Seguridad Alimentaria

La crisis de los precios de los alimentos que se empezó a manifestar a finales de 2007, situó el tema de la seguridad alimentaria en la agenda política internacional y nacional, rebasando las fronteras de los organismos y foros especializados. A su vez, la crisis económica y financiera de 2009 profundizó los impactos negativos de los precios en los consumidores de bajos ingresos y en las economías deficitarias en alimentos.

El tema de los precios puso de relieve una serie de cambios de largo alcance que se han venido produciendo en los sistemas alimentarios y que, al combinarse, limitaron en un momento dado la capacidad de respuesta de la oferta a la demanda de alimentos.

Entre los cambios estructurales habría que anotar el aumento notable y diversificado de la demanda de cárnicos, cereales, oleaginosas y azúcar, resultado del crecimiento de la población, del aumento del ingreso per cápita, el proceso de urbanización, la convergencia del modelo de con¬sumo rico en proteína animal y grasas y del alza en las cotizaciones del petróleo. Así, la demanda ha aumentado para el consumo humano directo, pero sobre todo para la producción de alimentos de origen animal (carnes, lácteos, huevo).

En esta gráfica se sintetiza de manera esquemática una serie de relaciones complejas que reflejan causas y la expresión de la seguridad –o inseguridad- alimentaria de la población de un país. Por una parte se tienen el ámbito internacional y por otra el contexto nacional que interactúan con el sistema alimentario e influyen en la situación de cada una de las dimensiones de la seguridad alimentaria.

La disponibilidad de alimentos se refiere a la suficiencia del abasto en cantidad y calidad apropiada, sea de producción nacional o adquirida en el exterior. El acceso denota la capacidad de obtener recursos adecuados ya sea por empleo, o mediante el aprovechamiento de bienes para la producción, así como derechos para adquirir los alimentos apropiados para una dieta saludable.

La Cruzada Nacional contra el Hambre, impulsada por el actual Gobierno es una iniciativa que permite posicionar el tema de la Seguridad Alimentaria al frente de las prioridades políticas nacionales. A través de ella, México responde al reto Hambre Cero planteado por el Secretario General Ban Ki-Moon durante la Conferencia Río +20.

Como marco legal, además del reconocimiento al derecho a la alimentación en el artículo 4º de la Constitución, la fracción XX del artículo 27 establece que “el desarrollo rural integral y sustentable… tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca“. más de la cuarta parte de los mexicanos tiene acceso deficiente a la alimentación

(ENSANUT, 2012); la desnutrición infantil ha disminuido entre 1988 y 2012, sin embargo, casi 14 de cada 100 pre-escolares tienen baja talla para la edad, indicador de desnutrición crónica, lo que representa casi 1.5 millones de menores de cinco años. En población indígena la prevalencia es de más del doble: 33.1%. Adicionalmente, el sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos se ha convertido en un problema de salud pública.

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola –que incluye ganadería, aprovechamiento forestal, caza y pesca- ha sido de 1.1% en promedio al año en lo que va del siglo (2000-2011, INEGI, 2012). El gasto en divisas por importaciones de alimentos equivalen al 7% del valor de las exportaciones totales, y pese al dinamismo de las exportaciones agro-alimentarias, el déficit de la balanza comercial agroalimentaria se duplicó entre 2000 y 2011 para alcanzar los USD $5,000 millones.

Las importaciones complementan la producción nacional; para varios productos estratégicos (arroz, maíz amarillo, trigo, soya) la contribución externa supera a la nacional.

El 50% del valor total de la producción agrícola y el de la producción de alimentos de origen animal se concentra en siete entidades federativas: Jalisco, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Sonora, Chiapas y Puebla. Dos grupos de unidades de los 5.3 millones de Unidades Económicas Rurales (UER) del país, las empresariales “pujantes” y “dinámicas” representan el 8.7% del total de las UER y generan el 74.2% de las ventas del sector. El 50% de esas UER también se concentran en siete estados: Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas

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