Derecho Penal

Tema 3: El Estado Social y Democrático de Derecho y de justicia como fundamento del Ius Puniendi. Revisión crítica y reflexiva de principios.

3.1 Principio de Legalidad

3.2 Principio de Personalidad

3.3 Principio del Bien jurídico

3.4 Principio de Proporcionalidad

3.5 Principio del debido proceso

3.6 Principio de Irretroactividad y su excepción en el Derecho Penal

3.7 Principio de la Pena humanitaria

3.8 Principio de Resocialización

PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL.

Los principios que deben regir el derecho penal deben estar en unas normas rectoras, que sean reconocidas como principios rectores de nuestra legislación penal, por su fundamental sentido del derecho penal, el cual debe esta guiado por normas rectoras y donde se encuentra preceptos orientados en la legalidad, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, que poseen el doble carácter de principios del derecho penal venezolano y elementos del concepto general e institucional de delito. Según el estudio de la teoría del delito, en Venezuela, se comienza con los principios rectores y solos puede moverse dentro de ellos.

Los principios establecidos en la Constitución de 1999, por primera vez, los derechos humanos no solo son reconocidos sino llamados a garantizarlo, y donde el Estado se responsabiliza como garante para hacer cumplir su plena vigencia, y sancionar al responsable de delitos contra los derechos humanos, estableciendo la imprescriptibilidad de las referidas acciones penales derivadas de esta clase de delito, que son reconocidos en la referida constitución más los establecidos en los tratados internacionales, que tienen como base mínima la justicia social y seguridad jurídica tanto formal y material para la legitimación de un Estado Social de Derecho.

Los principios del derecho penal, actualmente se encuentran en la Constitución con incidencias en el derecho penal, en este sentido la doctrina Constitucional y la ciencia del derecho, establece que la constitución, es el instrumento legal fundamental del ordenamiento Jurídico, el cual debe contener en su articulado un marco para la organización política y la estructura del Estado. Así la inclusión de preceptos o normas constitucionales con relevancia en el derecho penal se debe a que el Estado tiene que garantizar al ciudadano, por una parte, su libertad y otros bienes jurídicos frente al ius puniendi estatal y a los eventuales excesos o extralimitaciones, que son evitados a través de ese marco constitucional es decir, la auto limitación de la potestad punitiva; y por otra parte, se ha de garantizar la efectiva concreción o aplicación de la misma y de la precitada potestad puniendi o potestad punitiva estatal, para proteger ciertos intereses frente a intereses ilícitos y para que el ciudadano no tenga que recurrir a hacerse justicia por si mismo contra el delincuente, lo que es contraproducente e inadecuado conduciendo esta práctica únicamente a una especie de guerra civil, dejándose de tal manera la función de administrar justicia penal al Estado, lo que supone una mayor efectividad, y mejor organización.

En este sentido, existen disposiciones constitucionales con incidencia en el ámbito jurídico penal que son las siguientes:

1) Protección de los Derechos Humanos (Art.19).

2) Protección de los derechos inherentes a la persona (Art. 22).

3) Irretroactividad de la Ley (Art. 24),

4) Principio del In dubio Pro-reo (Art. 24).

5) Actos nulos y responsabilidad de los funcionarios (Art. 25).

6) Amparo y Procedimiento de Corpus (Art. 27).

7) Violaciones a los Derechos Humanos (Art. 29).

8) Indemnizaciones y Protección de Victimas (Art. 30).

9) Derecho a la vida (Art. 43).

10) Derecho a la Libertad Personal (Art. 44).

11) Desaparición Forzada de Personas (Art 45)

12) Derecho a la integridad física psíquica y moral (Art 46)

13) Inviolabilidad del Hogar y del recinto privado (Art. 47).

14) Secreto e inviolabilidad de las Comunicaciones (Art. 48).

15) Derecho al Debido Proceso (Art. 49).

16) No-imposición a la Pena de Extrañamiento (Art. 50).

17) Prohibición de esclavitud o servidumbre (Art. 54).

18) Derecho a la seguridad de la ciudadanía (Art. 55).

19) Libertad de Conciencia (Art. 61).

20) Prohibición de Extradición de nacionales (Art. 69).

21) Ilícitos económicos (Art. 114).

22) Confiscación de Bienes (Art. 116).

23) Delitos Imprescriptibles (Art. 271).

24) Sistemas y Establecimientos Penitenciarios (Art. 272).

25) Funciones del Ministerio Público (Art. 285).

26) Estados de Excepción (Art. 337).

En un sistema penal deben gobernar principios, que sean la fuente y fundamento de aquello para que sirva de guía en el conocimiento de la dogmática penal, es decir, en la interpretación del derecho penal. Desde el punto de vista de la filosofía, se habla, de los “principios morales”, de principios del ser (principios ontológicos) que son en realidad las causas y de principios del conocimiento (principios gnoseológicos) que son las máximas fundamentaciones del pensamiento explicativo o deductivo.

Las ciencias por tanto explican todos y cada uno de los conocimientos de cada ciencia particular, pero se encuentran fuera de esta y no pueden ser explicados por ella, cada ciencia, y los principios que los contienen son, gnoseológicos prestados o tomados de otras disciplinas, que poseen, por tanto, una mayor implicación en el conocimiento que debe ser expresados en fórmulas muy generales y clara para su entendimiento.

Los principios, son el mejor punto de partida, de ninguna manera representan un punto de llegada o estado terminal del conocimiento, derivar conocimiento, los principios deben ser desarrollados y concretados, de tal modo que el conocimiento que se quede en ellos no-pasa de la generalidad. En el campo jurídico, esto significa que han de ser puestos en relación de sentido y armonía con las normas a que se refieren y a las que inspiran.

El principio que no se aplica no solo no sirve para nada, sino que en verdad no es principio de nada, es por ello que los principios jurídicos penales, se funda en todo conocimiento y toda norma jurídico penal y de los que, en consecuencia, no se puede separarse de la práctica o del ejercicio del derecho penal.

Según Fernando Carrasquilla (1989) señala que “El derecho penal se reconocerse como un mal necesario, y la pena como una amarga necesidad social, que presupone, por tanto, el empleo de una amplia variedad de medidas sociales previas que

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