Caso Radilla

Durante los años setenta y principios de los años ochenta, se llevó a cabo un operativo en el estado de Guerrero para lidiar y suprimir una guerrilla dirigida por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas; el operativo (desplegado por el estado) tuvo gran fuerza en especial en Guerrero, donde los militares perpetraron varios derechos humanos (realización de secuestros, torturas y ejecuciones), utilizaban, especialmente, la desaparición forzada (para toda la población civil en general), se usaba, también, con el fin de aterrorizar a los familiares y conocidos. Esta época se conoce como: “Periodo de la guerra sucia”.

Entre las desapariciones forzadas, una fue la de Rosendo Radilla de Atoyac de Álvarez (destacado y querido líder social del municipio, fungió como presidente Municipal procuró la salud y educación de su pueblo). En agosto de 1974, los militares detuvieron ilegalmente al señor Radilla, con la excusa de que Rosendo componía corridos para Lucio Cabañas y por tener vínculos con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. La última vez que se le vio fue en el Excuartel Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero.

Se hizo una denuncia pública por parte de los familiares (esposa e hijos), posteriormente se hizo una denuncia ante el Ministerio Público, cabe mencionar que ninguna tuvo algún efecto jurídico; por lo que se acudió ante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual efectuó una investigación que concluyó en el 2001, no hubo respuesta por parte del Estado mexicano. Por otro lado en el año 2000, el gobierno creó una fiscalía especial para aclarar los crímenes de guerra, que fueron. Los familiares acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanas por medio de una reclamación presentada el 15 de noviembre de 2001, misma que fue admitida formalmente el 12 de octubre 2005. El expediente que se creó mencionaba los delitos: privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, este mismo fue declarado incompetente y enviado al expediente de la justicia militar. Igualmente los familiares obtuvieron un juicio de amparo, que no sirvió, pues se argumentó ilegitimidad de las víctimas, quedando así en jurisdicción militar, la cual eliminó el caso.

En la Comisión Interamericana, después de algunos años, el 15 de marzo de 2008 demandó al Estado Mexicano, bajo el cargo de violación de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos humanos, la demanda tuvo lugar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de los familiares agregaron también violaciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.

Se emitió una sentencia en el 2009 por parte de CIDH la cual condenó al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos; se declaró al Estado mexicano responsable de la privación de: los derechos de libertad, reconocimiento de la personalidad

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