes promulgadas en el nivel inicial fueron:

• 2004-2005 Se deroga el Decreto 4457 (congelamiento de cargos) y se logra el 15 de Julio/05 la firma de La Resolución 3367 que habilita la creación de más cargos para el Nivel, aun cuando algunos de ellos hoy son una deuda pendiente.

• El 28 de Septiembre se sanciona la LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES. En Diciembre del mismo año se aprueba la Ley de Financiamiento Educativo.

• 2006 El 27 de Septiembre, producto de la lucha organizada se vota por primera vez en La Historia de la docencia de La Provincia de Buenos Aires La LEY DE PARITARIA DOCENTE. 15 de Noviembre Movilización a la DGCyE impidiendo la implementación de la ley de “organizaciones para el cuidado integral de Niños / as”(A Segarrra).

• DEROGACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN Y SANCION DE LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL.

• En el año 2005, la Ley 26061 deroga la Ley de Patronato de 1919, dejando atrás un pasado en el que gran parte de la infancia era candidata a ser tutelada por el Estado ante condiciones de "riesgo moral o material". De esta manera, se estigmatizaba a los niños diferenciando a aquellos dignos de sus derechos de los "menores" excluidos, pobres, con familias peligrosas, que los convertían a ellos también en sujetos peligrosos, merecedores de caridad o de encierro para su protección, lo que los llevaba a la pronta judicialización.

Desde 2003, ha sido decisión del Gobierno Nacional la recuperación y re significación del rol

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