Grupos De Interes

Introducción

Uno de los temas que más han preocupado a la ciencia política ha

sido la incidencia de los grupos de interés en la actividad gubernamental y

legislativa. Este interés parte de la suposición de que el mero quehacer de

las instituciones no es suficiente para explicar el origen y desarrollo de los

múltiples intereses emanados de la sociedad. De hecho, como comentara

David Garson tiempo atrás (1974, 1978), el auge de la literatura sobre

grupos de interés en la segunda mitad del siglo pasado fue la respuesta

a un cierto tipo de institucionalismo que otorgaba absoluta soberanía al

Estado1; por lo que el estudio de los grupos se ha venido fomentando

para cubrir algunos vacíos teóricos en investigaciones tales como la

distribución social del poder, los límites de la representación política o los

mecanismos de protesta social. De todas formas, como reconoce Salisbury

(1994), la dificultad de medición la influencia, especialmente en relación

con la recopilación de datos (Arnold, 1982) ha sido el principal motivo

para explicar la errática conceptualización del poder; haciendo perdurar

la tendencia “balkanizadora” de los enfrentamientos entre los diferentes

enfoques teóricos (Knoke, 1986; Petracca, 1992).

Algunos autores pluralistas como Berry (1989) consideran que los

grupos de interés son el vínculo primario entre los ciudadanos y el Gobierno,

convirtiéndose, por lo tanto, en los principales canales de representación

de la ciudadanía ante las instituciones. Siguiendo este argumento heredero

de los trabajos de Bentley (1908) y Truman (1951)2, los grupos de interés

pasan a ser el principal mecanismo de movilización política ciudadana

entre los largos períodos sin concurrencia electoral ayudando, gracias

a su actividad pública, a renovar la agenda política. No obstante, esta

teoría fue intensamente criticada por Salisbury (1969) al hacer una doble

consideración: por un lado, negaba que la teoría de Truman fuera capaz

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de explicar aquellos casos en los que, aún existiendo un alta convulsión

económica o política, no se constituyeran nuevos grupos o no se reflejara

una mayor actividad por su parte3; y, por otro lado, consideraba que la

articulación colectiva no es un fenómeno natural sino, más bien, una

consecuencia del “intercambio” de beneficios entre sus miembros, es decir,

que la decisión de entrar a formar parte de un determinado grupo viene

avalada por la garantía de recibir incentivos a cambio.

A partir de esta doble crítica surgieron nuevos intentos dirigidos

a aclarar este conflicto en torno al concepto de interés. Por un lado,

Schlozman y Tierney (1986) propusieron una doble distinción del concepto

“interés” según si podría considerarse como un interés objetivo, en aquellos

casos en los que se pudiera observar una relación entre la demanda y las

características de los solicitantes –como, por ejemplo, que los enfermos

de cáncer de pulmón se opongan a la venta de cigarrillos–; y cuando la

definición del interés fuera subjetiva, es decir, en situaciones donde es más

difícil apreciar que la defensa de un interés afecte directamente sobre la

economía individual de los miembros del grupo, por ejemplo, en reformas

electorales o la protección de los animales. Más adelante, Heinz, Laumann,

Nelson y Salisbury (1993) volverían a criticar la noción básica de Truman

por la que todo interés se articula en un grupo al asegurar que no todos

los intereses tienen una proyección política sino que muchos de ellos no

son más que percepciones morales, valoraciones éticas o sentimientos

encomendados a un ámbito privado. Según estos autores, los únicos

intereses que podemos considerar válidos para la acción colectiva son

aquellos valores privados que tienen algún contacto con el Gobierno.

Al fin y al cabo, todos estos enfrentamientos, interpretaciones rivales y

ausencias teóricas han ayudado a que los politólogos hayan defendido mucho

más la labor de los partidos políticos en aras de mantener la democracia

(Walker, 1991: 20-21); dando pie a que el debate en torno al comportamiento

de los grupos de presión se encuentre repleto de alusiones a la corrupción o

la falta de transparencia (Lindblom, 1977; Hacker y Pierson, 2002). Incluso,

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Berry (1989: 146) ha llegado a comparar figurativamente la actuación de

un lobbista con la de un jugador de póker: “No hay unas pautas que seguir

cuando se negocia, es algo que se adquiere con la experiencia. (...) Es

como jugar al póker: debes saber cuando jugar o tirar las cartas”. Este

tipo de comparaciones ha allanado el camino a las reacciones marxistas

centradas en demostrar la complicidad elitista entre los gobernantes y los

grupos especuladores. Tal y como lo veía Wright Mills (1978 [1956]: 237):

“Como abogados independientes y políticos de partido que han de afrontar

las elecciones, los políticos profesionales han cultivado muchos grupos y

tipos distintos en sus distritos respectivos. Son grandes “elementos” en las

organizaciones sociales y comerciales (...). Los políticos se ven acuciados

por las exigencias y las peticiones de esos grupos, grandes y pequeños,

locales y nacionales. Como agentes del poder, los políticos tienen que

conciliar unos intereses con otros y, en el curso de sus operaciones, ellos

mismos se ven a veces comprometidos con hombres que carecen de una

firme línea de conducta”.

Suposiciones al margen, como enfatiza Wilson (2006) refiriéndose a

los estudios entre empresarios y política, ante la falta de un amplio bagaje

de estudios, siempre se ha tendido a extrapolar a nivel nacional y sistémico

las conclusiones de trabajos de ámbito local, como el famoso estudio de

R. Dahl (1961) sobre New Haven, o los de la investigación de Bauer, Pool

y Dexter (1972) sobre la legislación arancelaria estadounidense. Estas

deficiencias analíticas tienen un impacto negativo sobre el desarrollo teórico

de los estudios sobre grupos de interés. A modo de ejemplo, Baumgartner

y Leech (1998) se conturban de que los enfoques sobre grupos de interés

hayan pasado de considerarlos como actores más poderosos

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