AUTONOMIAS

El Estado de las Autonomías es una forma de organización estatal que engloba realidades socio-políticas y culturales diferentes. Por ello, a pesar de que desde las instancias centrales del Estado se halla favorecido una progresiva igualación de los distintos niveles competenciales, no podemos considerar a todas las Comunidades Autónomas como un grupo homogéneo. Pues creemos, como la práctica unanimidad de la doctrina, que si bien la creación del Estado de las Autonomías responde por una parte a razones de carácter administrativo, es por todos conocido que la instauración del sistema autonómico está verdaderamente motivada por razones políticamente más poderosas, pesando sobre todo la intención de satisfacer las reivindicaciones de autogobierno de Cataluña y País Vasco, y, en menor medida, Galicia.

De acuerdo con la Constitución española de 1978, Cataluña, Galicia y País Vasco son nacionalidades históricas. Este reconocimiento constitucional del hecho diferencial configurauna parte substancial del reconocimiento positivo de la diferencialidad, perfilando un techo orgánico y competencial alcanzable en exclusiva por aquellas Comunidades que pueden legítimamente prevalerse para su diferencialismo, de un precepto incluido en el texto constitucional.

La Constitución estableció dos niveles competenciales, que, aun suponiéndose transitorios, daban encaje jurídico a esa asimetría política entre nacionalidades y regiones, fundada en los diferentes deseos de identidad cultural y autogobierno de cada corporación territorial.

Esta cuestión de la simetría o asimetría del sistema autonómico, y el consecuente establecimiento de relaciones multilaterales o bilaterales entre el Estado y las Comunidades Autónomas, constituye uno de los problemas fundamentales a los que se enfrenta el sistema político español. Obviamente, este problema se manifiesta también a la hora de abordar la reforma del Senado, y en la regulación de la relación entre las Comunidades Autónomas, el Estado y la Unión Europea.

El ámbito concreto de las actividades relacionadas con la Unión Europea resulta especialmente sensible ante los hechos diferenciales. Las instituciones estatales deberían mantenerse al margen de lo que específicamente concierne a una de las nacionalidades y, además, preocuparse por garantizar el respeto a dicha singularidad con todas sus consecuencias.

De otro lado, en las conclusiones del informe de la ponencia del Senado relativa a las relaciones entre la Unión Europea y las Comunidades Autónomas se señalaba que las relaciones multilaterales no agotan las posibilidades de participación de todas ellas, en la medida en que existen ciertas Comunidades Autónomas que gozan de competencias exclusivas, dado que no existen otros entes territoriales que las posean en España: Cataluña, País Vasco, Galicia, Canarias y Andalucía son las Comunidades Autónomas que mejor aunan interés y capacidad administrativa como valores adecuados para demandar una participación diferenciada en asuntos europeos. Además, pueden disponer de otro factor importante: su innegable peso político. Este tercer elemento diferenciador adquirió especial importancia en las negociaciones previas al reparto de los primeros cincuenta y cinco Comités consultivos de la Comisión Europea adjudicados a las Comunidades Autónomas.

Paralelamente al proceso de integración europea, en España, vivimos un proceso que algunos autores denominan como federalizante, que debe servirnos para consolidar el Estado diseñado por la Constitución de 1978. La culminación de este proceso ha

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