Justicia Penal Militar

EL FUERO MILITAR A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Amelia Mantilla Villegas

Exmagistrada del Consejo Superior de la Judicatura. Sala Disciplinaria.

LA FIGURA DEL FUERO MILITAR HA SIDO TAN ANTIGUA y fundamental para la construcción de los modelos democráticos del Estado de Derecho, como controvertida tanto por sus usos como por sus abusos.

En Colombia el Constituyente de 1991 delimitó el fuero militar en el artículo 221, bajo el entendido que de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, solamente conocen las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales deben integrarse por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. Dentro del concepto de Fuerza Pública y por ende, de aplicación del fuero militar, se cobijan a los miembros de la Policía Nacional, siempre que los delitos sean cometidos en servicio activo, y en relación con dicho servicio.

En desarrollo del postulado constitucional, el legislador ha establecido como principios y reglas fundamentales bajo los cuales debe gravitar el fuero militar, los siguientes: legalidad, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, favorabilidad, exclusión de analogía, igualdad ante la ley, cosa juzgada, conocimiento de la ley, juez natural, funcionalidad de la pena y de las medidas de seguridad; integración y prevalencia de las normas rectoras.

Con ocasión de las heridas que se han abierto por la conmemoración de trágicos eventos acontecidos en la historia colombiana, en los que la barbarie y la irracionalidad con la que carros blindados y fusiles oficiales dispararon contra toda una generación ilustre de juristas -y contra el país entero-; resulta oportuno revisar el tratamiento que la Corte Constitucional le ha dado a la figura del fuero militar en su corta pero brillante existencia.

Concepto

Siendo tradicionalmente reiterativa en su posición, la Corte ha venido sosteniendo que el fuero militar constituye “una excepción a la regla general que otorga la competencia del juzgamiento de los delitos a la jurisdicción ordinaria”. Para la Alta Corporación, el fuero militar rebasa el marco del Derecho Procesal, para constituir por igual un desarrollo normativo de carácter sustancial orientado por los siguientes parámetros:

El fuero militar cobija únicamente a los hechos y actos que son objeto de regulación penal militar, es decir, aquellos que se encuentran subordinados a “reglas de comportamiento extrañas a las de la vida civil que marcan una abierta incompatibilidad con el sistema punitivo a cargo de la jurisdicción ordinaria”, de manera que se establecen claras diferencias de tratamiento en lo relativo a las responsabilidades y deberes que se predican del ciudadano común, frente a las de un miembro de la Fuerza Pública, particularmente en lo que atañe a las consecuencias penales.

En dicho sentido, el régimen penal de los militares resulta completamente diferente del que se aplica a los ciudadanos en general, constituyendo dos universos normativos absolutamente distintos, regidos de igual forma por jurisdicciones diferentes: la jurisdicción penal militar y la jurisdicción penal ordinaria. No obstante la diferencia normativa y procedimental de los dos sistemas, ambos deben armonizar con los principios, valores y derechos del orden constitucional, articulándose en defensa de la coherencia sistemática de la Carta Política. La aplicación del fuero militar solo es posible a través de la concurrencia de dos elementos, materializados a través de un factor subjetivo y de un factor funcional. El primero hace referencia a la pertenencia a la institución castrense y la membresía activa a la misma, al tanto que la segunda atañe a que la conducta investigada haya sido cometida en relación directa con el servicio.

Ahora bien, de acuerdo a la propia Carta Política, recae en el legislador la competencia de regulación –a través de un código-,

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