FRAUDE DE SEGUROS

Barranquilla Julio 17 del 201

EL FRAUDE EN SEGUROS

EXISTE EL MARCO JURIDICO EN COLOMBIA

La literatutura jurídica de nuestro país relacionada directa y puntualmente con el Fraude en Seguros no se ha contemplado en el marco jurídico Colombiano.  Ausencia de normatividad clara y precisa que tipifique el fraude asegurador en todas sus modalidades es un vacio latente de nuestra  legislación vigente.  Podría afirmar que muy pocos países han adelantado una cátedra jurídica en este aspecto más bien acudiendo a  otras figuras delictivas se ha pretendido enmarcar las conductas delictivas  relacionadas con los seguros,  tema tan amplio y determinante en el sector asegurador. Están llamadas primero que todo las compañías de seguros y conglomerados económicos internacionales de los cuales se desprenden el sector asegurador Colombiano; en otras palabras este sector nace un grupos y poderes económicos que dominan en cada país la economía de los seguros y de su interés en regular las perdidas económicas por hechos punibles relacionados con los productos que ofrecen serian los primeros interesados en que en Colombia se legisle sobre esta materia.

La Jurisprudencia y Doctrina ha sido escasa en este tema en nuestro país. No hemos avanzado en propender por tipificar y regular normativamente los hechos punibles que nacen de la actividad aseguradora y proponer en nuestra normatividad figuras jurídicas que permitan que el  campo de los fraudes en materia de seguros por parte de los distintos actores intervinientes y en sus múltiples facetas, conforma un objeto de estudio prácticamente inagotable para nuestro amplio recurso humano en el campo del derecho.

Al observar las diferentes modalidades del fraude en los seguros  como son la falsa denuncia de un siniestro, falsificación de documentación tendiente a aumentar fraudulentamente el valor de los bienes asegurados, simular la existencia de mayor cantidad de ellos, y una hipótesis de engaño omisivo mediante pluralidad de seguros contratados sobre un mismo interés asegurable, vemos que no hay letra jurídica que los enmarque puntualmente y los identifique no solamente como estafa y otras figuras generales de delitos, si no más bien se le dé la relevancia jurídica bautizando una conducta penal que bien podría llamarse Estafa en Seguros.

Si bien es cierto contamos con los buenos oficios del  Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraude (INIF), en cercana colaboración con la Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA, que en los últimos años han prestado especial interés a este tema aún estamos lejos de conjurar la regulación penal sobre la materia dedicándole un capítulo especial.

El fraude al sector asegurador Colombiano muestra modos de operar complejos y elaborados, cuya ejecución implica una verdadera división del trabajo por parte de grupos organizados que incurren en la violación de varios tipos penales con el fin de atentar contra el patrimonio de las compañías aseguradoras o utilizarlas como medio para consolidar otros delitos (Lavado de activos, entre otros).

Ahora bien la pregunta que nos ocupa: ¿Como llegaríamos a un marco jurídico especial que regule el Fraude y La Estafa en Seguros en Colombia ?. Complicado seria dejar de pensar que los actores validos para llevar a cabo esta iniciativa contemplan a las compañías de seguros, las autoridades Colombianas entre ellas la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Dian, UIAF entre otras, universidades públicas y privadas y gremios del sector asegurador y particulares. Una vez identificados estos actores cabe demostrar mediante información estadística y financiera el daño social, económico y de connotaciones morales que está causando estas conductas delictivas sin identificación especifica en el marco jurídico Colombiano. Teniendo pues el recurso humano identificado con dicho tema asegurador y las información que demuestra la proporcionalidad del daño causado iríamos a los ensayos, ponencias, seminarios, conversatorios, que permitan encausar la problemática en la agenda política del gobierno mediante un proyecto de ley que regule penal, civil y administrativamente el Fraude en Seguros en Colombia. No es tarea fácil llevarlo a cabo si no hay compromiso total del actor más relevante y perjudicado con estas conductas: Las conglomerados Aseguradores del país. Son estos quienes   deben impulsar esta iniciativa teniendo en cuenta las pérdidas económicas que se derivan de estos fraudes que ascienden a millonarias sumas que impactan sus finanzas.

Colombia al igual que cualquier otro país democrático tiene un sistema de gobernabilidad que implica el tema de la agenda pública y llegar allá no es fácil. Los actores políticos, sociales y económicos aquí involucrados son los ideales en avanzar en esta lucha sin cuartel que gay que comenzar desde ya, nutriendo nuestra legislación civil, comercial y penal con los instrumentos jurídicos necesarios para que el Fraude a los seguros deje de ser rentable.

Además de la falta de concienciación social ante la gravedad de estas prácticas, cabe destacar la total ausencia de tipos penales específicos y de unidades especializadas en seguros en los entes y Cuerpos de Seguridad del Estado. En los países sajones, de larga tradición aseguradora, el fraude a las compañías constituye un gravísimo tipo penal que las Administraciones públicas persiguen de oficio. Es allí donde debemos dirigir nuestra atención para tomar de esa experiencia jurídica y ajustarla en nuestro país.

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