Elaborar un documento de posición en el ámbito de “Democracia Paritaria: partidos políticos, impulsores de la igualdad sustantiva”

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TERMINOS DE REFERENCIA

1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

La agencia de las Naciones Unidas ONU Mujeres, basándose en la visión de igualdad consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, trabaja para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y las niñas; por el empoderamiento de las mujeres, y para lograr la igualdad entre mujeres y hombres como socios y beneficiarios del desarrollo, por los derechos humanos, en las acciones humanitarias, y en la paz y seguridad. Al colocar los derechos de las mujeres como el eje central de su labor, ONU Mujeres lidera y coordina los esfuerzos del Sistema de las Naciones Unidas para asegurar que los compromisos de igualdad y transversalidad de género se traduzcan en acciones en todo el mundo. Al mismo tiempo, ejerce un liderazgo sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos de los Estados Miembros, construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, así como con otros actores relevantes.

Las seis áreas de prioridad son:

1. Promover e implementar un amplio y dinámico conjunto de normas, políticas y parámetros globales sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres;
2. Expandir el liderazgo y la participación política de las mujeres en el marco de sistemas de gobernanza igualitaria;
3. Aumentar la autonomía económica de las mujeres y garantizarles seguridad de ingresos y un trabajo digno;
4. Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas;
5. Fortalecer y promover la participación e influencia de las mujeres en procesos de construcción de paz y resiliencia, así como favorecer una respuesta sensible al género en la prevención de desastres naturales, situaciones de conflictos y en la acción humanitaria.

Dos acuerdos internacionales forman la base de la labor de ONU MUJERES: la Plataforma de Acción de Beijing, resultante de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), considerada como la Declaración fundamental de los Derechos de la Mujer. El espíritu de estos acuerdos quedó plasmado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Agenda 2030.  Las resoluciones del Consejo de Seguridad, 1325 (2000) sobre la mujer, la paz y la seguridad, y 1820 (2008) sobre la violencia sexual en conflictos, también son referentes fundamentales para la labor de ONU MUJERES en apoyo a las mujeres en situaciones de conflicto y posteriores al conflicto.

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

En el ámbito político sigue siendo manifiestamente desigual el acceso de hombres y mujeres a instancias de poder. El compromiso regional que surge desde los Consensos de Quito y Brasilia reconoce que “la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación social y política, y en las relaciones familiares.”

Los avances normativos que reconocen los derechos de las mujeres, en el plano internacional como en el ámbito de América Latina y el Caribe, son incontestables, donde ha habido importantes progresos plasmados en el marco de la OEA, así como en los Consensos de las Conferencias Regionales de la Mujer y también en las legislaciones de los países. Las cuotas y ahora la paridad han sido herramientas clave en el incremento de la representación de mujeres en distintos espacios de toma de decisión política. Pero insuficientes. La presencia de las mujeres sigue siendo deficitaria, más aun, las condiciones de acceso y de permanencia son muy desequilibradas.

Siendo la inequidad uno de los mayores desafíos de la región, la cultura política y partidista no es ajena al contexto de inequidad social de la región cuyo reflejo también se traslada a la participación política en relación a mujeres con menos recursos económicos, indígenas y afrodescendientes. Junto a ello, la región sigue destacando por sus elevadísimas tasas de violencia por razón de género y una cultura aun tolerante con los patrones de comportamiento que perpetúan la violencia hacia las mujeres, extendido a las mujeres líderes políticas, un deficitario empoderamiento económico de las mujeres (con una brecha salarial del 17% entre hombres y mujeres), una tasa de embarazos adolescentes que no cesa de crecer, así como la persistencia de estereotipos y factores estructurales que perpetúan la cultura patriarcal y la dicotomía tradicional entre espacios femeninos y masculinos y funciones reproductoras y del cuidado y productivas.

Frente a ello, está demostrado que la presencia de una masa crítica de mujeres en los parlamentos, en la administración y gobierno, en las empresas, sindicatos o universidades, en puestos de responsabilidad y liderazgo, tiene efectos multiplicadores en beneficio de la democracia, buena gobernanza. La incorporación activa de las mujeres en la toma de decisiones es una oportunidad para la superación de los factores estructurales, ya que, a través de su implicación en la definición, planeamiento y ejecución de las políticas públicas, se puede lograr transformar las agendas políticas incorporando una visión más plural, legitima y justa de la sociedad.

En este sentido, cobra especial relevancia en la región el debate que se ha generado a favor de la democracia paritaria, un concepto que bajo el influjo europeo (Cumbre de Atenas de 1992) se ha concretado en la región, poniendo el foco en la democracia, ampliando su alcance más allá de la participación política de las mujeres. El concepto de democracia paritaria alude a un nuevo contrato social basado en responsabilidades compartidas entre familia, Estado, sociedad y empresas. Se trata de un concepto catalizador que implica transformaciones cualitativas y cuantitativas profundas en todos los sentidos, desde la gobernanza y la participación política, pasando por la conciliación y la corresponsabilidad en el cuidado y la economía, la erradicación de las violencias contra las mujeres, las nuevas masculinidades, la educación y comunicación en valores de igualdad entre los géneros, el medio ambiente y que implica a todos los niveles de la administración.

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