TESTIGOS PROTEGIDOS

I N T R O D U C C I Ó N

Este trabajo se realiza para analizar la figura denominada en México como “testigo protegido”; esto es, determinar si este mecanismo ha sido implementado de manera apropiada en la investigación y persecución de miembros de la delincuencia organizada; así como comparar la situación en que se encuentran los demás sujetos procesales que se ven inmiscuidos en este tipo de asuntos, ya sea, con el carácter de testigos, peritos, jueces, magistrados, agente del Ministerio Público de la Federación, etc., pues también ellos necesitan que el Estado les brinde protección.

A consecuencia de innumerables actos de violencia contra personas llamadas a testificar en procesos penales ligados con la delincuencia organizada, diversos países introdujeron en su legislación nacional normas para buscar la salvaguarda de quienes, como testigos o peritos, deben cumplir el deber de colaborar con la justicia.

La aparición y el desarrollo de la delincuencia organizada en México, así como la adopción de ciertos instrumentos internacionales que se ocupan de la materia -como la Convención de Viena de 1988-, fueron motivos determinantes para que en 1996 surgiera en nuestro país una legislación que específicamente se ocupara del problema. Ello se debió, también, a que las medidas político-criminales existentes, fueron diseñadas para la delincuencia tradicional o común.

De esta manera en el capítulo primero se aborda el estudio de las garantías constitucionales ligadas con este tema, para tener un panorama de los derechos consagrados a las partes, así como profundizar sobre el contenido del artículo 21 constitucional, que otorga al agente del Ministerio Público de la Federación la facultad de investigar; y por otra parte, faculta a la autoridad judicial para imponer las penas. Además se analizaran los conceptos ligados con el ”testigo protegido” que consagra el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como lo son: testigo, colaborador, delator, etc.

Por otra parte, en el capítulo segundo se estudiará el proceso penal federal al que se ven sometidos los miembros de organizaciones criminales, para una mejor comprensión de los mecanismos procesales empleados, y la forma de aplicación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en esos casos.

En el capítulo tercero se analizarán los sistemas adoptados por varias naciones respecto a la protección de los sujetos procesales, principalmente, en lo que respecta a los colaboradores, para conocer el origen del “testigo protegido” en el common law.

Ahora bien, en el capítulo cuarto se estudiará el surgimiento de la figura del “testigo protegido”, consagrada en el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en México, y se analizará si los beneficios otorgados a los colaboradores invaden la facultad conferida a la autoridad judicial en cuanto al establecimiento de penas, que establece el artículo 21 constitucional; asimismo, se estudiará si el agente del Ministerio Público de la Federación al otorgar el beneficio a que alude el artículo 35, fracción I de la legislación antes citada, consistente en no ejercitar acción penal contra el colaborador, actúa en contravención con la legalidad en el ejercicio de la acción postulada en la Constitución.

Por último se observará y analizará de qué forma el Estado y el infractor negocian para contar con elementos para procesar y sancionar a otros miembros de la organización de la que formularon parte, y estudiar si impera el principio de oportunidad en la investigación de delitos cometidos por agrupaciones delictivas, lo anterior con el propósito de determinar si la figura del “testigo protegido” ha cumplido con su cometido, así como si el sistema de protección empleado es adecuado.

I N D I C E G E N E R A L

INTRODUCCION 2

INDICE 5

CAPITULO PRIMERO

MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO

DEL ” TESTIGO PROTEGIDO” 13

1.1. GARANTÍA INDIVIDUAL 13

1.1.1. Clasificación 15

1.2. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA PENAL 18

1.2.1. El artículo 13 constitucional 19

1.2.1.1. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas 19

1.2.1.2. Nadie puede ser juzgado por tribunales especiales 20

1.2.2. El artículo 14 constitucional 20

1.2.2.1. Garantía de irretroactividad de la ley 21

1.2.2.2. Garantía de audiencia 22

1.2.2.3. La garantía de exacta aplicación de ley en materia penal 23

1.2.3. El artículo 16 constitucional 24

1.2.3.1. Garantía de competencia 25

1.2.3.2. Garantía de Legalidad 25

1.2.3.3. Garantía de mandamiento escrito 26

1.2.3.4. Garantía de que la orden de aprehensión emane

de autoridad judicial 26

1.2.3.5. Excepciones a la garantía de libertad personal 27

1.2.3.5.1. Caso de delito flagrante 27

1.2.3.5.2. Caso de urgencia 29

1.2.3.6. Plazos de retención del Ministerio Público 30

1.2.4. El artículo 19 constitucional 30

1.2.5. El artículo 20 constitucional 32

1.2.5.1. La garantía de libertad bajo caución 33

1.2.5.2. La garantía de no incriminarse 33

1.2.5.3. Garantía de defensa 33

1.2.5.4. La garantía de ser juzgado por un juez o un jurado

en audiencia pública 35

1.2.5.5. La garantía de ser juzgado antes de cuatro meses o de un año,

en su caso 35

1.2.5.6. La garantía de computarse todo el tiempo de la detención, para

efecto del cumplimiento de la sanción privativa de

libertad impuesta en la sentencia 36

1.2.6. El artículo 21 constitucional 36

1.2.6.1. La imposición de las penas como propia y exclusiva

de la autoridad judicial 38

1.2.6.2. La persecución de los delitos a cargo del Ministerio

Público y la policía 39

1.2.7. El artículo 23 constitucional 41

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 41

1.3.1. Testigo 42

1.3.2. Delator 42

1.3.3. Colaborador 42

1.3.4. Arrepentido 42

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