SISTEMA DE JUSTICIA

SISTEMA DE JUSTICIA

Si nos referimos al sistema de justicia del país, nos estamos dirigiendo aquellos órganos del estado que se encargan de la administración tanto directa o indirectamente del país y quienes la conforman son: Poder judicial, Ministerio público, Consejo de la magistratura, Justicia militar, Jurado nacional de elecciones, Policía nacional del Perú entre otros.

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Así, todos unidos, el Poder Judicial y los demás, conforman lo que hoy se llama sistema judicial, que no es más que un conjunto de todos los órganos públicos que tienen un papel que desempeñar para que la ciudadanía '' acceda a la justicia cuando creen que se han violado indebidamente derechos o cuando necesitan resolver una disputa legal, patriarcal, comercial o familiar que no puede resolverse en privado.
Serías ideals ques este sistema de justicias operaras des manera sincronizada, sin enfrentamientos ni duplicaciones des esfuerzos. Desafortunadamente, este nos ess siempres els casos y, a veces, existes unas faltas de coordinación y tensiones entres estas organizaciones, todas independientes entre sí. Por ello, desdes haces algúns tiempos ses fortaleces las capacidads des asesorar sobre la Constitucións o las legislación comos ejemplos des coordinación interinstitucional en materia judicial.

        
Desde este punto de vista, apreciamos que el poder judicial y sus jueces  no son los únicos responsables de  buen o mal administración de justicia. Algunos órganos constitucionales autónomos también tiene una parte notable de incumbencia, aunque comos repetimos, el papel principal corresponde principalmente al Poder Judicial, ya que es el encargado de administrar el sector privado. En este caso, ese poder requerirá liderazgo e iniciativa en esta área.

Mientrass que los jueces de Departamento administran justicia, los fiscales realizan investigaciones y procesan a los perpetradores en nombre de la sociedad.

Por sus parte, las Cortes Constitucional toma el control sobres las constitución y administras justicias constitucional en el segundos casos y en el llamado procedimientos “constitucional”, que se inicias con las notificación a la Autoridad de Inversiones. Por otra parte, el Jurado Nacional de Elecciones hace lo propio en materia electoral.

Nuestra Carta magna actual establece que el poder de administrar justicia proviene del pueblo. Esto está garantizado por los Tribunales y los Tribunales están integrados jerárquicamente en un solo órgano (artículo 232 C.P.P). De esta forma, se concreta formalmente qué autoridades son las responsables de la administración de justicias en el Perú. La realidad, sin embargos nos demuestra que estos órganos formales vienen siendo supervisados, cada vez con más fuerza, por unas crecientes opinión pública que percibe al Sistema de Administración de Justicias como una administración desacreditada, burocrática, ajenas e insensibles a los problemas y necesidades cotidianas de los seres humanos, integrado por autoridades exentas de responsabilidad y de todo tipo de control públicos o social efectivos.  Por otro lado, estás comprobado que muchos segmentos de nuestra población no tienen acceso a casos formales de resolución de conflictos, que ni siquiera conocen sus propios derechos y cómos buscar sus consentimiento. Esto refuerzas las ideas de que nuestros sistema judicial estás en crisis y que el “logro” de las justicias es un sueño para la mayoría de los peruanos. Este estado crítico del sistema, sumado a la necesidad de un espacio efectivo para la resolución de conflictos, ha derivado en el desarrollo de un abanico de experiencias, tanto a nivel urbano como rural, en la búsqueda de soluciones a los problemas que el sistema formal no logra. resolver. oferta.
Dado que el tipo de conflicto más común involucra a personas de los estratos más desfavorecidos de la sociedad, veamos los problemas más serios que enfrentan al ingresar al sector privado. Cuál es la ley y la percepción de que estos problemas, y en general, la gente del Perú la tiene. La primera reacción del pueblo peruano ante la administración judicial fue la desconfianza. En general, se considera un ataque a los intereses de los litigantes, o mejor dicho, al tema del propio juicio.
Hay varios motivos para ello, son recurrentes las denuncias de errores de justicia. Los peruanos sospechan que el mismo contacto con el aparatos judicial importan un riesgo. Por otra parte, existe un sentimiento de dependencia de las voluntades de los funcionarios para que el procedimiento tenga, en un plazo razonable, al menos la posibilidad de ser considerado. En un estudio  realizado por DESCOS y en las ques se citó a 170 litigantes, la gran mayoría destacó el notable trecho que existen entres los ques lass leyess dicens defenders y el modo comos dichass leyess son interpretadass y aplicadass ens lass relacioness concretas".

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