Las políticas públicas para reforzar la educación

Las políticas públicas para reforzar la educación

Las políticas públicas  son intrínsecamente expuestas a distintas interpretaciones de los problemas educativos a los que se enfrenta el estado, el país, Latinoamérica y el mundo en general, se conforman como políticas públicas porque pretenden alcanzar un consenso social amplio en torno a los problemas que se han identificado, en torno al logro de los objetivos por obtener y a la aplicación de un modelo racional que conecte un determinado tipo de ley con los resultados buscados, a través de la puesta en marcha de programas e iniciativas de las acciones  gubernamentales y administrativas (Knoepfel, 2003; Parsons, 2007). Tales programas establecen una relación adecuada entre medios y fines; al menos en su definición política, se establecen como operaciones idóneas con el fin de mejorar la situación de los estudiantes activos. En su hacer, descentralizan las administraciones educativas para que acierten caminos en torno a los objetivos prioritarios, establecidos desde el diagnóstico de la situación educativa y en la puesta en marcha de las medidas adecuadas.

Este planteamiento inicial nos permite aproximarnos a los procesos de adecuación de las políticas públicas educativas para responder a las necesidades del alumnado y de la propia Universidad y en cada momento se ponen en práctica tanto en la integración, inclusión, convivencia como en el abandono escolar, el cual debe evitarse fortaleciendo el accionar de las políticas establecidas que facilitan el análisis de las prácticas educativas nacionales e internacionales, que se han sucedido como respuesta a las situaciones de desventaja instructiva, con ello garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad de acceso, proceso y resultado (Tedesco, 2011).

Los estudios de la Unesco (2007), la OCDE (OECD, 2012), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cox y Schwartzman, 2009) y la Organización de Estados Iberoamericanos (Marchesi, Tedesco y Coll, 2009), facilitan la identificación de la problemática que se manifiesta en la educación  actual que, aunque con sus propios matices según las países, ha centralizado el análisis de las políticas educativas con carácter internacional: escolarización, calidad educativa, igualdad de oportunidades, eficiencia interna y equidad educativa. Al grado que influyen en la comprensión del sistema, el gasto público educativo que requieren de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y al esfuerzo individual del alumnado. Se produce de este modo, la adaptación de políticas públicas  con actores que desarrollan un papel fundamental en su promoción  (Buenfil, 2006), ya que el cambio no lo producen los programas en sí mismos, sino las reacciones de los grupos interesados en su implantación, y que contribuyen de forma decisiva a un modelo de intervención  que se construye en base a:

• Participación y compromiso universitario para modificar su situación en un ejercicio responsable de su autonomía, que incrementa la integración, la eficacia y eficiencia de los programas que despliega.
• Acompañamiento y asesoramiento especializado mediante las estructuras y servicios de apoyo a los programas y medidas  de orientación, formación, innovación y evaluación con cada estudiante que lo requiera.
• Construcción de redes socioeducativas que articulan la acción del sector público y educativo como estrategia de intervención en la dimensión comunitaria y el vínculo de estas políticas con el compromiso social.

Por lo anterior se revisa la experiencia internacional para conocer el propósito y los límites de las políticas educativas, que buscan una educación equitativa y eficiente mediante el desarrollo de mecanismos de apoyo y refuerzo, reconociendo el avance en su formulación de desde las evidencias efectivas. Considerando que las políticas educativas en América Latina argumentan el reto de conseguir una educación equitativa que rompa con desigualdades estructurales con el apoyo de los planteamientos inclusivos de la comunidad científica internacional, elemento representativo del planteamiento inclusivo al que han de responder estas políticas y su correspondencia en la práctica educativa.  

Las políticas públicas de apoyo a la educación

En el año 2011, la Unión Europea (UE) puso en marcha un plan de combate contra el fracaso escolar para ayudar a los Estados miembros a alcanzar el objetivo principal de Europa 2020 de reducirlo por debajo del 10% (Consejo de la Unión Europea, 2011), cuando actualmente se sitúa en el 14,4%. Este plan es importante porque es la primera vez que se reconoce internacionalmente la importancia de las políticas educativas a nivel internacional.

Las políticas de apoyo y refuerzo pueden definirse como acciones centralizadas en el ámbito del establecimiento educativo,  muy particularmente en aquellos alumnos que presentan necesidades educativas especiales, dificultades de aprendizaje o están en situación de riesgo, y que afectan a todos los niveles educativos, las políticas institucionales, se orientan a la creación de un entorno de aprendizaje positivo, para reforzar así la calidad de la provisión escolar. La literatura sugiere (NESSE, 2010) que dentro de las políticas más pertinentes se incluyen las siguientes:

• La transformación de los centros de enseñanza en comunidades de aprendizaje basadas en una visión común del desarrollo escolar compartida por todas las partes interesadas, que aproveche la experiencia y el conocimiento de todos, y que ofrezca un entorno abierto, estimulante y cómodo para el aprendizaje, a fin de motivar a los alumnos a que sigan comprometidos con su escolarización.
• La puesta en práctica de sistemas de detección de los alumnos en situación de riesgo para ayudar a adoptar medidas eficaces antes de que se manifiesten los problemas.
• La mayor implicación de las familias y de otros actores, como los servicios de la comunidad local, las organizaciones que representan a los inmigrantes o a las minorías, las asociaciones culturales y deportivas o los empresarios y las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de diseñar soluciones holísticas para ayudar a los alumnos en situación de riesgo y facilitarles el acceso a recursos externos, como psicólogos, trabajadores sociales y monitores juveniles y servicios culturales y comunitarios.
• La formación y el apoyo directo a los profesores en su trabajo con los alumnos en situación de riesgo. Esta es una condición indispensable para poder tomar medidas acertadas en el ámbito escolar. La formación inicial de los profesores y su desarrollo profesional permanente, así como la de los directivos escolares, ayuda a abordar la diversidad de perfiles de alumnos en el aula, a apoyar a los alumnos de entornos sociales desfavorecidos y a solucionar situaciones docentes difíciles.
• La inclusión de actividades extracurriculares fuera del horario escolar, no necesariamente dentro del propio centro escolar, así como las actividades artísticas, culturales y deportivas. Todas ellas para aumentar la autoestima de los alumnos en situación de riesgo y ante las dificultades que surjan en su aprendizaje.

El objetivo de estas políticas de apoyo y refuerzo consisten en establecer un conjunto de mecanismos de ayuda adaptados a las necesidades de cada alumno, se centran en favorecer su desarrollo personal para aumentar su capacidad  y corregir dificultades concretas, que pueden ser de carácter social, cognitivo o emocional. Entre estas políticas educativas de intervención se pueden incluir las siguientes:

• La tutoría individual destinada a ayudar a cada alumno a superar dificultades concretas de tipo académico, social o personal. Ya sea con un enfoque individualizado o en pequeños grupos, los alumnos reciben una atención específica por parte del personal docente, los miembros de la comunidad o alguno de sus compañeros.
• La adaptación de la enseñanza a las necesidades de cada alumno, reforzando las metodologías de aprendizaje personalizado y facilitando el apoyo a los alumnos en situación de riesgo para ayudarlos a adaptarse a las exigencias de la educación formal y superar, así, los obstáculos creados por la configuración estructural de la provisión escolar. En concreto, se busca limitar la repetición de curso en la medida de lo posible.
• El refuerzo de la orientación escolar y profesional para ayudar a los alumnos a tomar decisiones sobre las opciones de sus trayectorias educativas y profesionales, sobre la transición dentro del sistema escolar o al mercado laboral.
• Minimizar el efecto de malas decisiones basadas en falsas expectativas o en una información insuficiente y, al mismo tiempo, ayudar a los jóvenes a tomar decisiones que satisfagan sus ambiciones, intereses y capacidades.
• La existencia de medidas adecuadas de apoyo financiero para aquellos jóvenes cuya situación económica pueda inducir la suspensión de sus estudios. Semejantes ayudas pueden condicionarse o estar vinculadas a prestaciones sociales.

Los  contenidos medulares de las políticas de apoyo y refuerzo contienen tanto elementos estrictamente pedagógicos como, implícitamente, otros más relacionados con las condiciones de escolarización y, por tanto, con implicaciones económicas relevantes (Revista de Educación 2012. Pp.14-20)

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