Comentarios Al Plan De 11 años

Comentario al Plan de once años

Jaime Torres Bodet

México, D. F., a 27 de octubre de 1959.

C. Lic. Adolfo López Mateos.

Presidente Constitucional

de los Estados Unidos Mexicanos.

Presente.-

Señor Presidente:

Tengo la honra de someter a usted el informe que me entregaron el 19 del actual los miembros de la Comisión creada, por decreto del 30 de diciembre de 1958, para formular un plan destinado a resolver el problema de la educación primaria en el país.

I) La actual demanda insatisfecha y el crecimiento de la demanda futura. Después de un detenido estudio, la Comisión decidió medir sus proposiciones no en función de la demanda virtualmente posible de educación primaria —que suele calcularse, restando del total de los niños de 6 a 14 años el total de los niños inscritos en las escuelas— sino en función de un dato más realista, técnicamente más válido, pero también menos fácil de precisar: el de los niños que constituyen la demanda probable no satisfecha. En efecto, aunque para cada niño el período de la edad escolar primaria dura legalmente nueve años (de los 6 a los H), ni todos los niños de México permanecen durante esos nueve años en los planteles, donde los grados de la enseñanza complica son seis; ni, por desgracia, según lo prueban las estadísticas, muchos de los que se inscriben en el primero siguen los cursos restantes hasta el final.

El informe insiste sobre un fenómeno doloroso: la deserción de los escolares. Dadas las condiciones económicas de un gran número de familias mexicanas, esta situación no podrá corregirse en un plazo breve.

Desde el punto de vista propiamente educativo, hemos de luchar contra ella por todos los medios a nuestro alcance, multiplicando los estímulos, aumentando los maestros y las aulas, haciendo la enseñan/a más substancial, más práctica y más fecunda, distribuyendo gratuitamente los libros de texto y los cuadernos de trabajo y mejorando, de acuerdo con las técnicas modernas, el material didáctico en las instalaciones escolares destinadas a los hijos de nuestro pueblo. A ello está consagrando la Administración esfuerzos considerables.

Pero, por alentadoras que sean las perspectivas que esos esfuerzos prometen, la Comisión juzgó que la deserción no es sólo un problema educativo, y que las dificultades económicas que en gran parte la explican no podrán superarse en virtud de un plan exclusivamente escolar. En consecuencia, se le presentaba una disyuntiva: o trazar un programa que diera por sentado, como si fuera un hecho ya indiscutible, el cumplimiento cabal de la obligatoriedad de la educación primaria —que debe seguir siendo nuestro propósito—, o establecer un plan que, reconociendo la deserción de centenares de miles de niños al año, llegara en un lapso determinado a asegurar oportunidad de inscripción gratuita para todos los que acudirán efectivamente a las aulas, hasta donde es posible preverlo en términos generales. Esta fue la opinión que prevaleció.

Instalada nueve años después de efectuados los censos de 1950 y uno antes de que se proceda a los de 1960, la Comisión tropezó con serias dificultades para apreciar el actual volumen de las demandas reales insatisfechas. Su informe resume las indagaciones que llevó a cabo, antes de calcularlo en un total de 1.700,000 niños. Respecto a la adicional demanda futura (originada por el rápido crecimiento de la población de nuestro país), la Comisión, tras de analizar las diversas estimaciones citadas en la primera parte del documento que entrego a usted, escogió -—como hipótesis de trabajo— la que cifra tal incremento en 3-286,000 niños. De todas suertes, previsiones de este linaje deben quedar sujetas a una periódica revisión. Comprendiéndolo así, la Comisión advierte la conveniencia de que, después de realizados los censos de 1960, se encomiende a un nuevo comité la tarea de rectificar los errores en que haya incurrido, y de ir ajustando el programa, año por año, a las necesidades que origine cualquier cambio importante en el crecimiento de la población, o en el decrecimiento de la deserción de los escolares.

II. La federación y los Estados. Reunida a fin de proyectar un plan de expansión, la Comisión se preguntó si debía limitarse a prever mayores oportunidades de inscripción para lo futuro o pudín también referirse a las tareas que exige la consolidación de lodo lo que hasta ahora se ha hecho en materia de educación primaria, rural y urbana. Se preguntó asimismo si convenía considerar a la vez lo que puede intentarse al respecto en dos planos distintos y concurrentes: el del sistema educativo federal y el de los sistemas educativos estatales.

Sobre el primer punto, la Comisión contestó por la afirmativa, en cuanto al segundo, no se creyó en el caso de dirigir recomendaciones concretas a los estados y municipios, en virtud de que, a su juicio, seria menester reglamentar previamente y de manera adecuada la fracción VIII del artículo 3° Constitucional, relativa a la facultad que tiene el H. Congreso de la Unión para expedir las leyes destinadas a "distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios" y "fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público".

La comparación de las estadísticas del sistema federal (55, 582 maestros y 2,173,599 alumnos inscritos en las escuelas primarias) con las de los diversos sistemas estatales y municipales (30,513 maestros Y 1.595,933 alumnos) esclarece que, si consideramos el número de los maestros, la enseñanza primaria está siendo atendida, en un 58.83% por la Federación; en un 30.64% por los estados y los municipios y en un 10.53% por las escuelas particulares (10,487 maestros y 367,029 alumnos).

Sería deseable que, durante la ejecución del programa, aumentara la colaboración privada y que la proporción a que se ha llegado entre la Federación y las entidades federativas no sufriera sensibles menguas, por reducción del esfuerzo de los estados. Pero ¿cómo fijar la participación permanente de éstos, de manera justa y equitativa?

En opinión de la Comisión, antes de legislar sobre la materia, pro-cedería tomar en cuenta que una proporcionalidad uniforme carecería de equidad, porque las situaciones económicas de los diferentes estados y municipios son desiguales, o carecería de eficacia, si se fijara un nivel tan bajo que pareciese accesible a todos. El informe sugiere que, de estimarlo así pertinente, el H. Congreso de la Unión tuviera a bien designar una comisión especial, con objeto de que examine el caso de cada entidad federativa por separado, en consulta con el gobierno respectivo, los municipios y las secretarías de Hacienda y de Educación. Esa comisión podría aconsejar,

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