Protestas contra el proyecto minero en Tía María

El contexto de negociación en los conflictos mineros

Una de las mayores preocupaciones de las empresas y el propio estado es como solucionar los conflictos socio-ambientales entre el sector minero y las poblaciones locales que podrían ser afectadas en su derecho a un ambiente sano, conflictos que imposibilitan el desarrollo de importantes proyectos. Para este año los empresarios llaman la atención en el sentido que importantes inversiones en el sector minero se encuentran en duda y algunos proyectos han sido postergados por la incertidumbre en los espacios donde se pretenden desarrollar los proyectos, una incertidumbre que no se refleja en el marco jurídico si no que lo trasciende y tiene que ver con aspectos sociales, ambientales y culturales de las poblaciones donde se ubican los yacimientos mineros.

Pero los daños ambientales no fueron avizorados en ese momento, sin embargo en la actualidad esos pasivos ambientales hacen mucho más difíciles las condiciones de vida de los pobladores locales, limitan las posibilidades de desarrollo de los pueblos y en algunos casos nos han privado a todos del disfrute de determinados ecosistemas y se han producido perdidas de especies de flora y de fauna. Esto ha producido una estigmatización de la minería como actividad destructora del medio ambiente. El caso de “Tía María” es uno de ellos pues desde comienzos de los sesentas Southern ya tenía problemas de contaminación en el Valle de El Tambo y que hoy le pasan la factura.

Sin embargo nadie puede negar los adelantos tecnológicos actuales en el desarrollo minero que permiten disminuir impactos ambientales negativos, instrumentos de gestión como los estudios de impacto ambiental que hacen previsibles los impactos y la remediación de los mismos, el proceso de fortalecimiento institucional de los distintos niveles de gobierno (central, regional y local) para velar por un mejor cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia ambiental, los esfuerzos de las propias empresas mediante la adopción de certificaciones voluntarias (ISO 14000)

Y por supuesto un proceso participativo de las poblaciones locales que permitan entender las ventajas y desventajas del proyecto minero a desarrollarse en la zona de influencia. Para estos efectos tanto la Oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas han creado mecanismos institucionales que permitan canalizar esa participación ciudadana, sin embargo a la fecha aun los resultados no son satisfactorios. Consideramos que para tener éxito en estos procesos de negociación es fundamental crear de inicio un clima de confianza para futuros encuentros entre los actores involucrados.

Si se produce un aislamiento de las organizaciones sociales difícilmente tendrá éxito el proceso, por lo tanto hay que crear convicción en los actores que su participación en la mesa de negociación será en igualdad de condiciones que las de los otros actores participantes y que sus reclamaciones serán consideradas y tratadas de la misma manera y al mismo nivel de toma de decisiones.

Se deben crear mecanismos para el desarrollo de confianza, predictibilidad y confiabilidad entre los actores involucrados. Estos mecanismos debieran ser desarrollados por terceros neutrales a ser comprendidos con el acuerdo de consenso de los actores involucrados en los conflictos ambientales. Aquí la Defensoría del Pueblo podría jugar un rol importante.

Las empresas deben hacer el esfuerzo necesario para entender a las poblaciones en sus diferentes dimensiones: culturales, ambientales, económicas y sociales. El estado debe hacer el máximo esfuerzo para mostrarse como un facilitador del desarrollo social y no como un permanente contrincante de la sociedad.

El silencioso escándalo de la UNOPS, el ministro y Tía María

En medio de un escenario de conflictos sociales y decenas de estudios ambientales defectuosos y congelados en el Ministerio de Energía y Minas, su titular, Pedro Sánchez, firmó un convenio con UNOPS el 23 de noviembre de 2010 para desatorar el cuello de botella y mejorar la calidad de los estudios. Sorpresivamente, ese mismo día, el ministro anunció sin consultar a UNOPS que el primer caso que revisarían sería el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María con el propósito de aquietar las protestas en el sur. UNOPS accedió; pero cuatro meses después, cuando estaba a punto de entregar graves observaciones al proyecto cuprífero de Southern Perú, el ministro canceló el contrato sin dar la cara. ¿Qué sucedió?

El ministro Sánchez y el convenio que suscribió el 23 de noviembre de 2010 con UNOPS para la revisión de 100 estudios ambientales. Cuando en noviembre de 2010 arreciaban las protestas en contra del proyecto minero Tía María en Arequipa, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, decidió lanzar su propio “dato disparador”: un equipo de expertos internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) asesorará en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del polémico proyecto de Southern Perú Cooper Corporation.

La revisión, dijo Sánchez el 23 de noviembre, formaba parte de un convenio suscrito con UNOPS que permitiría mejorar “los procedimientos ambientales para llevarlos a un mejor nivel de excelencia”. Con la presión social y varios heridos a cuestas, el acuerdo ayudó a extinguir, por lo menos temporalmente, la intensa protesta. Ese mismo día, el ministro suscribió un “memorándum de acuerdo”, de cinco páginas y tres apéndices, y Rebeca Arias hizo lo propio como representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En el primer apéndice del documento, al que tuvo acceso IDL-Reporteros, se señala que se contratará los servicios de UNOPS para 1) “la revisión de un paquete anual de Estudios Ambientales (EAs)* complejos, con la producción de recomendaciones y observaciones técnicas dirigidas al Minem”, 2) el “establecimiento de un sistema estandarizado de revisión interdisciplinaria y paralela de los EAs, que incluye: procedimientos, protocolos, manuales, un módulo de gerencia completamente informatizado”.

El pago a UNOPS ascendía a 6 millones de dólares por la revisión de 100 EAs del sector minero y energético a lo largo de un año y la implementación del sistema.En ninguna parte del convenio aparece que UNOPS revisaría el EIA de Tía María, tal como anunció el ministro. Para apaciguar las protestas en el sur, el titular del MINEM sorprendió a UNOPS con la revisión del

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