Código Orgánico Procesal Penal

El Estado en su función de garante y protector de la administración de justicia debe tener como objetivo fundamental la garantía de la libertad del individuo, esta garantía además debe estar respaldada por un debido proceso y el derecho a la defensa. En toda esta responsabilidad igualitaria para todos los ciudadanos, que tiene el Estado para que el individuo como elemento fundamental de la sociedad pueda desenvolver sus actividades libremente, siempre y cuando su comportamiento esté acorde con las normas reguladoras que el Estado impone, están las normas reguladoras de tipo constitucional.

Todas estas garantías procesales y legales están plasmadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales debidamente suscritas por la República, en el Código OrgánicoProcesal Penal y en otras leyes especiales vinculadas en forma directa o indirecta con las actividades individuales. Todo esto viene a conformar una plataforma legal donde descansan todas estas garantías por parte del Estado hacia el individuo y que le permitan el respeto a la dignidad humana.

Actualmente con el nuevo...

INTRODUCCIÓN

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, se instauró en Venezuela un sistema acusatorio oral, blindado con múltiples principios que lo rigen y que caracterizan sus bases de garantista, los cuales hacen del sistema un mecanismo procesal respetuoso de los Derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estos Principios están contenidos en el Título Preliminar, entre los artículos 1 al 23 del Código Orgánico Procesal Penal, y en defensa de los Derechos Humanos vienen a suprimir los postulados del sistema inquisitivo plasmados en el extinto Código de Enjuiciamiento Criminal que bajo su imperio se violaban impunemente todos los derechos inherentes al ser humano, amén de las corruptelas y trampas que se presentaban tan frecuentemente en el sistema derogado, que por ser secreto y escrito se prestaba a los vicios, sobornos y alteraciones o "engavetamiento" de los expedientes, dando lugar a la corrupción en los tribunales, en virtud de que en este sistema, los aspectos esenciales del proceso (acusación, defensa y decisión) estaban en manos de una sola persona: el Juez, quien iniciaba el juicio, investigaba en el sumario (que era una fase en la que toda la investigación de los hechos se realizaba prácticamente en secreto y a espaldas del acusado mismo), conducía el debate en el plenario (que era la fase en que, en teoría, el acusado podía enterarse de su situación) y, finalmente, sentenciaba. Es decir, el Juez era casi omnipotente y tenía facultades infinitas.

Estamos en una época de cambios, y de cambios realmente trascendentales. Precisamente, nos interesa en este momento una transformación vital para todos, que no es otra que la modificación de la administración de la justicia penal. Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (C.O.P.P.), hemos dado un paso agigantado en lo que se refiere a nuestro sistema procesal penal. Además de lo dicho, en este nuevo sistema predomina la oralidad, lo que es más adecuado a las tendencias mundiales y a la realidad jurídico-social que vivimos.

DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DE UN ESTADO SOCIAL Y DE JUSTICIAGarantías Orgánicas:Independencia:

Mientras la garantía de independencia, en términos generales, protege al juez frente a influenciasexternas, el principio de independencia funcional se vincula a determinadas exigencias dentro del proceso, definidas como la independencia del juez frente a las partes y al objeto del proceso mismo, pudiendo entenderse desde dos acepciones:a) Independencia subjetiva, que atañe a algún tipo de compromiso que el juez pueda tener con elcaso. b) Independencia objetiva, referida a la influencia negativa que puede tener en el juez laestructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable.La independencia del juez reconoce cuatro órdenes distintos y hace a la noción del debido procesolegal. Ellas son la independencia frente a las partes, al objeto litigioso, a los órganos del Poder Judicialy a los órganos políticos.

Imparcialidad:

El derecho de todo ciudadano -a todos los que sean parte en el proceso penal- a un proceso sindilaciones indebidas o a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable o sin retraso, es un derechofundamental de naturaleza reaccional que se dirige a los órganos judiciales, creando en ellos laobligación de actuar en un plazo razonable el ius puniendi o de reconocer y, en su caso, restablecer inmediatamente el derecho a la libertad. La lenta reacción judicial, sin justificación, origina y propiciauna causa o motivo en cierto sentido de despenalización porque el reproche judicial viene ya viciado por extemporáneo.Este derecho no se identifica con el mero incumplimiento de los plazos procesales y comporta lautilización de un concepto jurídico indeterminado que necesidad ser dotado de contenido concreto encada caso, atendiendo a criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico. Su vulneración se produce siempre como consecuencia de una omisión que realiza un órgano jurisdiccional sobre aquellaobligación constitucional de resolver dentro de los plazos previstos las pretensiones que se formulen.La primera condición para ejercer este derecho de este derecho es que se incumplan los plazos previstos en la ley; corresponde a la autoridad judicial, por imperio del principio de impulso de oficio,vigilar y subsanar, en su caso, el cumplimiento de los plazos procesales. La segunda condición -ydecisiva- es que esta dilación o retraso sea indebido; se trata de un concepto jurídico indeterminado,cuya apreciación debe realizarse caso por caso y según las circunstancias, siendo de analizar treselementos puntuales: a) la complejidad del asunto o causa; b) el comportamiento del agente -de laactuación de buena o mala fe dependerá la calificación de indebido- en el curso del procedimiento; y, c)la actitud del órgano judicial (determinar si medió inactividad de su parte, si fue el causante de lasdilaciones).Este derecho vulnerado exige de parte de la autoridad judicial su inmediato restablecimiento, valedecir, la emisión de la resolución cuya tardanza se ha puesto de manifiesto, sin perjuicio -en su caso- dedeclarar el derecho indemnizatorio que asiste al perjudicado; por el Estado, si la dilación se debe a unfuncionamiento anormal de la administración de justicia, o por el particular culpable, si a él se debe ladilación indebida. Sin embargo, la opción que va teniendo cada vez mayor consistencia, es aquella que postula

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