Política y Evaluación de Políticas Públicas. El carácter político de la Evaluación

Política y Evaluación de Políticas Públicas. El carácter político de la Evaluación

SILVIA AVELLANEDA SAN ANTONIO

Resumen

1. Introducción. Evolución del concepto de evaluación. Hacia el reconocimiento de su carácter político

2. Unanimidad sobre el carácter político de la evaluación

3. Articulación de la Relación entre Política y Evaluación. Una cuestión de grados

4. Conclusiones

5. Bibliografía

Resumen

Evaluar la labor y las políticas públicas es un concepto y una práctica cada vez más extendida. En el caso concreto de Castilla – La Mancha, las grandes áreas de Bienestar llevan implícitos en sus documentos de referencia las directrices evaluadoras. Pero en más de 50 años desde su nacimiento, el análisis y la praxis de esta materia han sufrido un proceso de cambio en su concepción y sobre todo, de asimilación de la importancia de los factores políticos.

El presente artículo repasa algunos resortes de cambio en la noción de evaluación que tienden a asumir su componente político, hasta la actual unanimidad sobre su esencia claramente política. En un paso más allá, se profundiza en las distintas formas de relación entre política y evaluación; vertebradas en torno a un eje de esencialidad o determinismo de la primera sobre las segunda. En este sentido se analizan tres puntos de vista: la consideración de la política como un contexto determinante, la equiparación de la evaluación a una acción claramente política y finalmente la concepción de la evaluación como una herramienta del propio sistema político.

Palabra clave: evaluación, política, contexto, esencia de la evaluación, desarrollo de la evaluación, ideología, resultados de las evaluaciones.

Introducción. Evolución del concepto de evaluación. Hacia el reconocimiento de su carácter político

La visión de la evaluación de las políticas públicas ha sufrido un proceso de superación de posiciones técnico gerenciales, de constatación de unos objetivos a concepciones mucho más complejas que básicamente asumen el papel esencial del elemento político en su definición. De enfoques asépticos y exentos de connotaciones políticas, totalmente “técnicos”, e incluso descontextualizados, la literatura sobre evaluación y el punto de vista de su análisis, ha evolucionado hacia enfoques que contemplan en mayor o menor medida el determinismo político en el concepto de evaluar y en las propias evaluaciones de las políticas públicas y de los elementos que las desarrollan.

Esta transformación y aceptación de la esencia política viene de la mano de varios cambios relacionados con el contexto, el concepto y la praxis de la evaluación.

En primer lugar, cambios en la legitimación del Estado que de una concepción tradicional de burocracia, asentada en la racionalidad y legalidad, pasa a una visión de legitimidad basada en los resultados. El poder ya no se justifica tanto en su legalidad y se desplaza hacia la capacidad para satisfacer las demandas sociales (Subirats, 1989). Máxime teniendo en cuenta el nacimiento e institucionalización de los Derechos Sociales; el Estado del Bienestar se convierte en garante de estos Derechos, ligando la eficacia del poder político, entre otras cosas, a su capacidad de hacerlos efectivos a través de las políticas específicas. Evidentemente esto no significa que desaparezca el concepto de legitimidad ligado a la legalidad (y proceso); sino que el panorama se complica y entran en juego “los resultados”.

Al hilo del punto anterior, cambia la finalidad de evaluar; de emitir un juicio de valor a hacer Democracia. La evaluación de la acción pública se ha convertido en una parte de las nuevas herramientas de gestión de los sistemas democráticos para asegurar la eficacia, la responsabilidad administrativa y la participación social en la acción pública (Bañón i Martínez, 2003). Así, como señala este autor, mediante la evaluación se crean realidades e imágenes congruentes con la responsabilidad política y social de las administraciones públicas (Bañón i Martínez, 2003):

Evaluar es hacer democracia. Se evalúa para corregir los errores y mejorar. Se crea la imagen de búsqueda del mejor servicio a la sociedad.

Evaluar es rendir cuentas. La evaluación es un balance o un juicio de lo realizado o lo que se pretende realizar. En este sentido la evaluación da cuenta de los rendimientos y justifica en su caso, la actuación de la organización administrativa. Por esta vía, las organizaciones adquieren legitimación por rendimiento.

Evaluar es profundizar en los valores democráticos. La evaluación implica la creación de un banco de datos para conocimiento de expertos, de órganos de control y fiscalización y del público general; abundando en la transparencia de la acción pública.

Así mismo, se producen cambios en el concepto de evaluación encaminados a superar la finalidad de mera emisión de un juicio de valor, hacia su consideración como herramienta de toma de decisiones y mejora. Inicialmente, la evaluación de programas es percibida como análisis de los efectos netos del programa, en relación con los objetivos inicialmente propuestos (Rossi y Wright en (Ballart, 1992); no tanto en relaciona a lo que produce, como a sus efectos.

Pero poco a poco se va ampliando el concepto y los fines. Autores como C. H. Weiss ya en los años 70 ponen el énfasis en “medir los efectos de un programa por comparación con las metas que se propuso alcanzar, a fin de contribuir a la toma de decisiones subsiguientes acerca del programa y mejorar la programación futura” (Weiss, 1975). Años después esta misma autora sigue hablando no sólo de objetivos, sino de finalidades (“overall aim”) refiriéndose a la provisión de información a los que toman las decisiones con la finalidad de mejorar los programas (Weiss, 1999).

De la mano de los cambios en la concepción, finalidades y ámbitos de la evaluación, así como de la evolución en el contexto epistemológico dominante, nacen nuevos modelos de evaluación que desde posiciones positivistas, basculan hacia modelos pluralistas que se abren a la metodología cualitativa e incorporan la visión y los intereses de los diferentes agentes en el proceso evaluador.

Efectivamente, de la dificultad de delimitar en términos operacionales los objetivos de evaluación, de la demanda de información sobre los procesos y los porqués de los resultados, de la preocupación creciente por la utilidad real de los informes de las evaluaciones (más allá de la constatación de un logro), de la necesidad de métodos que se adapten a

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