Responsabilidad Social Empresarial Caso Antamina

CASO: Compañía Minera Antamina

RESUMEN

Armando Bedoya, Gerente General de la Compañía Minera Antamina (CMA), Bedoya debería aprobar el Plan Acelerado de Reubicación (PAR), esa misma mañana y enviarlo al Director de Relaciones Institucionales, William Price, quien lo había elaborado y a cuyo cargo quedaría la responsabilidad de su ejecución.

Este plan de reubicación significaba mover a las 53 familias campesinas de las alturas de San Marcos que ocupaban áreas designadas para la construcción de lo que sería la mayor mina combinada de cobre y zinc en el mundo. En un plazo de 60 a 90dias,pero luego se le presenta otro problema, el Director de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial, Samuel Brown, le comunica que del Banco Mundial.

Dicen que no van a dar un centavo de financiamiento si no desisten de su intención de utilizar la carretera que atraviesa el Parque Nacional Huascarán (PNH) para el transporte del mineral. Estando en una situación grave por lo que todo el proyecto corre un gran peligro, entonces Bedoya convoca también a los ingenieros del Área de Construcción a una reunión de emergencia para encontrar la salida a este problema Bedoya se dio cuenta que ya tenía dos serios problemas por resolver: qué hacer con las familias que debían ser reubicadas y cómo enfrentar estas nuevas exigencias del Banco Mundial respecto al PNH.

Desde la época de la Colonia, la explotación de metales preciosos ha tenido un enorme peso en el desarrollo del Perú y sus relaciones externas. Durante el período republicano1, la orientación minera del país se vio consolidada al incrementarse la demanda internacional por cobre, zinc, y otros metales además del oro y plata tradicionales, y al descubrirse nuevos yacimientos con gigantescas reservas de metales preciosos.

Sin embargo, hasta mediados del siglo XX la mayor parte del mineral fue explotada por empresas extranjeras que operaban en forma de enclave y sin mayores efectos distributivos. Desde la década de 1950, en cambio, los gobiernos otorgaron mayor prioridad al control de las industrias extractivas (minería, petróleo, gas), primero a través de una mayor regulación y tributación de la industria privada, y luego con su expropiación y la creación de empresas estatales. Por su parte, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales han otorgado generosos créditos de largo plazo a los sucesivos gobiernos para el desarrollo de estas industrias.

En la década de 1990, el sector minero experimentó un nuevo auge. En efecto, el aumento de la demanda internacional de los minerales, junto con la privatización de las empresas estatales y una política gubernamental que otorgó un marco jurídico favorable e incentivos tributarios para la inversión privada en este sector, fueron los factores claves de este proceso. Como resultado de ello, el número de operaciones y de tierras asignadas en concesiones mineras se incrementó sustancialmente. En este contexto, la minería se mantuvo como una significativa fuente de ingresos fiscales y de divisas, y de importantes inversiones en obras de infraestructura y servicios básicos. De hecho, la minería aportó casi la mitad de las exportaciones peruanas durante dicho periodo.

Este auge también activó un conjunto de antiguos y nuevos problemas para los inversionistas y para las comunidades cercanas a las áreas de actividad minera. La minería estaba asociada a viejas prácticas que generaron no sólo un significativo deterioro del medio ambiente, sino también considerables alteraciones de las relaciones sociales tanto al interior de las comunidades así como entre comunidades cercanas.

El yacimiento minero Antamina se localizaba en una zona montañosa y geográficamente

accidentada del distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash, entre los 4,200 y 4,700 m.s.n.m., y se encontraba a 35 km del pueblo de San Marcos (2,970 m.s.n.m.), capital del distrito del mismo nombre; a 165 km de la ciudad de Huaraz, capital del departamento de Ancash; y a 430 km de la ciudad de Lima. Era un yacimiento de tipo skarn poli metálico que, según las prospecciones realizadas, contenía cobre, zinc, plata, molibdeno y bismuto.

Este yacimiento fue explorado por diversas compañías y empresarios mineros desde el siglo XIX; el Estado peruano expropió su concesión y su explotación permaneció en la cartera de una compañía minera estatal hasta 1993.Luego fue transferido al sector privado en 1996.

El consorcio al que se adjudicó la concesión estuvo conformado por Inmet Mining Corporation y Rio Algom Limited, cada una con el 50% de participación. Este grupo ofreció un pago por la transferencia que ascendió a US$ 20 millones y un compromiso de inversión de US$ 2,520 millones en cinco años. La Compañía Minera Antamina S.A. (CMA) fue creada por el consorcio ganador para que fuera la propietaria de las concesiones mineras y la encargada del desarrollo del proyecto de explotación del yacimiento. El proyecto debía ser desarrollado en tres fases: exploración, construcción, y operación.

De acuerdo con la propuesta inicial de CMA, las operaciones de la empresa se realizarían en dos áreas principales ubicadas ambas en el departamento de Ancash: una mina de tajo abierto ubicada en la parte alta del distrito de San Marcos y un puerto (Punta Lobitos) para el embarque de concentrados ubicado en el distrito de Huarmey. Asimismo, en las cercanías de la mina, CMA operaría una planta concentradora que produciría cinco tipos de concentrados, un depósito para los relaves provenientes de la planta, tres botaderos de desmonte y un campamento minero. Durante la etapa de exploración la empresa elaboró un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, en el cual se evaluaban las consecuencias del proyecto sobre el medio ambiente y las comunidades aledañas. En dicho estudio, CMA se comprometió no solamente a respetar las normas legales peruanas, sino a cumplir con altos estándares internacionales en materia social y ambiental que no hacía mucho habían sido establecidos por el Banco Mundial.

Para obtener más de US$ 1,500 millones en créditos de una variedad de fuentes internacionales para financiar la fase de construcción. Durante la negociación del contrato de financiamiento con un sindicato de bancos y agencias de crédito de exportación e importación, la participación del BM, a través del Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), fue esencial, por lo que los

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