La Propiedad

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

Desde que surgió el hombre en la tierra y se formaron los primeros núcleos para defensa, ayuda mutua y familiar, comenzó a conocerse el concepto de la propiedad. En los pueblos primitivos no existía el concepto de propiedad tal como se conoce hoy en día.

Es por ello, que como resultado de la lucha para el reconocimiento de la propiedad privada, empieza a surgir una forma que algunos han llamado solidarista y que contiene gran influencia de la Iglesia. Esta está limitada por su contenido social, ya que exige que el propietario tome en consideración las realidades sociales y los deberes de justicia social, entre otros.

En este orden de ideas, como se señalo anteriormente el concepto de propiedad ha estado evolucionando cada día más, hacia una concepción solidarista donde se le da más importancia al bienestar general de la sociedad y el bien común. Es al estado, principalmente, al que le compete utilizar todos sus recursos para conseguir el bienestar de todos sus ciudadanos, especialmente de los más necesitados.

En este sentido, debido a la falta de viviendas adecuadas para los ciudadanos y por los altos índices de natalidad, las invasiones a la propiedad privada constituyen una de las opciones mas tomadas en consideración por la población venezolana, es por ello que la perpetración de las invasiones a la propiedad privada se han estado proliferando en los últimos años de gran manera.

Es así como, si bien es cierto que el invasor atenta contra el derecho de propiedad, pues irrumpe en tierras o edificaciones ajenas, impidiendo al propietario el uso, goce, disfrute y disposición de su bien, pero a la luz de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, el derecho de propiedad está sometido a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general, así lo reza textualmente la Carta Fundamental, artículo 115, y así lo ha interpretado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en sentencia de fecha seis de abril de 2.001, estableció lo siguiente: "...la Constitución reconoce un derecho de propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir”. Esta noción integral del derecho de propiedad es la que está recogida en la Constitución venezolana, por lo que los actos, actuaciones u omisiones denunciados como lesivos del mismo, serían aquellos que comporten un desconocimiento de la propiedad como hecho social.

De acuerdo a ello, el Código Penal Venezolano sanciona la invasión, la Constitución Nacional garantiza el derecho a la propiedad y la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat prohíbe ese delito, y establece que aquella persona que incurra en la acción irregular pierde las garantías de acceder una vivienda.

Es así como el artículo 155 de la Ley del Régimen Prestacional de vivienda y hábitat, prohíbe las invasiones u ocupaciones ilegales de terrenos públicos o privados por parte de personas naturales o jurídicas, en atención a lo establecido en el Artículo 115 de la Carta Magna. El Estado no dará beneficio o garantía alguna a las personas naturales o jurídicas que realicen invasiones u ocupaciones ilegales de tierras.

En este orden de ideas, en el Código Penal de Venezuela (2005) se establece a la invasión como un delito, donde el Fiscal del Ministerio Publico por ser un delito de orden público, esta en la obligación de presentar al imputado al Tribunal competente en materia Penal y éste con los elementos de convicción que consten en autos debe dictar la medida que corresponda al caso concreto.

De este modo, en el artículo 471-A de la mencionada norma jurídica establece lo siguiente:

Quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenos, incurrirá en prisión de cinco años a diez años y multa de cincuenta unidades tributarias (50 U. T.) a doscientas unidades tributarias (200 U. T.). El solo hecho

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