CASO SOBRE PODER CONSTITUYENTE

CASO SOBRE PODER CONSTITUYENTE

Durante 30 años (desde 1981), el Estado de Egipto estuvo gobernado por el dictador Hosni Mubarak. Sin embargo, en el 2003, se lanzó el “Movimiento Egipcio para el Cambio”, conocido como “Kifaya”, que tuvo como objeto recuperar la democracia y otorgar mayores libertades a los ciudadanos. Así, en el 2011, una serie de manifestaciones alrededor de la “Plaza de la Liberación” (El Cairo) lograron derrocar al dictador, con el apoyo de cientos de miles de manifestantes en protestas multitudinarias por todo el país.

Tras la caída de Mubarak, la Junta Militar que dirigió el proceso de transición hacia la democracia, convocó a las primeras elecciones para una Asamblea Constituyente, en noviembre de 2011, luego de lo cual estos representantes (de mayoría islamista) redactaron una nueva Constitución Política para Egipto. Asimismo, luego de las elecciones presidenciales, la Junta Militar entregó el poder a los civiles, representados por el nuevo presidente electo por el pueblo, el presidente Mohamed Morsi, candidato de los islamistas, lo que constituyó el primer gobierno democrático en la historia de Egipto.

A su vez, la Constitución redactada por la Asamblea Constituyente fue aprobada por la población egipcia, mediante un referéndum constitucional, llevado a cabo en diciembre de 2012, obteniendo el 63.8% de los votos.

Sin embargo, los partidos de oposición y ciertos movimientos cristianos denunciaron que esta nueva Constitución se basaba en principios de carácter islámico, que no se condecían con la formación de una sociedad laica; prueba de lo cual era su artículo 2º, que señalaba lo siguiente: “la ley islámica es la fuente principal de la legislación”. Asimismo, grupos opositores denunciaron la poca asistencia de la población al referéndum, pues de los 52 millones de egipcios convocados, sólo concurrieron 17 millones de votantes, lo cual, a criterio de los opositores, mermaba la legitimidad de la nueva Constitución y no reflejaba el verdadero consenso en la población respecto a su contenido.

En vista de ello, varios ciudadanos interpusieron un recurso ante la Corte Suprema Constitucional de Egipto (el equivalente al Tribunal Constitucional en nuestro país), con el objeto de que disuelva la Asamblea Constituyente encargada de redactar la nueva Constitución, denunciando que ésta había aprobado la Constitución con extrema prontitud (16 horas) y porque dicha Constitución no representaba al pueblo egipcio en su conjunto (sino sólo a la facción islámica). Sin embargo, la Corte confirmó la validez de la Asamblea Constituyente, al considerar que ésta “quedó disuelta tras la aprobación de la Constitución mediante el referéndum”, por lo que había ocurrido la “sustracción de la materia” (es decir, carecía de objeto pronunciarse sobre el pedido de tales ciudadanos).  

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