Articulo 20

UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO

DERECHO PROCESAL PENAL

EL ARTICULO 20 DE LA CPEUM: DEFENSA DEL IMPUTADO

ROGELIO DANIEL ARAUJO CARRANZA

SOBRE EL IMPUTADO Y SUS GARANTÍAS

En el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sientan las bases del inminente cambio al nuevo sistema procesal penal, el cual es el proceso oral. Así mismo, se sienta un cambio radical en la postura del estado en cuanto a los derechos del imputado: ha dejado de ser culpable antes de ser siquiera juzgado y, protegiendo sus derechos humanos, ahora se le considera inocente hasta que se dé prueba de lo contrario. Además, se trata de evitar una situación que se da con el sistema actual: que muchos imputados permanecen años reclusos sin que siquiera se les haya dictado. Algo sumamente lamentable.

Así mismo, también se le otorga un amplio abanico de derechos, los cuales puede ejercer incluso desde el mero momento de su detención. El presunto delincuente, al momento de su detención y en momentos posteriores, tiene el derecho a permanecer callado, esto quiere decir que el Estado no puede obligar o forzar al delincuente a realizar declaraciones o confesiones mediante la amenaza o la tortura.

Otro punto importante, es que ahora también se le dan a conocer al imputado sus derechos, todo sea para que el imputado no sea objeto de abusos por parte de la autoridad durante su captura o proceso legal.

Los procesados tienen el derecho de presentar las pruebas y testigos que considere necesarios para poder demostrar su inocencia, y la autoridad jurisdiccional está obligada a recibirlas. También está obligada a otorgarle la suplencia de la queja al procesado.

Solo en casos excepcionales, las audiencias ante el juez se realizaran en público.

A los procesados se les deberá de proporcionar cualquier información que les sea útil para su defensa.

El procesado tiene el derecho a ser defendido por un abogado durante el proceso judicial, y en caso de no poder tener uno, el juez le podrá designar un defensor público.

Todos estos derechos se les otorgan a los detenidos para evitar encarcelamientos injustos que violenten sus derechos humanos, además, se han establecido con el fin de poder acortar los procesos penales y así reducir costos, tanto para el Estado como para el procesado.

Uno de los avances más importantes es el de la inocencia del imputado. Antiguamente, el imputado ya era culpable incluso antes de ser procesado, pues la carga de la prueba era sobre el imputado. El imputado estaba obligado a demostrar su inocencia, y de caso de no llegar a producirle al juez una duda razonable, él era declarado culpable por default. Ahora no. Ahora, la carga de la prueba recae en el Ministerio Publico.

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