Filosofia

l Proceso de Amparo: Alcances, Dilemas Y Perspectivas

Edwin Figueroa Gutarra

Contenidos:

1. Bases de legitimación 1.1. Legitimación del amparo desde el Estado constitucional 1.2. Legitimación del amparo desde la jurisdicción constitucional 2. El proceso de amparo en la normativa peruana 3. Aspectos relevantes del proceso de amparo: 3.1. Causales de improcedencia de los procesos constitucionales. 3.2. Ausencia de etapa probatoria. 3.3. Prevalencia de las sentencias constitucionales. 3.4. Derechos protegidos por el proceso de amparo. 3.5. Derechos no protegidos por el proceso de amparo. 3.6. Plazos para la interposición de los procesos de amparo. 3.7. Ejecución de sentencia en los procesos de amparo. 3.8 Represión de actos homogéneos. 4. Algunas conclusiones de interés

Introducción

La referencia de contexto respecto a que poco más del 70% de la carga del Tribunal Constitucional peruano se refiera a procesos de amparo , puede darnos una idea de la importancia de este proceso constitucional, cuyo punto de partida precisamente consiste en la premisa de restituir un estado de cosas, generado por una afectación, a la situación anterior a la vulneración de un derecho fundamental. Sobre esta idea base se construye el sentido jurídico constitucional de este proceso iusfundamental, cuya legitimidad reside en su estrecha vinculación al concepto de Estado Democrático y Social de Derecho y a su expresión más uniforme de defensa de los derechos fundamentales: el Estado constitucional.

En el mismo sentido, no podemos referirnos al proceso de amparo sin dejar de hacer referencia al contexto interpretativo que el mismo ofrece en nuestro ordenamiento constitucional, el cual ha superado in extenso una concepción procedimental de este tipo de proceso para que asumamos una concepción material extensiva del mismo, en cuanto la autonomía procesal que identifica esta herramienta, desde su génesis en la visión alemana de la Verfahrensautonomie de Lechner , pueda explicarnos cuál es la percepción de sentido amplio que identifica este tipo de procesos constitucionales, que en muchos casos de la jurisprudencia constitucional parece invadir los ámbitos del principio de legalidad y congruencia procesal y sin embargo, utiliza una herramienta de suyo implícita respecto a los derechos fundamentales, cual es la exigencia de tutela urgente.

Habremos de avocarnos, en consecuencia, a si existe la posibilidad de construir una referencia a este glosario de urgencia y si la misma resulta compatible con el orden constitucional.

El proceso de amparo- enfaticemos- identifica hoy un concepto amplio de tutela y naturalmentereferirnos a procesos de connotación amplia puede generar dificultades polisémicas, en la medida que precisamente esa amplitud de protección significa la esencia material del amparo, mas a su vez también implica el mayor campo de dificultades que esta herramienta iusfundamental ofrece, pues a partir de una interpretación constitucional en sentido amplio , el supremo intérprete de la Constitución, ha considerado la definición de diversas figuras procesales que recogen dos ámbitos de acción: de un lado, la exigencia propia de tutela urgente que demandan los procesos constitucionales y de otro lado, la facultad material de establecer estándares jurisprudenciales,cuyo sentido de dirección es la consolidación de una real jurisdicción constitucional, en la cual la base normativa es apenas el punto de partida para una real consolidación de los derechos fundamentales, si por tales entendemos el insumo vital que identifica a un Estado constitucional.

Es propio pues que represente un dilema la extensión del concepto de tutela de urgencia y es natural que la construcción jurisprudencial de dicho ámbito de tutela, ofrezca múltiples escenarios así como interpretaciones diversas: desde la afectación del principio de legalidad en su raigambre hasta los escenarios de fuerte activismo judicial, emblemáticos como los de la Corte Warren y la actividad pedagógica de las Cortes y Tribunales Constitucionales de Alemania, España, Colombia y Perú, entre otros.

Se impone, entonces, la necesidad de acercarnos más a definir los estándares adecuados de un idóneo proceso de amparo y frente a ello convergen, como hemos señalado, una razonable interpretación constitucional de los derechos fundamentales y la vinculación que representan los estándares del sistema interamericano, en cuanto la proposición central es que éstos representan parámetros de efecto útil para la protección real de los derechos primigenios de las personas, como lo son los derechos fundamentales.

En consecuencia, es importante advertir que constituye perspectiva del proceso de amparo, al margen de los perfeccionamientos del legislador y de los afianzamientos jurisprudenciales del guardián primero de la Constitución- el Tribunal Constitucional- que advertimos en esta herramienta un adecuado medio de defensa de los derechos fundamentales, que no debe resultar ni anquilosado por las excesivas restricciones del legislador o por una posición cerrada, cuasi literal, de los derechos fundamentales, ni tampoco se debe advertir en esta herramienta un excesivo protagonismo de los jueces que nos conduzca a pensar que es negativo el activismo judicial o que éste se desborda en pro de un cliché de la tutela de urgencia. Evitar ambos extremos representa uno de los mayores retos del proceso de amparo, de cara a los desafíos contemporáneos del Estado constitucional.

1. Bases de legitimación.

El proceso de amparo nace, con mayores rasgos de organicidad, en México, sobre las bases de la Constitución de Yucatán del 31 de marzo de 1841 , Carta que sucede a su vez a la Constitución de 1836 y sus 7 leyes. Era necesario, para el constituyente mexicano, atisbar a efectuar un adecuado control constitucional y ello resultaba mejor afianzado desde la inclusión de la herramienta del amparo en la propia Carta Fundamental. En propiedad, sin embargo, es la Constitución de 1857 el cuerpo de leyes que otorga al amparo la calidad de garantías individuales y un procedimiento para su protección.

En el Derecho Comparado, el proceso de amparo es conocido en Brasil como mandato de seguridad (Mandado de Segurança); en Chile, como recurso de protección; en Colombia, como acción de tutela; y en Argentina, Ecuador y Venezuela, como acción de amparo. El actual Código Procesal Constitucional de Perú de 2004 identifica “el proceso de amparo”.

El amparo resulta pues una herramienta de legitimación democrática, a través del Estado Constitucional, así como un instrumento de acción a materializar ante los jueces constitucionales. Sobre ambos caracteres se consolida e identifica una herramienta que se hace sólida sobre la base de la concesión de tutela de urgencia para las demandas

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