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LOS RETOS DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS


Enviado por   •  6 de Marzo de 2014  •  Informe  •  2.380 Palabras (10 Páginas)  •  354 Visitas

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LOS RETOS DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

MEMORÁNDUM DE AMNISTÍA INTERNACIONAL PARA EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA

NIETO

Con motivo de la visita del Secretario General de Amnistía Internacional a México,

la organización insta al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a colocar a los

derechos humanos en el centro de sus esfuerzos para mejorar la vida de la gente.

Un combate efectivo contra los persistentes patrones de graves violaciones a

derechos humanos y la impunidad es esencial para poner fin a las continuas

amenazas al bienestar de muchos sectores de la población y para permitirles

disfrutar plenamente de sus derechos.

En marzo de 2014, el gobierno anunciará formalmente cuáles recomendaciones

adoptará de las 176 realizadas en 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de

las Naciones Unidas. La adopción de aquellas recomendaciones coherentes con los

estándares internacionales de derechos humanos, seguida de su rápida

implementación con acciones concretas que garanticen efectos duraderos,

representará una prueba de qué tan seriamente considera el gobierno sus

obligaciones en materia de derechos humanos.

Amnistía Internacional valora el apoyo permanente de México en el fortalecimiento

de mecanismos regionales e internacionales e iniciativas de derechos humanos,

como el apoyo y ratificación del Tratado sobre Comercio de Armas. Sin embargo,

ahora el gobierno debe mostrar el mismo compromiso para asegurar avances reales

a nivel nacional.

México aún enfrenta serios retos en relación al Estado de derecho y al respeto a los

derechos humanos. La alarmante situación de inseguridad en muchos lugares del

país y las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la

droga por parte de las fuerzas armadas, iniciado en la administración anterior, han

aumentado la inseguridad y la violencia en muchas regiones, dejando a muchas

comunidades desprotegidas y en riesgo. Los reportes sobre abusos de derechos

humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo

desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad

en todos los crímenes sigue siendo la norma. Las y los defensores de derechos

humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y

revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos

indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus

posibilidades de obtener reparación son escasas. El sistema de justicia continúa

defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en

general. Éstos son sólo algunos de los problemas de derechos humanos que las

personas deben enfrentar en sus vidas diarias, y hasta ahora el gobierno no ha

respondido a esta crítica situación.

Por otro lado, el gobierno ha hecho mucho a nivel nacional e internacional en lo que

se refiere a las reformas políticas y económicas que ha tenido como prioridad desde

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el inicio de la administración. Sin embargo, han brillado por su ausencia los

compromisos públicos y las acciones decisivas en derechos humanos. Esto supone

que aparentemente al interior del gobierno los derechos humanos no necesitan ser

un tema prioritario, particularmente en la agenda del presidente. En consecuencia,

los derechos humanos se han relegado a funciones administrativas de rango medio

de la Secretaría de Gobernación y de otras instituciones con autoridad y

capacidades limitadas para impulsar cambios sustanciales.

La experiencia de Amnistía Internacional en el mundo señala que cuando un

gobierno realmente quiere cambiar la cultura prevaleciente de abusos de derechos

humanos e impunidad, debe demostrar que está preparado para hacer de ésta una

verdadera prioridad política, no una mera postura retórica sobre compromisos

internacionales de derechos humanos; debe dejar en claro que los funcionarios

públicos no pueden ignorar los derechos humanos o reducirlos a un tema

secundario. Además, para mostrar que la impunidad dejará de ser tolerada, debe

demostrar en la práctica que cualquiera que esté implicado directa o

indirectamente en abusos de derechos humanos será llevado ante la justicia y que

las víctimas tendrán acceso a la verdad y a la reparación. Amnistía Internacional

exhorta al presidente y a su gabinete a mostrar fuerte determinación y compromiso

para abordar la situación crítica de derechos humanos en el país.

En este contexto, Amnistía Internacional querría presentar algunas de sus

preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en México y formular una

serie de recomendaciones al Presidente Peña Nieto y a su administración:

Reformas de derechos humanos

La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos es

potencialmente el cambio más importante en el marco jurídico mexicano en

décadas. Proporciona un mecanismo vital para cumplir con estándares

internacionales de derechos humanos en el derecho nacional, pero aún el gobierno

y la legislatura no han implementado dicha legislación ni han enviado un mensaje

claro que indique que los estándares internacionales de derechos humanos se

aplicarán en la práctica.

 El gobierno debe establecer una agenda legislativa, en consulta con la

sociedad civil, para incorporar plenamente la reforma constitucional en

materia de derechos humanos en la legislación interna en los tres órdenes

de gobierno.

Seguridad pública y derechos humanos

No sorprende que el estado de Michoacán sea el ejemplo más visible de la

persistente crisis de seguridad pública. El estado, que ha sido testigo del inicio del

funesto combate al crimen organizado por parte de las fuerzas militares, ha sufrido

años de violencia e inseguridad a manos de bandas criminales, así como de la

policía y las fuerzas de seguridad, algunas de las cuales actúan en colusión con

dichas bandas. Los grupos de autodefensa parecen ser una respuesta a esta

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negligencia y abuso, pero ellos mismos ahora ponen a prueba la voluntad del Estado

para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y derechos humanos.

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