ACCION DE AMPARO

APUNTES  DE LA MATERIA DE AMPARO I                                                                                D.D.P. JOSÉ ANTONIO MORENO ORRICO

UNIDAD V.

ACCIÓN EN EL AMPARO

5.1. CONCEPTO DE ACCIÓN.

        Acción es un derecho público subjetivo mediante el cual, se pone en movimiento el aparato jurisdiccional, requiriendo de su actuación para dirimir una controversia y decir el derecho entre las partes.

        El fundamento de la acción está prevista  en los artículos 8 y 17 de la carta suprema, en el entendido de que la acción es un derecho de petición, aun y cuando el derecho de petición no es siempre una acción. A través del derecho de petición, se pide a los tribunales estatales su intervención para resolver una controversia o conflicto de índole jurídico, para que previa audiencia de las partes en el conflicto y respetando la oportunidad probatoria de las mismas, el juez solucione dicha contienda, diciendo el derecho entre las partes. Por tanto, la acción es la petición que se formula a los tribunales para que entren en función jurisdiccional, imponiéndole a los tribunales la obligación de dar contestación a la solicitud que eleve el gobernado.

        La acción consta precisamente en la demanda que elabore el gobernado, en que se contiende inscrita su pretensión específica, que consiste en la petición de que se dilucide una contienda jurídica.

        El ejercicio de la acción importa la necesidad de hacer que los tribunales del estado desempeñen sus funciones públicas, evitando con ello que se actualice la venganza privada y, por ende, haciendo factible que dichos tribunales apliquen la ley al caso concreto, dirimiendo una contienda de intereses en juego, la cual puede surgir por el desconocimiento de un derecho de que es titular una persona, ya sea por actos de un particular, ya por los de una autoridad estatal.

        Por virtud del ejercicio de la acción, los tribunales entran en funcionamiento, debiendo actuar en todo momento las garantías previstas en el artículo 17 constitucional, resolviendo los juicios que ante ellos se proponga en breve tiempo, dentro de los términos y plazos que establezca la ley secundaria, dictando sus resoluciones en forma pronta, completa, imparcial y gratuita.

        Los tribunales jurisdiccionales lejos de administrar justicia, dicen el derecho entre las partes, pudiendo dictar una sentencia ajena a la justicia, pero apega al orden constitucional y legal, por ello la “administración o impartición de la justicia es una expresión meramente romántica”.

5.2. OBJETO DE LA ACCIÓN.

        Con la acción el gobernado pretende se declare un derecho a su favor, mediante el dictado de una sentencia en la que se resuelva la problemática presentada ante el órgano jurisdiccional respectivo.

        Con la sentencia que se dicta se puede:

• Se condene a la parte demandada al pago de determinada prestación.
• Que se declare un derecho a favor del quejoso, o
• Que se reconozca al quejoso una situación jurídica específica, o se anule o quede insubsistente lo que haya hecho la parte demandada.

        Para ello el actor debe ofrecer los elementos probatorios que robustezcan su dicho, le den la razón y obtenga una definitiva que le favorezca.

5.3. ELEMENTO DEL DERECHO DE ACCIÓN.

        La acción en general da pauta que se desarrolle el control constitucional por parte de los tribunales de la federación, frente a su actividad meramente de dicción del derecho o función judicial ordinaria, a través del cual se resuelven juicios civiles, penal, mercantil, etcétera, pero ajena a la actividad de control constitucional.

        A) Actor.- Es el titular del derecho referido y que lo ejercita, al poner en movimiento al órgano de gobierno encargado de resolver el juicio instaurado. En México es todo gobernado (sea persona física o moral; nacional o extranjera; varón o mujer; mayor o menor de edad; etcétera), en amparo.- Es el afectado en su esfera jurídica por el acto de autoridad contraria a la constitución  (agraviado  o quejoso), ya que el artículo 17 constitucional no restringe su titularidad.

        Se actualizan los principios:

• Instancia de parte agraviada
• De la procedencia a favor de los gobernados
• De la existencia de un agravio personal y directo
• De relatividad de la sentencia (con excepción cuando sea un juicio de amparo contra ley)

        B) Tribunal ante el cual se actúa.- Es el órgano de gobierno a quién la ley faculta para dirimir una contienda determinada, y ante quien comparece el actor, haciéndolo entrar en movimiento, para que desarrolle su actividad jurisdiccional. el tribunal debe resolver una controversia apegado a los mandatos judiciales, en cumplimiento a la garantía de legalidad (artículos 14 y 16 constitucional), así como de las garantías relacionadas con la administración de justicia (artículo 17 constitucional), como juzgar con imparcialidad. El juicio de amparo exclusivamente se promueve y conocen los tribunales federales.

• Principio de la competencia de los tribunales de la federación para conocer del amparo.

        C) Demandado.- es la persona de la cual se reclama un derecho, impugnándosele su proceder o actuar. El demandado tiene la posibilidad de participar en el juicio, haciendo valer sus excepciones y defensas, ofreciendo pruebas e incluso imponiendo los recursos procedentes. Amparo.- Figura sui generis, =autoridad responsable.- El órgano de gobierno que emitió el acto de autoridad contraventor de la constitución, (no el tercero que se adhiere el proceso en una especie de litisconsorcio).

        D) Causa remota.- La representa el derecho desconocido por el demandado, cuyo respeto reclama el actor, a través del ejercicio de la acción. En amparo es la garantía individual del que es titular el gobernado que ha sido violada por la responsable, respecto de la cual el agraviado pide la nulidad del acto por su violación, para que se le restituya en el goce de la misma.

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