Derecho Civil Familia

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR                                                     UNIVERSIDAD YACAMBU VICERRECTORADO DE ESTUDIOS A DISTANCIA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

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Barquisimeto,  Febrero  2019

    Para dar inicio al tema de la adopción es importante establecer la definición de este concepto, como el acto jurídico socialmente aceptado mediante el cual se acoge un niño o niña como hijo propio, creando un vínculo familiar de derechos y deberes iguales a los que gozan los hijos biológicos de una pareja y sus obligaciones para con estos, siempre y cuando ambos reúnan los requisitos exigidos por la ley para dicho proceso de filiación.

     Nuestro ordenamiento jurídico contempla la adopción como una forma de protección al niño o adolescente definiéndolo en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente en su artículo 406 como “una institución de protección que tiene por objeto proveer al niño o al adolescente, apto para ser adoptado, de una familia sustituta, permanente y adecuada”, de lo cual podemos inferir que el mismo plasma uno de los principios fundamentales del instrumento jurídico in comento y nuestra carta magna, que el interés superior del niño, niña u adolescente.

     Este mismo interés que se encuentra plasmado en el artículo 75 de la Nuestra Constitución al establecer no solo que la adopción produce los mismo efectos jurídicos que la filiación natural entre padres e hijos biológicos, sino también que la misma se producirá en beneficio de los adoptados, teniendo este núcleo familiar especial protección por parte del estado, de igual forma establece este artículo la permisibilidad de la adopción internacional cuando la adopción nacional no sea una opción, en consideración al interés superior del adoptado.

     En cuanto a la adopción internacional este espacio antes de la promulgación de nuestra carta magna, ya se había establecido en el año 1997, tras la adhesión de nuestro país a la Convención de la Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, y acogido por nuestra constitución en sus artículos 19, 23 y 31, que hacen referencia a los acuerdos internacionales suscritos por la nación en materia de derechos humanos.  

      En este mismo contexto cabe considerar que la ley Orgánica de protección del Niño, Niña y Adolescente establece que en su artículo 444, que la adopción internacional solo tendrá lugar cuando la misma se realice bajo el amparo y los tratados suscritos por nuestro país con otras naciones en esta materia, y donde residan las personas que solicitan la adopción; dichos países son los que y principalmente como Venezuela, han suscrito el convenio internacional antes mencionado de la haya, que se omiten de mencionar por lo extenso de la lista, pero que hasta el momento suman más de 70 países.

       Dicho esto aquellas personas que decidan desde sus países de origen optar por la adopción en el nuestro, deberán considerar no solo lo preceptuado en el convenio in comento, sino también en las legislaciones de ambos países en la materia, así como otros tratados que pudieran resultar de vital importancia como tal podrían ser, los acuerdos de cooperación entre la república de Nicaragua y Paraguay, que aunque son relativos a la atención, asistencia, protección integral y resguardo de niños, niñas y adolescentes, pueden considerarse en los casos de adopción internacional cundo la misma ocurra entre Venezuela y estos países.

     En este orden de ideas, se hace necesario hacer mención de los requisitos que impone la ley tanto al adoptante como el adoptado, para que este tipo de acogimiento se lleve a cabo, como son  la edad y el consentimiento del adoptado y quienes ejerzan su patria potestad o su cónyuge si tuviere o estuviere casado, la capacidad del adoptante, la situación conyugal que no es una limitante ya que nuestra legislación permite la adopción conjunta e individual, y con independencia del estado civil de los adoptantes.

   El expresado criterio de la adopción conjunta e individual, también se encuentra expresado en el artículo 2, numeral 1 del Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional de la Haya, siempre que estos cumplan con las condiciones establecidas por la legislación del estado de origen del adoptado, y las que competan al estado de origen de los adoptantes garantizando siempre el interés superior del adoptado.

    A este respecto se puede inferir entonces que las limitaciones en la adopción en Venezuela a través de los convenios internacionales, no están dirigidas a alguna institución familiar en particular, en tanto prevalezca el interés del niño y se cumplan los requisitos exigidos por ambas legislaciones, inclinando solo la prioridad a las adopciones nacionales sobre los interesados extranjeros en adoptar, por ser la adopción internacional subsidiaria de la nacional, de igual forma no existe un regla expresa o tácita en nuestra legislación o en la convención de la Haya, que prohíba la adopción internacional por tipos de familias homoparentales o conformadas por personas del mismo sexo.

     Materializada la adopción, existe la posibilidad de solicitar la anulación de la misma por lo que establece el artículo 25 del convenio de la Haya y nuestro ordenamiento jurídico referidas al consentimiento y la capacidad e identidad del adoptante o el adoptado, sin embargo en la decisión N° AZ522009000041 de sentencia de 19/03/2009, sobre demanda  de nulidad de adopción internacional, se declara sin lugar la misma, fundamentada en que la Convención Interamericana Sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros no faculta a los tribunales venezolanos a la anulación de sentencias extranjeras, sino solo al trámite de  pase de sentencia, el cual fue negado a una de las partes al momento de su solicitud.

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