AMPARO MORELOS

INTRODUCCIÓN

Encontramos los orígenes del amparo Morelos en la separación del ahora Estado de Morelos del inmenso territorio de México, en 1869. Este acontecimiento azotó la posterior lucha partidista entre Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, y este entorno politizado propició que los tribunales federales tuvieran, por vez primera, un debate nacional donde políticos y juristas por igual se vieron impuestos a pronunciarse.

El amparo Morelos tuvo como protagonistas a ocho hacendados del recién creado Estado de Morelos que se ampararon contra la Ley de Hacienda del 12 de octubre de 1873, que establecía varios impuestos que afectaban el patrimonio de los quejosos. Entre los hacendados se encuentran Ramón Portillo Gómez, Alejandro Arenas, Isidoro de la Torre, Faustino Goríbar, José Toriello Guerra, los hermanos Escandón y, sobre todo, Pío Bermejillo y los hermanos García Icazbalceta.

La notoriedad de que se ganó esta resolución se debió, quizá, a que por primera vez se declaró ilegítimo a un gobernador de un Estado, miembro del partido político predominante en esa época.

No fue, sin embargo, la primera vez que se declaró la nulidad de una elección por parte del Poder Judicial Federal. José S. Arteaga, en su contestación al tratado de José María del Castillo Velasco, describió ocho precedentes judiciales, entre 1872 y 1874, además del propio amparo Morelos, en los cuales la Suprema Corte de Justicia había declarado procedente el argumento derivado del artículo 16 constitucional, en el sentido de que por autoridad competente debería entenderse no sólo a aquélla facultada por la ley para desempeñar ciertas funciones, sino como aquella que, ante todo, era legítima; es decir, que el procedimiento de su designación o elección se apega a la Constitución y a las leyes relativas.

Esta competencia, que se denominó de origen o subjetiva, en contraste con la competencia objetiva, podía ser revisada en el juicio de amparo, puesto que el artículo 16 de la Constitución no hacía ningún distingo entre ambas competencias y, por lo tanto, debería ser incluida en las resoluciones judiciales correspondientes. Los ocho precedentes se habían referido a jueces y a los congresos locales, pero nunca se habían atrevido a cuestionar la legitimidad del Poder Ejecutivo estatal, como sucedió en el amparo Morelos. Quizá este atrevimiento atemorizó a la clase política que se formaría y desarrollaría en el Porfiriato.

El sentido en que se resolvió dicho asunto, el 11 de abril de 1874, provocó una avalancha de protestas y apoyos que hacen del caso uno de los más comentados y debatidos de la Suprema Corte de Justicia en el siglo XIX, Ignacio Vallarta, cinco años después, se encargaría de desvirtuar la sentencia.

CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS A ENTIDAD FEDERATIVA

El Estado de México era la entidad más poderosa del país; sin embargo, así de grandes eran igualmente sus problemas, sobre todo por lo que se refería a la seguridad interior, pues tanto las rebeliones en las poblaciones, como el vandalismo en los caminos, eran comunes y cada vez más frecuentes. Aunado a lo anterior, el Estado de México rodeaba físicamente al Distrito Federal y, en consecuencia, cualquier perturbación que ocurriera en el Estado, afectaba o aislaba a la propia capital del país, donde se veían las invasiones y guerras civiles que devastaron a nuestro país durante el período de 1855 a 1869 comprenderemos, en su origen, el decreto del 7 de junio de 1862 expedido por Benito Juárez en uso de sus facultades por el cual, resultó necesario dividir al Estado en tres distritos militares, al frente de los cuales habría un comandante general con virtuales poderes para gobernar el distrito en cuestión.

El primero de esos distritos ocupaba el área de influencia de la capital de Toluca, y se extendía a lo largo del actual territorio del Estado de México; el segundo devino con el tiempo, en el Estado de Hidalgo y, finalmente, el tercero, que comprendía a Jonacatepec, Yautepec, Morelos (ahora Cuautla), Cuernavaca y Tetecala delineó el territorio que actualmente posee el Estado de Morelos.

Estos distritos militares eran prácticamente territorios federales que se separaban de los Estados y, aunque fueron muy objetados, finalmente se impusieron como una realidad para enfrentar el desorden e intranquilidad en que vivía México.

En lo que importa, en el tercer distrito militar se venía presentando desde 1852 un importante movimiento de campesinos indígenas que solicitaban restitución de sus tierras que los grandes hacendados les habían quitado, aun como los asalariados de las haciendas cañeras exigían condiciones dignas de trabajo.

La prensa llegó a temer una guerra de castas en la región de Cuernavaca. En 1856, los hacendados se organizaron en un comité central de hacendados en los distritos de Morelos y Cuernavaca para pedir la protección de sus propiedades al gobierno federal de Ignacio Comonfort y, además, solicitar el retiro del Ejército del Sur de Juan Álvarez, cuyos integrantes favorecían las demandas de los campesinos. Entre esos hacendados estaba Pío Bermejillo, que sería uno de los actores en el amparo Morelos.

El asunto llegó al Congreso Constituyente el mismo día en que se presentó el proyecto de Constitución, en la sesión del 16 de junio de 1856. Isidoro Olvera, al presentar sus opiniones sobre el proyecto, destacó que el problema territorial era grave, la Comisión de División Territorial apoyó, en su dictamen del 26 de noviembre, la propuesta de que Cuautla y Cuernavaca se anexaran al Estado de Guerrero, pues geográficamente esos distritos, separados por una cordillera del resto del Estado de México, configuraban una unidad con Guerrero. Sin embargo, la resistencia de la mayor parte de los constituyentes logró rechazar esta propuesta; el diputado Prisciliano Díaz González presentó sus argumentos el 27 de noviembre (que se redujeron a la no viabilidad económica del propio Estado de México), enfatizando que las contribuciones del Estado habían descansado sobre las haciendas. El futuro que se les presentaba a los hacendados, entonces, no era halagüeño, ya que, si su problema era la seguridad de sus propiedades, el gobierno del Estado de México tendría que elevar los impuestos para sufragar los gastos de policía. La anexión del Estado de Guerrero tampoco les convenía, pues Álvarez favorecería los movimientos campesinos; por ello fueron proclives desde entonces a la transformación de estos distritos en un territorio federal bajo la potestad y cuidados del gobierno federal.Al frente del tercer distrito militar estuvo el general Francisco Leyva por designación del propio benemérito Benito Juárez. El mismo Leyva (convertido después

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