TESTIGOS PROTEGIDOS

Introducción

No todos son delincuentes ni todos son falsos, partir de esa premisa es equivocado. Me reservo la fuente, pero en la práctica algunos son policías investigadores (AFIs o PFPs) y algunos son ciudadanos comunes y corrientes con mucho valor civil. Generalmente suelen ser a éstos últimos a los que matan al poco tiempo. ¿por qué? Fácil, la instrumentación legal es maravillosa, pero en la práctica es basura, al llegar al Juzgado TODOS saben que es testigo protegido; incluso en algunos casos de suma importancia son resguardados por convoys del ejército y después del desahogo de la diligencia ... son como cualquier persona, salen a la calle sin protección ni máscara que los cubra. Pues a algunos los matan. Ahora, como en toda facultad, la autoridad comete excesos, pero en los careos constitucionales y procesales, se le debe instruir al procesado bajo ciertas nuevas reglas para discutir la verdad de su dicho; dado al fin lo que se toma en cuenta es lo que queda asentado en autos, lo importante es lo que se discute, la veracidad de su dicho, la destrucción sistemática de su percepción sensorial; verlo o no a la cara es secundario, y eso ... cuesta muuucho trabajo, más si tomamos en cuenta que la persona en éstos casos no suele ser ávida en la discución y contradicción persuasiva del deposado del testigo. Ahí radica el problema y (en mi particular punto de vista), ha radicado siempre. Lo importante es contradecir y refutar con argumentos coherentes y dignos de credibilidad las circustancias de tiempo, lugar y modo. Muy criticable mi opinión, lo sé, tal vez muy radical y hasta deleznable; sin embargo, es Derecho positivo y constitucionalmente permitido y los abogados nos caracterizamos por resolver los problemas con soluciones práticas, no con ilusiones teoricas del modelo legislativo perfecto de acusación estatal. Saludos.

Me parece una aberración jurídica. Al dar el mismo valor jurídico, en términos de las reglas para la valoración de las pruebas, a un testimonio sin rostro que a un testigo con rostro -eso sin contar que también con generales- me parece que se desvirtúa totalmente esta figura. Cabe recordar que el concepto testigo deriva de la palabra testículo y que se contextualiza dentro del derecho romano, cuando quienes comparecían a rendir su testimonio, lo hacían jurando precisamente por sus testículos. Sin embargo considero que al reconocer jurídicamente esta figura el día de hoy, el Estado de algún modo está claudicando en su función de brindar seguridad. Máxime que la gran mayoría de los testigos protegidos tuvieron alguna participación en los hechos que precisamente narran y por tanto pertenecieron a la delincuencia organizada. Sin duda alguna me atrevo a comparar el testimonio procedente de algún testigo protegido con los señalamientos que se hacían a los llamados herejes en la época de la inquisición. En aras de la seguridad y bajo el argumento de la "delincuencia organizada" estamos cayendo en un oscurantismo jurídico, independientemente de la polémica sobre si es válido o no en términos de políticas públicas.

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Ley Modelo Protección de personas que denuncian actos de corrupción

Thomas Devine

Robert Vaughn

Keith Henderson

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1. PRESENTACIÓN

Las leyes que otorgan protección a las personas que denuncian actos de corrupción, las que garantizan acceso a información que está en poder del Gobierno y las que imponen a los funcionarios públicos de alta jerarquía la obligación de declarar determinados activos e ingresos se basan en los conceptos de responsabilidad democrática y Estado de Derecho. Esta responsabilidad es un disuasivo a la conducta ilícita de las autoridades y refuerza las medidas de prevención de la corrupción. Como la responsabilidad política y jurídica se basa en el derecho a la libre expresión del pensamiento y el derecho a la libertad de asociación, esos tres tipos de leyes pueden considerarse también como importantes mecanismos de protección de esos derechos humanos.

La expresión "leyes de apertura del Gobierno" describe apropiadamente los tipos de leyes arriba expresados y refleja los valores que contienen. Por ejemplo, la protección de las personas que denuncian actos de corrupción y el acceso a la información pública reivindica los derechos de los ciudadanos de organizarse, promover causas e impugnar las decisiones del Gobierno que los representa. La falta de información sobre determinadas políticas gubernamentales reduce la credibilidad del orador y el valor del derecho de expresión del pensamiento, y asimismo es un obstáculo a la libertad de asociación. La protección de las personas que denuncian actos de corrupción es un importante complemento del acceso de los ciudadanos a la información en poder del Gobierno. El momento en que la información está disponible tiene tanta importancia como el hecho mismo de que lo esté. La protección de las personas que denuncian actos de corrupción aumenta la disponibilidad de información y su presentación puntual. Las personas que denuncian actos de corrupción pueden garantizar el acceso a la información mucho antes de que puedan realizarse los procedimientos de acceso de los ciudadanos. De hecho, los datos proporcionados por personas que denuncian actos de corrupción pueden indicar la necesidad de utilizar los procedimientos de acceso público a documentos y registros gubernamentales para llevar adelante la investigación de la supuesta conducta ilícita que revela esa información.

El sistema de apertura gubernamental respalda el Estado de Derecho. El acceso público a documentos y registros gubernamentales garantiza el conocimiento de las normas aplicadas por las autoridades públicas. A menos que esas normas y los criterios de evaluación de su aplicación sean conocidos, difícilmente podrá limitarse en forma significativa el poder de las autoridades públicas. Los datos proporcionados por personas que denuncian actos de corrupción pueden hacer salir a luz información oculta y hacer trizas los dispositivos tendientes a encubrir conductas ilícitas. Además para hacer efectiva a través de los tribunales la responsabilidad de las autoridades se requiere información sobre las políticas gubernamentales y las prácticas de los funcionarios públicos. Por otra parte, la revelación pública de los activos e ingresos de funcionarios públicos de alta jerarquía garantiza al público que las decisiones de esos funcionarios se inspiren en la aplicación del derecho y de la política pública, y no en afán de lucro personal.

Las normas sobre personas que denuncian actos de corrupción suelen incluir mecanismos de protección para los empleados que se rehusen a obedecer órdenes ilegales. A través de esa

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