Cómo prevenir el conflicto de intereses en los funcionarios públicos

INTRODUCCIÓN

Incorporar una cultura de integridad en el sector público requiere la definición de valores comunes a los cuales deberían apegarse todos los funcionarios públicos y la elaboración de estándares concretos de conducta que necesitan aplicar en su trabajo diario. Fijar valores y normas de conducta para los funcionarios públicos en un código de ética e implementarlos en forma activa es pertinente, en particular en aquellas situaciones en las que puedan surgir conflictos de intereses. De hecho, si bien una situación de este tipo no entraña corrupción per se, sí aumenta el riesgo de que se presente un acto de corrupción. Por consiguiente, garantizar que los conflictos de intereses se identifiquen y se gestionen en forma adecuada es uno de los primeros pasos para proteger la integridad del sector público y defender el interés público.

La escasa efectividad de las políticas de prevención de conflictos de intereses puede responder a diversos factores. Por un lado, puede haber fallas en la normativa; por ejemplo, porque las definiciones son poco operativas o porque no se ofrecen instrumentos administrativos prácticos. Por otro lado, el órgano de aplicación puede carecer de las facultades requeridas para aplicar enmiendas o para acceder a información que le permita conocer la situación patrimonial real del funcionario.

Definir un enfoque de políticas para resolver los conflictos de intereses es parte esencial del contexto político, administrativo y jurídico de la administración pública de un país.

Los tratados internacionales, la legislación de los distintos países y los académicos tienen sus propias definiciones de la expresión “conflicto de intereses”. En términos generales, existe un conflicto de intereses cuando los intereses personales, laborales, económicos o financieros de un funcionario están en pugna con el cumplimiento de los deberes y funciones de su cargo. Los ciudadanos en un sistema democrático tienen la expectativa que los funcionarios públicos actúen de manera imparcial al momento de tomar decisiones. De lo contrario, se debilita la confianza en el sistema democrático y se genera una paulatina desconfianza de los ciudadanos en la legitimidad de las decisiones públicas, y en el Estado mismo.

 La OCDE, por su parte, al revisar la implementación de los Principios de Transparencia e Integridad de Lobby acordados por los estados miembro en el Foro de 2013, concluyó que la mayoría de los países de la organización dependían en gran medida de su sistema de integridad, es decir, un sistema que provee regulaciones legales y éticas a través de un código de conducta junto con la estructura necesaria para implementar una cultura ética en la institución a fin de salvaguardar el interés público y mitigar los riesgos relacionados a la toma de decisiones públicas.

 La “Guía sobre el Manejo de Conflictos de Intereses en el Sector Público y Experiencias Internacionales” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), define el conflicto de interés como el “conflicto entre el deber público y los intereses privados de un funcionario, donde el funcionario tiene intereses privados y podría ser influenciado incorrectamente, afectando el funcionamiento de sus deberes y responsabilidades oficiales”. Así, se distinguen los siguientes tipos:

1. Conflictos de interés: existe un inaceptable conflicto de hecho entre los intereses individuales o privados del funcionario público y sus obligaciones públicas.
2. Conflictos de interés aparente: existe un interés personal que no necesariamente influiría en el funcionario público pero que podría dar lugar a que otros consideren que puede influir en el cumplimiento de sus deberes.
3. Conflictos de interés potencial: alude al caso en el que un funcionario público tiene un interés personal que puede convertirse en un conflicto de interés en el futuro.

¿Cómo prevenir el conflicto de intereses en los funcionarios públicos?

Para la gestión pública, la noción de conflicto de intereses se sustenta en tres deberes funcionales inherentes al servicio público ideal:

1. Los servidores públicos no deben hacer mal uso o abusar del cargo público para obtener beneficios o ganancias adicionales a las previstas como compensación para sí mismos o para terceros.
2. Los servidores públicos deben de anteponer el bienestar del público a sus intereses privados, como establece el ordenamiento nacional, o ser desinteresados ya que por ocupar cargos públicos deben tomar decisiones solo con arreglo al interés público. Como plantea el ordenamiento nacional “es obligación de los servidores civiles privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares”
3. Los servidores públicos deben cumplir con sus obligaciones con imparcialidad y neutralidad política, económica y de cualquier índole, demostrando independencia frente a sus vinculaciones con personas, partidos políticos, grupo o instituciones.

La sociedad demanda con mayor exigencia servidores públicos de alta profesionalización, conocedores de su materia y con profundas convicciones éticas. La aceptación voluntaria y práctica de los valores, principios y reglas institucionales permitirá evitar que en el desarrollo de sus funciones se lleguen a encontrar en una situación de Conflicto de Interés.

A fin de prevenir los conflictos de intereses en la gestión pública deberían de priorizarse las siguientes acciones ejecutivas:

1. Los servidores públicos deben presentar una declaración sobre posibles conflictos de interés, cuando entregan su declaración patrimonial.

El documento debe contener las actividades profesionales, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios de su cónyuge, así como las causas por las que el servidor piense que existe un conflicto de interés.

1. Se debe crear una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés. La unidad será la responsable en determinar la existencia y dictar medidas preventivas y en su caso velar para que se apliquen las sanciones.
2. Emitir reglas de integridad que normen el actuar de los servidores públicos.
3. Debe existir protocolos de contacto entre los particulares y los funcionarios.
4. Contar con una lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno, la cual debe ser más completa y detallada, ya que señalará la causa de su sanción.
5. Ampliar los mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Por ello, los servidores públicos deben ser conscientes de que su actuación profesional y ética impacta directamente en la imagen institucional, y es un elemento que influye en la percepción sobre la validez de los juicios y opiniones que emita.

...