JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

INTRODUCCIÓN

Teniendo presente el gran número de jóvenes que están en conflicto con la ley, mismos que se encuentran abandonados, desatendidos, maltratados, expuestos al uso indebido de drogas, en situación marginal, y, en general, se hayan expuestos a riesgo, fue necesario implementar un Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes en el Estado de Morelos, ya que la adolescencia es una etapa de la vida en la cual las personas se encuentran en un proceso de madurez física, psicológica y social distinta de los adultos. Los adolescentes son el sector de la población más amplio en la actualidad, con grandes posibilidades, necesidades y expectativas que exigen políticas públicas y leyes especializadas para darles atención, como es el caso de los adolescentes que enfrentan conflictos con la ley penal. Es por ello, que a este grupo de la sociedad se le reconocen además de todos los derechos fundamentales, derechos y responsabilidades específicos derivados de su condición de personas en desarrollo.

En este sentido, la justicia para adolescentes en México, consagrada por la reforma al artículo 18 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2005, estableció que el rango de edad para esta población es de los 12 a los 18 años y tiene como finalidad responsabilizar a los adolescentes por los delitos que cometen, su reintegración social y familiar así como el pleno desarrollo de sus capacidades.

Es responsabilidad de todos los adultos y de todas las instituciones, como la familia, la escuela y los sistemas de justicia, procurar la plena incorporación de los adolescentes a la sociedad. Aun cuando en la adolescencia ya existe responsabilidad en torno a la comisión de delitos, prevalece el principio de especialidad que obliga a los estados a brindar una respuesta acorde con esta etapa de desarrollo, en un marco de respeto a sus derechos y en función de su plena reintegración social.

Es preciso comprender que los adolescentes durante esta etapa de vida enfrentan una serie de cambios biológicos, psicológicos y sociales, que mezclados con factores de riesgo del entorno como un ambiente altamente violento, la falta de oportunidades, la pobreza y las contradicciones de la sociedad generan manifestaciones negativas que impiden la adquisición de habilidades sociales. Una de estas manifestaciones es el comportamiento delictivo.

La causa del comportamiento delictivo es multifactorial, pues no es exclusivo de ciertos niveles académicos, económicos o culturales.

Son diversas las causas que permean o favorecen la comisión de conductas delictivas en los adolescentes, como diversos son los elementos que pueden obstaculizar su realización. Desde una perspectiva integral, el adolescentes interactúa en distintos niveles que van desde lo individual hasta lo familiar y social a partir de su proceso de socialización; asimismo, el adolescente se ve influenciado por factores externos de su contexto.

Acorde con los distintos instrumentos jurídicos internacionales en materia, los sistemas de justicia deben atender al fenómeno delictivo mediante las siguientes estrategias:

• La prevención social del delito a través de políticas públicas que promuevan la integración social de los adolescentes y sus familias.
• El desarrollo de leyes, procedimientos, instituciones y personal especializado para la atención de esta población.
• La aplicación prioritaria de las medidas no privativas de la libertad, ante la comisión de delitos, que promuevan la participación activa de la familia y de la comunidad, los procesos de socialización, la reparación del daño a las víctimas y las actitudes positivas para la convivencia armónica.

Esta doctrina garantiza a los adolescentes en conflicto con la ley penal, el respeto y ejercicio pleno de sus derechos, pero también, implica que éstos reconozcan y asuman su responsabilidad ante la comisión de delitos cuando así se compruebe, tras la aplicación de un debido proceso legal en el marco de un sistema de justicia especializado.

Dicho sistema se fundamenta en el reconocimiento de los adolescentes como “sujetos titulares de derechos y obligaciones y, por tanto, como seres con dignidad, autonomía y capacidad para entender el carácter lícito o ilícito de sus actos y ser responsables de sus conductas”.

Esta posibilidad de exigirles responsabilidad a los adolescentes no deja de atender su situación específica de desarrollo; ni su progresiva adquisición de autonomía personal, social y jurídica. De ahí que la respuesta del Estado ante la comisión de delitos por parte de los adolescentes se conforme de manera diferente a la de los adultos.

Por ello, en este trabajo se propone un amplio catálogo de medidas que pueden aplicarse como consecuencia del delito considerando entre estas a la privación de la libertad como el último recurso, limitando su aplicación a casos excepcionales y por el menor tiempo posible, privilegiando todas aquellas posibles respuestas que no implican la privación de la libertad.

PLANTEAMIENTO PROBLEMA

        A partir de la mitad del siglo XX, a los niños les fueron reconocidos sus derechos en el aspecto subjetivo jurídico y político, si se quiere aun, como actores sociales de la ciudadanía. Adquiere mayor importancia si se considera que, en América Latina, la situación de los infantes y adolescentes estaba relegada, que su tratamiento en caso de infringir alguna norma del orden penal trascendía y se encausaba hacia un modelo tutelar, en donde prevalecía el aspecto irregular de un verdadero procedimiento jurisdiccional, carente, en la mayoría de los casos de una verdadera asistencia social, con políticas de protección pero con prácticas peno-custodiales represivas, inhumanas y que lejos de proporcionar confianza, rectitud, valores y rehabilitación, propiciaban la desintegración del menor.

JUSTIFICACIÓN:

Con el presente trabajo se pretende demostrar que actualmente al implementar un Juzgado de Ejecución de Sanciones, se cumplen los objetivos respecto a la imposición de sanción a adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley, ello en virtud de que son más los adolescentes que culminan una medida sancionadora, atendiendo a que existe mayor atención en el cumplimiento de las mismas, a través de la realización de un plan  individualizado concreto de cada uno de los sentenciados, observando los motivos del porque incurrieron en un delito y las necesidades básicas de cada uno.

ONJETIVO GENERAL:

Demostrar que la implementación del Juzgado de Ejecución de Sanciones está desempeñándose de manera exitosa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

        Descripción del Juzgado de Ejecución de Sanciones

        Descripción del porque de su funcionamiento

        Explicar la problemática que existía previo a la implementación de Juzgado.

        Citar ejemplos de sentenciados que han logrado la reinserción a la sociedad.

CAPÍTULO I.- MARCO TEÓRICO

I.1. ANTECEDENTES

A principios del siglo pasado no existía en México un derecho especial para menores, así como tampoco existían otras disciplinas especializadas en la niñez. Sin embargo, el conocimiento y la experiencia acumulados en varias partes del mundo propiciaron la construcción de una identidad propia para la infancia. Conforme transcurrió el siglo XX, la niñez se consolidó como un campo específico de estudio, en áreas como la medicina, la psicología, la pedagogía y, como veremos enseguida, en los ámbitos de la justicia y el derecho.^[1]

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