Contensioso

el Poder Judicial debe gozar de tres garantías fundamentales que son base de toda buena administración de justicia: independencia, autoridad y responsabilidad. La independencia se garantiza con esta dos condiciones ineludibles: a) Remuneración económica que permita al juez sufragar holgadamente sus necesidades y sostener la destacada posición que le corresponde en el ámbito científico en que se mueve, y b) la inamovilidad que es seguridad en el ejercicio del cargo, sin temor a alternativas políticas, para poder decidir según su ciencia y conciencia. La autoridad la garantiza el Estado poniendo a su disposición la fuerza pública para hacer cumplir sus decisiones y la responsabilidad es el contralor de esa autoridad a fin de que no se convierta en abuso y pueden las partes, mediante el recurso de queja, y los órganos superiores, mediante las sanciones disciplinarias, corregir los excesos en que pueda incurrir

los jueces deben obrar de acuerdo con los principios de confiabilidad, credibilidad y eficiencia, puestos de manifiesto a través de ciertas conductas explícitas. Se aspira, por tanto, que el juez sea justo, honesto, estudioso, reflexivo, atento a la equidad y bien común, imparcial, independiente, conciliador, responsable, ponderado, ecuánime, íntegro, ejemplar para la comunidad; que debe tener: convicción ética de su rol; capacidad para escuchar y razonar; equilibrio emocional, aptitud para el trabajo sin tregua, tenacidad, constancia, vocación de servicio, paciencia, coraje y cultura general. Asimismo, el juez debe estar al servicio de la comunidad, capacitado para administrar justicia, dispuesto a asumir los riesgos de su misión, y en buen estado de salud física y psíquica. Por último, el juez debe conocer bien las normas éticas implícitas en la misión de juzgar; el Derecho Constitucional, los Derechos Humanos, los principios generales del derecho, la técnica de la argumentación, el razonamiento lógico jurídico, el lenguaje oral y escrito, la doctrina y la jurisprudencia, como guía, no como dogma.

En la novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece expresamente la responsabilidad del Estado Juez.

A la luz de la Constitución vigente, el tema de la responsabilidad del Estado Juez adquiere relevancia, pues, si bien es cierto que el hecho de que no estuviese expresamente prevista está institución en la carta magna de 1961, no implicaba que dicha responsabilidad no fuese exigible, en el entendido de que la previsión constitucional en la cual se encontraba consagrada la responsabilidad patrimonial, era amplia como para abarcar a la responsabilidad del Estado Juez, sin embargo, es notorio que, la falta de consagración expresa trajo como consecuencia que esta institución no haya sido desarrollada en Venezuela, lo que se evidencia del escaso número de sentencias que pueden servir de referencia jurisprudencia) al respecto, quizás por lo delicado que puede resultar el tratamiento de esta institución dada su trascendencia, más aún, cuando se corre el riesgo de convertirla en una suerte de instancia de revisión para las decisiones judiciales, sobre todo en el caso del error judicial, pero siendo que este tema requiere un desarrollo más amplio procuraremos dedicarle un estudio posterior.

Ahora bien, respecto a la consagración de la Responsabilidad del Juez en Venezuela, antes de la Constitución vigente, podemos observar que encontramos en el ordenamiento jurídico positivo normas tales como el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil que establece la

responsabilidad genérica de los funcionarios judiciales, es decir, del juez, del secretario, del alguacil y de los auxiliares de justicia, cuyo carácter de funcionarios lo establece el mismo texto legal. Asimismo, encontramos que el juez puede ser sancionado por denegación de justicia

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