México, tierra de impunidad

México, tierra de impunidad

Casos como los presuntos homicidios de civiles en Tlatlaya, la desaparición de los 43 maestros docentes en Ayotzinapa y cientos de arrestos arbitrarios denunciados por organismos autónomos y organizaciones civiles muestran que la impunidad en la cual los abusos y la corrupción siguen siendo problemas graves en México. En México, la administración de justicia es parcial, antidemocrática y obsoleta. Las causas: corrupción, implementación deficiente de la ley y sistema procesal débil.

El diseño del marco legal y la infraestructura que implementa sufre de problemas. El Estado debe proporcionar un terreno claro, transparente y eficiente en el que se desarrolle la actividad económica. Desafortunadamente, esto no ocurre a menudo debido a la sobre regulación de la derecha. Una ley debe restringir la actividad regulada de manera rentable, en comparación con los objetivos que se desean lograr. De lo contrario, se convierte en una carga, perjudicando más que proteger o promover la actividad. Lejos de proporcionar un terreno apropiado para que ocurra alguna actividad, se vuelve sinuoso, complicado y, sobre todo, desordenado. En materia tributaria es fácil percibir la inflación regulatoria. La medida y el detalle con que se regulan las actividades es un estado tan enorme que se requiere que cumpla la burocracia privada.

Es cierto que gran parte de la legislación fiscal existe para evitar que los contribuyentes no evadan, pero la diarrea legislativa no es la solución. El objetivo se puede lograr de manera más eficiente con menos leyes de una manera más inteligente, por ejemplo, el impuesto progresivo. Para empezar, el impuesto desalienta la actividad económica marginal. A su vez, la necesidad de calcular la cantidad de impuestos que se grava con la tasa y determinar con certeza el ingreso imponible, la fuente y el monto de las deducciones autorizadas, las pérdidas fiscales y la implementación de varios requisitos aplicables genera una tarea enorme. . Además, urge los costes indirectos de la actividad económica.

         La opción parece mucho más sensata: establecer un impuesto único fijo, que afecta a todos los niveles de ingresos al mismo ritmo. Se ha argumentado que, como resultado del principio de disminución de la utilidad de los ingresos, este trato desigual a los contribuyentes. No estaría de acuerdo, por dos razones: el verdadero propósito no se logra y ¿por qué no interpretar el principio de proporcionalidad significa "todos pagan el mismo porcentaje" en lugar de "basado en su capacidad de contribuir"? Sé que no es la forma en que se ha interpretado, pero mi observación es que no sería razonable interpretar bien y diseñar un estándar más eficiente. En cuestiones procesales, el deseo de establecer reglas justas ha llevado a tal exceso de regulación que se sintió motivado a ver comprometido, si no sesgado. Si no conoce los (literalmente miles de) ruses, trucos, huecos, fisuras y otras imperfecciones que el exceso genera legislación procesal es difícil obtener justicia. Y lo que es peor, el fenómeno se perpetúa a sí mismo: si el procedimiento de respuesta se simplifica, muchos son lacónicos. Un ejemplo es el arbitraje. El éxito del arbitraje se debe, entre otras razones, a que la ley de arbitraje busca ser simple, eficiente y reguladora. Sin embargo, los pilares del derecho procesal son considerados y respetados. Y para postular eso con igual o mayor eficiencia que (Decenas literalmente) de códigos diferentes, las reglas de adjetivos contempladas. La ausencia de un proceso de arbitraje ha llevado a algunos a calificar.

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