Confinamiento 2020. La pandemia de COVID-19

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ALUMNO: OSCAR ANTONIO CASTILLO LUNA

TRABAJO: Trabajo Individual. Proyecto Parte 2

MATERIA: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

MATRICULA: E0000031251

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2020

INTRODUCCION

La pandemia de COVID-19 genera problemas de externalidades negativas. Las empresas, al continuar operando, no internalizan el costo de contribuir a la transmisión del virus. Por esta razón, muchos gobiernos han anunciado la suspensión de actividades no esenciales.

En este ensayo, se argumenta que tales medidas discrecional provoca una asignación ineficiente de recursos. Un esquema en el que el gobierno subasta permisos para que las empresas puedan tener empleados en el área de trabajo. Esto permite a las empresas que generar más valor y que incurran en menores costos sociales pueda  continuar operando.

En el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo según se determine

En varias industrias importantes se agregó que “Actividades cuya suspensión puede tener efectos irreversibles en su continuación”. Aunque Se intentó especificar qué se entiende por "efectos irreversibles" que hay un problema de discreción. En su columna de Jaque mate de Reforma, Sergio Sarmiento señaló la incoherencia de la industria del tequila visto como esencial y el de la cerveza no, así como la inconsistencia que Los bultos no se clasificaron como esenciales si se utilizaron para Industria farmacéutica. Estos criterios arbitrarios dan como resultado una asignación recursos ineficientes que agravan la crisis económica, la pandemia ha provocado un aumento significativo en la desempleo en México En mayo se perdieron 344,522 empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De enero a mayo desaparecieron 838,272. Pero esas cifras son solo de los trabajadores formales registrados en el IMSS... y pocos en nuestro país tienen ese privilegio.

31 millones de personas estaban empleadas en la economía informal en abril. En mayo, solo quedaban 20,7 millones. Es una pérdida de 10,3 millones de empleos informales. Por otro lado, el colapso de los empleos formales no se limita a los trabajadores que están registrados en el IMSS. En abril, 24,7 millones de personas estaban empleadas en la economía formal; en mayo, 22,6 millones. Es decir, según el INEGI, 2,1 millones perdieron sus trabajos formales en un mes.

La tasa de actividad cayó del 59,8 por ciento de la población en marzo de 2020 al 47,5 por ciento en abril. Esto corresponde a una disminución de la fuerza laboral de 12,3 millones de personas. El INEGI nos dice que no forman parte de la población económicamente activa, pero lo fueron hasta abril.

De los 20 millones de personas disponibles para trabajar en mayo, 11,3 millones dejaron de trabajar sin paga debido a una interrupción temporal en su trabajo. La población que trabaja pero tiene que hacer más, aumentó de 5,1 millones a 11 millones entre abril y mayo de 2020.

La pérdida de empleos fue particularmente alta en las pequeñas empresas. En marzo de 2020, 22,8 millones de personas trabajaban en microempresas, en mayo eran 14,7 millones. En total, 8.1 millones de personas que trabajaban en estas pequeñas empresas perdieron sus trabajos.

Los pobres son las principales víctimas de este desastre económico. El salario base de los trabajadores que aún tienen empleos registrados en el IMSS tuvo un aumento nominal anual de 8.1 por ciento, el más alto para un mes de mayo en una década. Pero no es producto de que las empresas hayan aumentado sueldos, sino de que quienes están perdiendo sus trabajos ganaban menos, lo que sube artificialmente el sueldo promedio de cotización. Según el Coneval, el número de personas en pobreza extrema por ingresos podría aumentar entre 6.1 y 10.7 millones por la crisis. La pobreza laboral, la que sufren quienes están trabajando, pero no pueden pagar una canasta básica de alimentos, aumentaría de 37.3 a 45.8 por ciento en los dos primeros trimestres de 2020.

Esta crisis no solo es exclusiva de México, sino un colapso internacional causado por la pandemia internacional y las restricciones ordenadas por los gobiernos. Pero en México la situación es peor que en otros países por las acciones previas del régimen para combatir la inversión productiva y la falta de políticas para enfrentar el colapso.

Futuros brotes del virus, extensión de las medidas de distanciamiento las proyecciones sociales y para el país sugieren que las MIPYMES enfrentarán grandes desafíos para pagar los salarios y continuar operando durante la inevitable crisis. Dada la incertidumbre, es imperativo que las MIPYMES reciban financiamiento simple, asequible y adecuado para cubrir los ingresos que ya no reciben durante la emergencia.

Las MIPYMES son la columna vertebral de la economía mexicana. Según datos del INEGI, en 2015 las MIPYMES generaron el 72% del empleo y 52% del PIB del país. Por lo tanto, proteger a estas empresas debe ser un objetivo primordial de la sociedad civil y el sector empresarial, con un propósito de buscar su subsistencia en el corto y mediano plazo, acelerando la recuperación económica, proteger los puestos de trabajo existentes y crear nuevos. En este sentido, hemos identificado dos problemas específicos que deben abordarse para proteger a las MIPYMES primero, a pesar de la importancia de las MIPYMES en la economía Mexicana, según la Encuesta Nacional de Productividad y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) recaudados por el INEGI en 2015, el 52,6% de las medianas empresas y el 46,5% de las los pequeños no aceptarían un préstamo bancario porque es muy caro. Igual así, el 72,2% de las medianas empresas y el 60,2% de las pequeñas no tienen acceso a financiamiento. La falta de disponibilidad de crédito accesible y el financiamiento impide que el sector de las MIPYMES se desarrolle.

Una área de oportunidad en las condiciones de competencia para la provisión de crédito a las MIPYMES identificadas por el Banco de México en el Informe sobre las condiciones de competencia en la concesión de crédito a pequeñas y medianas empresas (PYMES) es “Difundir entre PYMES e intermediarios el Registro Único de Operaciones Garantizadas administrado por la Secretaría de Economía y que promueva el uso de bienes muebles como garantía en los contratos financiación ". Las pymes no pueden acceder a un préstamo porque hipotecan sus casa para solicitar un préstamo no es conveniente, o, porque no tienen bienes suficientes para garantizar la cantidad de crédito que necesitan.

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