Educacion

CONCLUSIÓN

Según datos del 2006, el gobierno central controla el 72.7% del gasto público y los gobiernos subnacionales el 27.3% (las municipalidades 11.4% y los gobiernos regionales 15.9%). El año 2000 la figura era otra: el gobierno central gastaba el 92% del total y las municipalidades el 8%. Por el lado del gasto ha habido un progreso descentralizador, por lo menos en las estadísticas y en las responsabilidades del gasto. Esto es un avance. Por el lado de los impuestos la descentralización casi no ha variado la estructura prevaleciente el 2000, es decir el gobierno central cobra el 95% de los impuestos y tributos y los gobiernos municipales el 5%, los gobierno regionales cero.

Habría tenido algún impacto la descentralización del gasto sobre: la producción, el empleo y el bienestar en las diferentes regiones y localidades? Según la escasa información existente el impacto sobre el PBI departamental no es claro, pues parece que aquellos departamentos que han tenido un crecimiento ligeramente mayor que otros, se ha debido mas bien a la inversión privada que a un gasto público más eficientemente administrado. Los impactos sobre el empleo tampoco son significativos, nuevamente con la escasa información existente. Los pocos indicios que se tiene, apuntan a que la desconcentración económica sería la causante de estos resultados, antes que la descentralización estatal. La inversión descentralizada en varios sectores y regiones fuera de Lima estaría impulsando el crecimiento de algunas regiones. La pregunta que se plantea es: ¿esto se debe a la descentralización? o pese a ella, el crecimiento regional tiene una dinámica más bien autónoma.

Estas reflexiones plantean dos cuestiones de fondo: ¿para el desarrollo regional y el desarrollo humano en los rincones más alejados del Perú, es más importante la descentralización del Estado o buenas políticas económicas e institucionales? y ¿hasta que punto están siendo conciliadas la descentralización estatal y las políticas económicas?

La idea implícita, en las diferentes normas que rigen la descentralización, es que los gobiernos regionales y municipales deberían ser los impulsores o ejecutores de las política públicas para favorecer el desarrollo territorial. Ellos deberían convertirse en los agentes de cambio y en los líderes del desarrollo desconcentrado, atrayendo a la inversión foránea y enraizando la inversión regional y local, deberían concertar planes de desarrollo, hacerse cargo de la provisión de los servicios públicos básicos como la educación, la salud y la infraestructura básica, en reemplazo de un gobierno central muy lejano y muy indolente.

Se esperaría, entonces, que una nueva estructura del Estado peruano debería mejorar la gestación y administración de las políticas económicas para generar desarrollo desconcentrado. Se ha avanzado en la transferencia de varias funciones del gobierno central a

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