Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

De los cuales 6, 352 son adolescentes hombres y 539 adolescentes mujeres. Esta misma encuesta muestra cuántos adolescentes ya contaban con una sanción impuesta mediante una sentencia, así como quienes aún continuaban su proceso penal bajo la aplicación de medidas cautelares, en espera de la sentencia que resolviera el conflicto. Respecto de las sanciones impuestas mediante sentencia, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, contempla una serie de medidas de sanción tanto privativas como no privativas de la libertad, que podrán aplicarse a adolescentes que resulten responsables de la comisión de un delito; con esto queremos decir, que el internamiento no es la única medida de sanción privativa de libertad, sino que existen otras como estancia domiciliaria o semi-internamiento. En cuanto a las medidas cautelares, estas responden a la necesidad de garantizar la seguridad de las partes procesales, el desarrollo de la investigación y la presencia del adolescente durante el proceso, al respecto, la ley menciona que será suficiente la promesa de someterse al proceso de la persona adolescente para que el Juez pueda prescindir de la aplicación de medidas cautelares. Es así, que a los 1 232 adolescentes que se encontraban aún en proceso se les impuso una medida cautelar, de los cuales 433 se les aplicó el internamiento preventivo, mientras que a los 799 adolescentes restantes se les impuso algún tipo de medida cautelar que les permitió llevar su proceso en libertad. Las medidas cautelares deben ser impuestas sólo cuando exista un riesgo procesal, desde una perspectiva, que considere las situaciones sociales, familiares e individuales del adolescente, así como sus características y necesidades, no obstante, los datos muestran el uso excesivo de estas medidas que fueron aplicadas a todas las personas adolescentes que se encontraban en proceso, además de ser aplicadas sin el enfoque diferenciado y socioeducativo que marca a ley. Por otro lado, es importante reconocer que el contexto de violencia actual en México impacta directamente a las juventudes. En las diferentes entidades, las y los adolescentes se enfrentan a situaciones de violencia y vulnerabilidad, los cuales implican factores de riesgo a que una persona adolescentes cometa una ofensa.

Ante este panorama, es evidente que tampoco se está respetando el carácter socioeducativo de las medidas, por el cual se atribuye a las autoridades involucradas en la aplicación y ejecución de medidas, la implementación de programas y actividades destinadas que promover el desarrollo de las capacidades, aptitudes y habilidades de la persona adolescente, con el fin de encontrar un lugar constructivo en sociedad.

El carácter socioeducativo de las medidas, se debe aplicar considerando además las características propias de la persona adolescente, así como las situaciones en las que se encuentra, tomando en cuenta su opinión. Estos elementos son esenciales para garantizar la reinserción social y familiar, cuya ausencia impide la efectiva aplicación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y recae en violaciones a los derechos humanos de las juventudes en conflicto con la ley.

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