Ensayo sobre el daño Ambiental y el Nexo Causal

Ensayo sobre el daño Ambiental y el Nexo Causal

El daño ambiental cobra relevancia en Colombia, desde que la sociedad internacional comienza a elevar la importancia del medio ambiente como estructura fundamental del planeta y de nuestra subsistencia. En consecuencia, esto resulta en una oleada de bases científicas y legales que buscan la protección del medio ambiente de forma sustentable. Pero se ignoraba y no se entendía la afectación que podía generar una acción humana en el ecosistema. Es hasta los mediados del siglo 20, el momento en el que se empieza a desarrollar la idea de que el ecosistema puede resultar gravemente afectado con cualquier acción humana, es por esto que la sociedad internacional empezó a legislar y fomentar el cuidado, uso sustentable y protección del medio ambiente, mediante convenios y asociaciones internacionales, todo con el fin de concientizar y darle la relevancia necesaria a un problema que puede acabar con la especie humana, mediante daños ambientales irremediables.

Unos de los primeros antecedentes en Colombia, de alguna mención institucional sobre el medio ambiente, el daño ambiental y el deber estatal de la protección del ecosistema, es la ley 23 de 1973. En esta ley, se establece por primera vez el deber y fin del estado colombiano, de proteger el medio ambiente y ecosistema colombiano, que puede ser contaminado y distintos mecanismos de protección interinstitucional del medio ambiente colombiano. Esta ley es nuestro primer pilar de protección ambiental, y establece además casos en los que el Estado puede ser considerado responsable por contaminación de un bien privado, además, de instaurar la necesidad de demostrar técnicamente que una acción puede llevar a un daño al medio ambiente, es decir que es la primera vez que se hace referencia de una necesidad de demostrar un nexo causal.

Una vez llega la constitución de 1991, el marco normativo se desarrolla instantáneamente, ya que la constitución establecía y garantizaba derechos relacionados con el medio ambiente y el ciudadano, elevaba a deberes estatales con suma importancia la protección de la naturaleza y distintos recursos naturales, de la mano de la participación de la ciudadanía en decisiones que puedan perjudicarlo a su comunidad en especial cuando se ve en medio de la decisión el medio ambiente.

La constitución es el marco general de la protección del ambiente, y de este marco general se derivan distintas leyes y sentencias, además, de creación de organismos centralizados y descentralizados, como consta en la ley 99 de 1993, por la cual se crean varias corporaciones ambientales, y la más importante el ministerio de ambiente. Este es una de las leyes más importantes, establece funciones de los distintos organismos, como vigilancia, otorgamiento de permisos para el aprovechamiento y en especial medida, en donde se ve la capacidad policiva de estos organismos, la posibilidad de sancionar a personas naturales o jurídicas por hechos dañosos al medio ambiente, mediante la imposición de multas, retiro de permisos ambientales o distintos mecanismos que permiten, prevenir o castigar cualquier daño al medio ambiente, por distintas actividades ilegales o por extralimitación de los permisos concedidos.

Esta ley, además, estableció la creación de la figura de licencias ambientales, lo que garantiza que, para cada proyecto de desarrollo, rural o urbano, se deba analizar el impacto ambiental que se produciría en dicha zona, lo que debe derivar en un numero de medidas para evitar o disminuir el daño ambiental, solo si este no es irremediable, ya que, en dado caso de ser completamente perjudicial para el ambiente, no se otorgara el permiso ambiental. Se crea un porcentaje en los tributos en esta ley, como una forma de financiación para los distintos organismos encargados del control y la investigación ambiental, lo que señala una decisión institucional para que, en distintos campos institucionales, el medio ambiente y la prevención del daño ambiental sea un fin general del estado de derecho, como está establecido en la constitución, como un fin y un deber de Colombia.

Cuando la corte constitucional empieza en sus fallos a decidir sobre asuntos relacionados con el ambiente, su afectación y personas que se ven afectadas por el uso negativo del mismo, nace un desarrollo jurisprudencial y doctrinario sobre el daño ambiental y el nexo causal, ya no solo mencionados en la ley, sino ejemplificados en casos reales que muestran la necesidad de prevenir y castigar las conductas que perjudiquen el medio ambiente, además, de a las personas como una parte del ecosistema.

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