EL VALOR NORMATIVO DE LA CONSTITUCIÓN EN EL PROCESO PENAL

EL VALOR NORMATIVO DE LA CONSTITUCIÓN EN EL PROCESO PENAL

I. Consideraciones preliminares

Para una cabal comprensión del significado del valor normativo de la Constitución en el proceso penal, tenemos que partir de la definición del Derecho como ordenamiento jurídico, entendida en frases de Kelsen como un conjunto de normas cuyo fundamento de validez está en la norma básica (Constitución), y complementada por Bobbio, para quien “solamente se puede hablar de Derecho cuando existe un complejo de normas que forman un ordenamiento...El Derecho no es norma, sino conjunto coordinado de normas... una norma jurídica no se encuentra nunca sola, sino ligada a otras normas con las cuales forma un sistema normativo”.

Sin embargo, las concepciones modernas del positivismo jurídico neoinstitucionalista (Weimberger, MacCormick), sostienen que el ordenamiento jurídico es un sistema abierto compuesto por reglas y otros elementos normativos -como son los principios- que además tiene en cuenta otro tipo de consideraciones de carácter consecuencialista, mediante las cuales pretende ser superada una concepción puramente formal del sistema jurídico. Efectivamente, el ordenamiento además de normas, se compone de principios, los que son recogidos por la

Constitución, que es la norma fundamental de un Estado, y sobre la que descansa la validez de todo el ordenamiento, confiriéndole unidad y coherencia .

Políticamente, la Constitución es el instrumento jurídico por la cual se constituye y organiza un Estado Democrático de Derecho, lo cual es fundamental para el correcto ejercicio de la función penal del Estado (la más violenta de todas), entiéndase una función penal garantista, que excluya la arbitrariedad y las violaciones de derechos fundamentales. De ahí que la Constitución se convierta en el instrumento determinante para la validez jurídica y política de un Estado Contemporáneo.

Pero qué es una Constitución? Son muy diversas las definiciones que se pueden encontrar de lo que es una Constitución . Un correcto entendimiento de su sentido requiere advertir el contexto en el que se pretende averiguar por ésta. En nuestro caso, debemos de limitarnos a inquirir por la definición jurídica de la Constitución Política de un Estado. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la definición que podamos dar, no se encuentra privada de condicionantes, configurados esencialmente por las concepciones jurídico-políticas vigentes en un ámbito espacio-temporal determinado .

Los antecedentes del uso del término Constitución se pueden ubicar en épocas muy remotas ; sin embargo en su sentido moderno recién va a aparecer durante el siglo XVIII, cuando se usa para designar la Carta Política Federal Norteamericana (1787), que, asimismo, es considerada como la primera de las constituciones modernas; de las que se ha señalado como característica definidora: la afirmación radical de la libertad del individuo, y la existencia de unos derechos irrenunciables del mismo, como criterio esencial de la organización del Estado .

Una adecuada comprensión del significado de la Constitución Política de un Estado requiere de la puesta en relación de criterios formales y materiales . Desde el punto de vista formal la Constitución se define a partir de los órganos y procedimientos que intervienen en su adopción. Desde el punto de vista material la Constitución se define por ser el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal.

Es en el marco referido que la Constitución puede ser definida como el conjunto de normas que regulan, en garantía de la libertad del individuo en una comunidad política organizada, las posiciones jurídicas fundamentales de la persona frente al Estado, y la distribución de poder entre los principales órganos de éste; normas que por su carácter fundamental y definidor del sistema jurídico, tienen el carácter de normas superiores .

Como ya se deslizó, en el panorama mundial es posible encontrar varias clases de Constituciones. No obstante, en nuestro contexto cultural son las constituciones escritas , normativas y rígidas las más numerosas, perteneciendo a este tipo, la Constitución Política del Perú de 1993, actualmente vigente.

Es la confluencia de las características jurídicas de rigidez y normatividad lo que le da a la Constitución su especial ubicación en el ordenamiento jurídico . Se trata de Constituciones rígidas en el sentido de que no pueden ser modificadas ni contradichas por las normas legales comunes y, normativas en el sentido de que forman parte del ordenamiento jurídíco normativo. Esto genera que la Constitución quede configurada como Norma Fundamental; lo que significa, que, entre las normas que componen el ordenamiento jurídico interno de un país, la Constitución es la norma de mayor jerarquía y la que otorga el fundamento para la validez de las que le son inferiores.

La Constitución condiciona la validez de las normas jurídicas legales desde dos perspectivas; por un lado, fija el procedimiento al que se debe someter su aprobación, promulgación y puesta en vigencia; y, por el otro, les fija límites materiales de contenido. Sin embargo no sólo produce efectos en la actividad legiferante, sino respecto de todo el aparato estatal, y especialmente, al nivel de la aplicación del derecho sin lugar a dudas.

Es en este sentido que el Tribunal Constitucional colombiano ha señalado que: “La Constitución se erige en el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados" . Pero aun más, posee una “fuerza vinculante bilateral” (IHERING), pues vincula tanto a las autoridades como a los ciudadanos .

II. El valor normativo de la Constitución para el proceso penal

Son muy variadas las proposiciones que como consecuencia de la consagración de la Constitución como la norma fundamental de un Estado se pueden extraer para todas y cada una de las parcelas que conforman el ordenamiento jurídico de nuestro país; pero en ningún sector logran la especial relevancia que alcanzan en la parcela destinada al Derecho penal; fundamentalmente, en razón de que la principal de las herramientas con que cuenta el Derecho criminal, la pena privativa de libertad, se constituye en la intervención más violenta que el Estado social y democrático de Derecho se puede permitir en el ámbito de las libertades y derechos fundamentales de la persona humana .

En el ámbito del proceso penal esta relevancia alcanza su grado máximo, pues es en él, que el Estado ejercerá toda su fuerza para pretender

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