Simplificacion De Tramites Administrativos

La Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos busca facilitar la relación de los ciudadanos con las distintas instancias de la Administración Pública. En esa dirección presume la buena fe del ciudadano y la simplicidad, transparencia, celeridad y eficacia de la actividad de la Administración Pública.

Siempre que una persona o una compañía tenga que realizar diligencias, actuaciones o gestiones ante los órganos de la Administración Pública es recomendable que tenga presente la Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.845 del 7 de diciembre de 1999, en la que se establece un conjunto de normas destinadas a la simplificación de los trámites ante la Administración Pública.

La mencionada Ley contiene varios principios rectores de los planes de simplificación de los trámites administrativos, entre los cuales destacan la presunción de buena fe del ciudadano y la simplicidad, transparencia, celeridad y eficacia de la actividad de la Administración Pública.

De la presunción de buena fe del ciudadano se deriva una serie de consecuencias, entre las cuales destacan las siguientes: (i) se tendrá como cierta la declaración del particular; (ii) se prevé la sustitución de documentos y requisitos por una declaración jurada; (iii) para acreditar la representación bastará una carta-poder; (iv) no podrá exigirse el cumplimiento de requisitos cumplidos en trámites anteriores; (v) se aceptarán documentos privados y copias simples de documentos auténticos y reconocidos; (vi) no se requerirá comprobante de pago de períodos anteriores para aceptar nuevos pagos; y (vii) los organismos no podrán exigir la presentación de solvencias emitidas por ellos.

La presunción de buena fe del particular no es absoluta. La ley prevé que los trámites deberán estar acompañados de un mecanismo de control posterior y de detectarse que los ciudadanos han suministrado datos falsos en el curso de las tramitaciones administrativas serán sancionados con multa entre 6,25 y 25 unidades tributarias sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que incurra el ciudadano.

De igual manera, del principio de simplicidad de la actividad administrativa se deriva una serie de consecuencias que pueden ser de gran provecho para el particular. Entre esas consecuencias sobresalen: (i) se podrán utilizar copias de formatos oficiales o documentos que respeten el contenido del original; (ii) presentada la cédula de identidad, no se exigirá copia certificada de la partida de nacimiento; (iii) la Administración Pública no podrá exigir requisitos adicionales en caso de que un derecho o actividad haya sido regulado por una norma general y estos requisitos no estén contemplados por dicha regulación; (iv) no se podrán exigir copias certificadas u originales de documentos en poder de la Administración Pública o de aquellos documentos que se puedan

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