Es Posible La Rehabilitación En Adolescentes En Conflicto Con La Ley Penal

Al abordar la rehabilitación en adolescentes en conflicto con la ley penal que hoy esta presente en múltiples debates, donde por lo general se encuentra una multicausalidad que determina la complejidad del tema.

Es relevante situarse inicialmente en lo determinante que fue la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño (aprobada por la ONU en 1989, ratificada por Chile en 1990 e incorporada como ley de rango constitucional). Que permitió el reconocimiento como sujeto de derechos de niños y niñas menores de 18 años. Donde esta se rige por cuatro principios fundamentales; la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, además de su participación en las decisiones que los afecten. Lo cual da cuenta del cambio de paradigma en el que se sitúa el estado chileno actualmente donde la Ley N° 20.084 (2005) establece un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes por infracciones a la ley penal, los derechos de los adolescentes infractores, las sanciones privativas de libertad y no privativas de libertad, así como el rol que cumple el Servicio Nacional del Menor en esta normativa (BNC).

Es desde esta nueva perspectiva donde el estado es garante, surge la pregunta ¿es posible la rehabilitación en adolescentes infractores de la ley?

Para poder intentar responder esta interrogante y vislumbrar el logro de estos fines se requiere de modelos de intervención adecuados, contar con equipos multidisciplinarios de excelencia, donde los especialistas son los encargados de realizar los estudios, identificar los factores, tanto internos como externos así también de implementar los tratamientos y terapias que serán la base para el alcanzar el logro deseado.

la adolescencia es una etapa del ciclo vital de gran importancia, dado que es el momento en que se producen cambios a una gran velocidad y se completa la madurez biológica del organismo, estableciendo una serie de cambios a nivel cognitivo, emocional, conductual y relacional. Además surge como proceso clave en la etapa de la adolescencia, la búsqueda de la propia identidad dependiendo del género, del momento histórico, de la cultura y del espacio social al cual pertenecen. Es decir, se vivencia como un proceso no fijo en el cual se construye y reconstruye en la interacción social (Lobato,2008).

Para Carmen Arbex (2002), el proceso adolescente entre los 14 y 18 años tiene algunas características que pueden volver esta etapa más vulnerable a conductas de riesgo (tanto de infracción a la ley como de consumo de sustancias), entre las cuales se encuentran: la necesidad de reafirmación, la necesidad de trasgresión, la necesidad de conformidad intragrupal, la sensación de invulnerabilidad, el rechazo a la ayuda del adulto y la susceptibilidad frente a las presiones del entorno.

El comportamiento antisocial, violento y/o delictivo, es un fenómeno difícil en el que convergen una serie de elementos que influyen para su aparición. Así, existe una multiplicidad de factores de riesgo asociados a la aparición de estas conductas y que dan cuenta de la probabilidad (más que causalidad) de que los sujetos cometan actos ilícitos. Actualmente los adolescentes se encuentran en presencia de niveles importantes de violencia al interior de la familia, en la comunidad y/o en los establecimientos educacionales, siendo un campo fértil para la aparición y desarrollo de actitudes violentas.

Para Vicente Genovés, la figura del delincuente juvenil es una definición cultura de carácter socio-histórico. Esto reflejaría una mezcla de aspectos psicológicos y legales, donde cada sociedad define cuales son las normas que infringe una persona que no ha cumplido la mayoría de edad, para ser considerado como tal (Lobato, 2008).

En Chile la nueva ley Nº 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente, tiene como objetivo fundamental la rehabilitación y reinserción social de estos adolecentes, viene a dar respuesta a las vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes que establecían el sistema tutelar o paradigma del menor en situación irregular, cambió los ideales de castigo por los de protección, identificando al niño (Farías, 2000).

La antigua normativa no consideraba la imputabilidad penal de los menores entre 14 y 16 años no se podían someter a proceso a pesar de haber cometido delito, solo quedaban bajo la protección del Servicio Nacional del Menor (SENAME), el cual se encontraba con graves índices de hacinamiento y no constaba con programas para la rehabilitación, por lo tanto criminalizaba a los niños, niñas y adolecentes bajo la protección de dicho servicio e impedía la reinserción social de los mismos (Lobato,2008). En el caso de los jóvenes entre 16 y 18 años era aun peor, estos eran sometidos a un examen de discernimiento para verificar si tenían conciencia del acto cometido, siendo el juez quien determinaba si este adolecente menor de edad había actuado en conciencia, de ser así era juzgado y condenado como adulto quedando bajo la custodia de gendarmería de lo contrario quedaban bajo la protección del SENAME sin derecho a defensa gratuita, sin limite de tiempo y sin garantías de un debido proceso.

La nueva ley N° 20.084 (2005) crea la Responsabilidad Penal Adolecente establece que los adolecentes entre 14 y 18 años son responsables ante la ley penal (BNC), teniendo como pilares fundamentales los derechos que tienen los jóvenes infractores como son: Conocer el motivo de su detención, ver la orden de detención, ser informados de manera clara sobre los hechos que se les imputan, deben ser informados sobre los derechos que le otorga la ley, pueden mantener silencio, no ser obligados

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