Participación Social

1) TEMA: PARTICIPACIÓN, FUNCIÓN ELECTORAL Y FUNCIÓN DE CONTROL Y TRANSPARENCIA SOCIAL

2) INTRODUCCIÓN

La sociedad humana tiene una larga historia de conquistas respecto a la participación social, y los modelos políticos que se han construido para su ejercicio han sido diversos y de múltiples conformaciones.

Se entiende por participación social al conjunto de actividades organizadas, racionales y consientes, de un determinado grupo social, con el objeto de expresar iniciativas, necesidades o demandas, de defender intereses y valores comunes, de alcanzar objetivos económicos, sociales o políticos y de influir, directamente o indirectamente, en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

De la definición anterior se deduce que toda sociedad aspira a participar activamente dentro del contexto político y por tanto genera espacios en sus legislaciones que permiten su inclusión por medio de instituciones y funciones específicas.

En nuestro país, luego del período de facto de casi diez años, el 10 de agosto de 1979 vuelve a la democracia con la elección de Jaime Roldós Aguilera a la Presidencia de la República. Se recupera, por así decirlo, el derecho del pueblo a elegir a sus representantes, pero sin mayor participación en otro tipo de decisiones.

A pesar del retorno a la democracia representativa y de la sucesión de períodos constitucionales el sistema no cumplía con las aspiraciones de la ciudadanía a decidir su propio destino como país, porque su poder estaba limitado a la elección de sus representantes a través del voto secreto y obligatorio.

En la década de los 90 se inicia una serie de levantamientos de varios sectores sociales y se producen derrocamientos de tres gobiernos constitucionales. Paralelamente desde varios movimientos sociales y políticos se empieza a diseñar un modelo de participación que cumpla las expectativas individuales y colectivas de influir en la toma de decisiones que afectan la vida política del pueblo.

Durante el gobierno interino de 1998, se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, y en ella surge una primera consagración jurídica de superación de los fundamentos del modelo liberal burgués basado en la representación y tripartición de poderes. La Constitución de 1998 reconoció mecanismos no solo de la democracia representativa sino también muchos de los mecanismos de la denominada democracia participativa, como la revocatoria del mandato, la consulta popular y el referéndum; sin embargo estos procesos no tenían una regulación clara que permita una aplicación en estricto sentido de lo que implica la participación ciudadana.

La Asamblea Constituyente del 2007 al 2008 fue un proceso que generó grandes expectativas; formaron parte de ella 130 asambleístas de diversas clases y formación con la consulta permanente a los protagonistas de luchas sociales, y de las propuestas expresadas en los últimos años. El proceso de elaboración de la Constitución fue primordialmente participativo.

La nueva Constitución concede a la participación gran importancia, tiene un amplio articulado sobre el tema, convirtiéndose en uno de los ejes transversales de la misma. Se busca fomentar la participación desde varios puntos de vista: el de la elección popular, el de la fiscalización y el de la rendición de cuentas.

El nuevo marco constitucional da sentido a la participación ciudadana y al control social, tanto desde una actividad colectiva como individual. Su naturaleza y esencia es el protagonismo en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del sector público, las entidades privadas que manejen fondos públicos, aquellas que generen servicios de interés social y sus representantes elegidos, funcionarios públicos, en todos los niveles del gobierno.

La normativa constitucional además de lo antes señalado garantiza proceso permanente de construcción del poder ciudadano y concibe a la participación ciudadana como un derecho que se ejercer a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.

3) OBJETIVOS

GENERAL

Analizar las regulaciones respecto a la participación social y sus diversos organismos descritos en la Constitución de la República y sus alcances.

ESPECÍFICOS

- Sintetizar la participación social dentro del marco de la Función Electoral.

- Determinar el campo de participación en la Función de Control y Trasparencia Social.

4) RESUMEN

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA CONSTITUCIÓN

“No resulta nada fácil definir un concepto tan amplio y sumamente rico como es la representación social. Como el propio Moscovici reconoce: si la realidad de la representación es fácil de captar, su concepto no lo es tanto.”

A diferencia de las anteriores Constituciones que dividían el Estado en tres Funciones, la actual considera que además de las tres tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial; incorpora dos más que tienen total relación con la participación ciudadana dentro del sistema político nacional: la Función de Transparencia y Control Social y la Función Electoral.

“Si bien la Función de Transparencia y Control Social ha sido también denominada como la función del poder ciudadano, hay que entender bien que se ha creado una función más, no de la participación ciudadana pura que se la ejercerá a través de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social.”

Los artículos relacionados con la participación ciudadana, control y rendición de cuentas en los asuntos públicos se resumen en los siguientes:

- A través del Art. 57 consagran los derechos de participación de las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios para el uso, administración y conservación de los recursos no renovables.

- El Art. 61 establece los derechos de participación o política de los ecuatorianos.

- El Art. 83 se establece la responsabilidad ciudadana de participación en la vida política, cívica y comunitaria del país de manera honesta y transparente.

- El Art. 85 habla de la garantía constitucional de participación ciudadana en las políticas y servicios públicos en un marco de solidaridad, asegurando la distribución equitativa del presupuesto y la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades en la demanda de propuestas para la ejecución, evaluación y control de las políticas y servicios públicos emprendidas por el estado.

- El Art.95 a través del mandato constitucional de participación en la estructuración del poder, mediante mecanismos de democracia siendo esta representativa, directa y comunitaria,

...