LOS RETOS DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Enviado por derecho25 • 6 de Marzo de 2014 • Informe • 2.380 Palabras (10 Páginas) • 348 Visitas
LOS RETOS DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
MEMORÁNDUM DE AMNISTÍA INTERNACIONAL PARA EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA
NIETO
Con motivo de la visita del Secretario General de Amnistía Internacional a México,
la organización insta al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a colocar a los
derechos humanos en el centro de sus esfuerzos para mejorar la vida de la gente.
Un combate efectivo contra los persistentes patrones de graves violaciones a
derechos humanos y la impunidad es esencial para poner fin a las continuas
amenazas al bienestar de muchos sectores de la población y para permitirles
disfrutar plenamente de sus derechos.
En marzo de 2014, el gobierno anunciará formalmente cuáles recomendaciones
adoptará de las 176 realizadas en 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas. La adopción de aquellas recomendaciones coherentes con los
estándares internacionales de derechos humanos, seguida de su rápida
implementación con acciones concretas que garanticen efectos duraderos,
representará una prueba de qué tan seriamente considera el gobierno sus
obligaciones en materia de derechos humanos.
Amnistía Internacional valora el apoyo permanente de México en el fortalecimiento
de mecanismos regionales e internacionales e iniciativas de derechos humanos,
como el apoyo y ratificación del Tratado sobre Comercio de Armas. Sin embargo,
ahora el gobierno debe mostrar el mismo compromiso para asegurar avances reales
a nivel nacional.
México aún enfrenta serios retos en relación al Estado de derecho y al respeto a los
derechos humanos. La alarmante situación de inseguridad en muchos lugares del
país y las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la
droga por parte de las fuerzas armadas, iniciado en la administración anterior, han
aumentado la inseguridad y la violencia en muchas regiones, dejando a muchas
comunidades desprotegidas y en riesgo. Los reportes sobre abusos de derechos
humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo
desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad
en todos los crímenes sigue siendo la norma. Las y los defensores de derechos
humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y
revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos
indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus
posibilidades de obtener reparación son escasas. El sistema de justicia continúa
defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en
general. Éstos son sólo algunos de los problemas de derechos humanos que las
personas deben enfrentar en sus vidas diarias, y hasta ahora el gobierno no ha
respondido a esta crítica situación.
Por otro lado, el gobierno ha hecho mucho a nivel nacional e internacional en lo que
se refiere a las reformas políticas y económicas que ha tenido como prioridad desde
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el inicio de la administración. Sin embargo, han brillado por su ausencia los
compromisos públicos y las acciones decisivas en derechos humanos. Esto supone
que aparentemente al interior del gobierno los derechos humanos no necesitan ser
un tema prioritario, particularmente en la agenda del presidente. En consecuencia,
los derechos humanos se han relegado a funciones administrativas de rango medio
de la Secretaría de Gobernación y de otras instituciones con autoridad y
capacidades limitadas para impulsar cambios sustanciales.
La experiencia de Amnistía Internacional en el mundo señala que cuando un
gobierno realmente quiere cambiar la cultura prevaleciente de abusos de derechos
humanos e impunidad, debe demostrar que está preparado para hacer de ésta una
verdadera prioridad política, no una mera postura retórica sobre compromisos
internacionales de derechos humanos; debe dejar en claro que los funcionarios
públicos no pueden ignorar los derechos humanos o reducirlos a un tema
secundario. Además, para mostrar que la impunidad dejará de ser tolerada, debe
demostrar en la práctica que cualquiera que esté implicado directa o
indirectamente en abusos de derechos humanos será llevado ante la justicia y que
las víctimas tendrán acceso a la verdad y a la reparación. Amnistía Internacional
exhorta al presidente y a su gabinete a mostrar fuerte determinación y compromiso
para abordar la situación crítica de derechos humanos en el país.
En este contexto, Amnistía Internacional querría presentar algunas de sus
preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en México y formular una
serie de recomendaciones al Presidente Peña Nieto y a su administración:
Reformas de derechos humanos
La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos es
potencialmente el cambio más importante en el marco jurídico mexicano en
décadas. Proporciona un mecanismo vital para cumplir con estándares
internacionales de derechos humanos en el derecho nacional, pero aún el gobierno
y la legislatura no han implementado dicha legislación ni han enviado un mensaje
claro que indique que los estándares internacionales de derechos humanos se
aplicarán en la práctica.
El gobierno debe establecer una agenda legislativa, en consulta con la
sociedad civil, para incorporar plenamente la reforma constitucional en
materia de derechos humanos en la legislación interna en los tres órdenes
de gobierno.
Seguridad pública y derechos humanos
No sorprende que el estado de Michoacán sea el ejemplo más visible de la
persistente crisis de seguridad pública. El estado, que ha sido testigo del inicio del
funesto combate al crimen organizado por parte de las fuerzas militares, ha sufrido
años de violencia e inseguridad a manos de bandas criminales, así como de la
policía y las fuerzas de seguridad, algunas de las cuales actúan en colusión con
dichas bandas. Los grupos de autodefensa parecen ser una respuesta a esta
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negligencia y abuso, pero ellos mismos ahora ponen a prueba la voluntad del Estado
para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y derechos humanos.
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