Sistemas Administrativos

Los sistemas administrativos.

Los sistemas administrativos o macro procesos del Estado, son las reglas de juego que en conjunto y por interacción forman el sistema de incentivos en el cual actúan las organizaciones públicas. Cada uno de estos sistemas está a cargo de una entidad del Gobiernos Nacional y tiene un referente en cada organización pública, incluso en los organismos constitucionalmente autónomos y los poderes públicos como el Congreso de la República y el Poder Judicial. Los responsables son denominados coloquialmente

"cabezas de sistema" y son los responsables de su administración y regulación, en el marco de las normas que los rigen.

La diversidad y complejidad del Estado requiere de mecanismos y herramientas para dirigir sus actividades. Sin ellas el ciudadano y administrador público no podría controlar el desempeño de quienes lo conforman.

Principales sistemas administrativos:

• Gestión Presupuestaria, a cargo de la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

• Pública, a cargo del la Dirección General de Planeamiento Multianual (DGPM) del MEF.

• Adquisiciones y contrataciones, que es administrado por el Consejo Superior de Contrataciones del Estado (CONSUCODE).

• Defensa Judicial del Estado, a cargo del Consejo de Defensa Judicial del Estado del Ministerio de Justicia.

• Planeamiento, que deberá ser administrado por el Centro de Planeamiento Estratégico cuando se conforme (por ahora está a cargo de la DGPM del MEF).

• Control, bajo la dirección de la Contraloría General de la República.

• Contabilidad, bajo la responsabilidad de la Contaduría Pública.

• Carrera Pública, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, en tanto se conforme el Consejo Superior del Empleo Público.

Muchas de las reformas importantes que se han logrado en los países, se han dado gracias a la modificación y modernización de estos sistemas. Como éstos imponen los incentivos para la actuación de las entidades públicas (i.e. un buen sistema de control induce a un comportamiento probo, un mal sistema deja espacio para prácticas no deseables con los recursos del estado), al mejorar su funcionamiento se logra un cambio “en cascada” en las entidades del Estado.

Un ejemplo de modernización de los sistemas administrativos es la reforma introducida por el Sistema Nacional de Inversión Pública, con la implementación del Sistema de Administración Financiera (SIAF), que permite el acceso a información del gasto del Estado, en la necesidad de aprobar proyectos social o económicamente rentables.

Principales problemas para mejorar los sistemas administrativos:

Asignación histórica del presupuesto: El sistema de presupuesto, por un lado continúa siendo regido con criterios históricos de asignación y no en función de las prioridades de política pública. Por eso es normal ver que en el discurso político se señalen prioridades que no se reflejan en el gasto público.

Visión economicista de la inversión pública: El sistema de inversión pública está diseñado principalmente bajo una perspectiva de rentabilidad económica, adecuada a las inversiones de orden productivo. Las metodologías de rentabilidad social aún son difíciles de implementar, y los casos de proyectos de fortalecimiento institucional (que por definición contemplan variables como redistribución del poder) no entran claramente en las definiciones y requerimientos del sistema. Además, esta visión exclusivamente técnico económico de la inversión pública, limita el margen de acción política al Estado.

Imposibilidad de una gestión por resultados: Debido a que el sistema no permite identificar “producto o servicio del Estado” con costo. Por ende, es muy difícil establecer mecanismos de gestión por resultados y en consecuencia premiar a quienes tienen mejor desempeño.

Sistema de contrataciones complejo que prioriza el costo a la calidad: El sistema de contrataciones y adquisiciones debe hacer que el Estado compre o contrate lo mejor posible a un precio razonable y de forma transparente. Esto quiere decir que no se trata de comprar o contratar siempre lo más barato, pues se puede afectar la calidad de lo que se contrata y como consecuencias la calidad de los servicios que se brindan al ciudadano. Sin embargo, el sistema peruano, en una combinación con la lógica del control formal, induce a comprar más barato aun cuando ello perjudique la calidad.

Sistema de defensa judicial poco efectivo: El sistema de defensa judicial de intereses del Estado, tal como está diseñado, no logra defender eficazmente sus intereses. El sistema supone que el Estado asigna recursos suficientes en calidad y cantidad para que la administración pública actúe frente a las demandas que recibe. La realidad es que la variedad de temas por los que la administración puede ser demandada es enorme y lograr una buena defensa puede ser costoso (gastos para el proceso, personal responsable, elaboración de estudios y para los medios probatorios). El Estado, además, no tiene facultades suficientes para diseñar estrategias que introduzcan criterios de costo-efectividad, como puede ser allanarse en demandas menores o arreglos extrajudiciales cuando los juicios sean más

Costosos que lo que se obtenga de ellos. Finalmente como los períodos judiciales no se adaptan a los períodos políticos (es decir que a quien se le inicia el juicio no será a quien se le cobre por acción de los períodos electorales), existen pocos incentivos

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