BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS

ENSAYO

BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS

Por:

ANA MILENA MONTOYA DIOSA

Tutor-Orientador:

CARLOS MARIO LONDOÑO

Materia

Microeconomía

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO

CONTADURIA PÚBLICA

2015

Los bienes suministrados por el sector público. Bienes públicos y bienes privados

La mayoría de los bienes de nuestra economía se asignan en los mercados, en los cuales los compradores pagan por lo que reciben y los vendedores cobran por los que proporcionan. En el caso de estos bienes, los precios son las señales que guían las decisiones de los compradores y de los vendedores, y estas decisiones llevan a una asignación eficiente de los recursos. Sin embargo, cuando los bienes son gratuitos están ausentes las fuerzas del mercado que asignan normalmente los recursos en nuestra economía.

Podemos definir el concepto de bien como todo aquello que puede ser objeto de apropiación y que tiene un valor económico, es decir, que se encuentra dentro del comercio. Existen diferentes tipos de bienes y para poderlos analizar todos, resulta útil agruparlos de acuerdo con dos características:

BIENES SUMINISTRADOS POR EL SECTOR PÚBLICO

En este trabajo, nos vamos a centrar en los bienes públicos, es decir, aquellos bienes que son suministrados por el sector público.

Para meternos de lleno en este tipo de bienes, debemos delimitar previamente el concepto de sector público.

Por sector público entendemos un conjunto de instituciones, actividades y servicios en donde la Administración Pública y el Estado desarrollan un papel esencial. Estos órganos tienen, al menos, tres niveles de gobierno: las entidades locales, las comunidades autónomas y el Estado.

A lo largo del siglo XX las funciones públicas se han ampliado y diversificado en materias como sanidad, educación y demás servicios públicos. Las Administraciones públicas, para el desempeño de las tareas que le corresponde cuentan, además de con los poderes que el ordenamiento les otorga, con un conjunto de medios. Unos son medios personales, constituidos por todas aquellas personas que, bajo cualquier vínculo jurídico, prestan servicio a la Administración. Otros son medios, recursos o derechos económicos o financieros, que constituyen lo que en nuestro derecho se denomina la Hacienda Pública (art. 2 LGP). Otros, por último, son bienes distintos de los anteriores, de diversa naturaleza, así como ciertos derechos reales sobre cosas ajenas. Estos son los que calificamos de bienes públicos, lo cuales se caracterizan porque sutitularidad corresponde a una Administración Pública. El criterio esencial para identificar estos bienes es, pues, el criterio subjetivo de su pertenencia, es decir, de dónde provienen.

Al ser la Administración una organización destinada al servicio de los intereses generales (art. 103.1 CE: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho»), está claro que no puede usar y disponer de los bienes que le pertenecen como un propietario individual o como una organización privada. Los bienes de la Administración están destinados al cumplimiento de los fines de interés público. De ahí que el derecho establezca normas particulares de adquisición, uso y disfrute y, en su caso, enajenación de estos bienes. Y de ahí que se preocupe por arbitrar un régimen especial de protección de los bienes públicos, ya sea de su titularidad, de su posesión y utilización, como de sus características o calidad.

Las finalidades de los bienes públicos varían también significativamente:

- En unos casos se trata de garantizar el uso de algunos recursos por todos los ciudadanos.

- En otros, de conseguir una mejor ordenación y defensa de recursos naturales o un uso racional y controlado de los mismos.

- Otros bienes sirven sencillamente de soporte a las infraestructuras públicas del transporte y de las comunicaciones.

- Al reservarse o adquirir otros, el Estado o las distintas Administraciones pretenden intervenir en ciertos sectores económicos, como la producción de bienes o el mercado inmobiliario.

En definitiva, hay bienes que la Administración necesita para desempeñar sus funciones, desde edificios o sofisticados equipos médicos o informáticos, pasando por vehículos o maquinaria de muy distinto tipo, hasta los simples objetos de escritorio o el papel.

PROBLEMA DEL PARÁSITO O FREE-RIDER

Los bienes públicos presentan el llamado problema del parásito o free-rider. Un parásito o free-rider es una persona que recibe el beneficio de un bien pero evita pagarlo, por lo que generará un resultado de ineficiencia en el mercado.

Pongamos el caso de un empresario que decide organizar un espectáculo de fuegos artificiales. Seguramente tendría problemas para vender entradas para el acontecimiento, ya que sus posibles clientes se darían cuenta de que podrían verlos incluso sin entrada. Como los fuegos artificiales no son excluibles, los individuos tienen un incentivo para comportarse como parásitos en lugar de comprar la entrada. Esta situación provocaría pérdidas en el negocio, es decir, no sería rentable. Como consecuencia no se organizaría el espectáculo. La solución del problema la tendría la Administración Local, quien tomaría la decisión de patrocinar la celebración del evento obligando a todo el mundo a pagar un impuesto con el fin de utilizar los ingresos paracontratar al mismo empresario para que monte el espectáculo. Así, el bienestar de todos los habitantes mejoraría y el empresario podrá ayudar a lograr el resultado eficiente como empleado público, aunque no pueda hacerlo por la vía privada. En definitiva, entendemos que el problema del parásito impide al mercado privado suministrar determinados bienes.

CLASES DE BIENES PÚBLICOS

Todo lo referente a los bienes públicos viene expresado en el artículo 132 de la Constitución. De su enunciado se desprenden una serie de consecuencias jurídicas que examinaremos a continuación.

La constitución establece una serie de clases de bienes públicos. Así, se refiere a los bienes de dominio público, a los comunales, a los bienes del Patrimonio del Estado y al Patrimonio Nacional. A esto hay que añadir los bienes del patrimonio de las Comunidades Autónomas, a los que se refieren todos los Estatutos de Autonomía, y los bienes del patrimonio de las Corporaciones locales, mencionados

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