TRABAJO PRACTICO MADISON VS MADBURY

TRABAJO PRÁCTICO: MARBURY VS. MADISON

1. Se desarrolla en los Estados Unidos y el tribunal que dicta el fallo es la Corte Suprema de dicho país.
2. El actor es William Marbury, quien había sido nombrado Juez de Paz en el Estado de Columbia durante los últimos días de gobierno del ex Presidente John Adams.

 Lo que pretende ante la Corte, es que se le entregue su acta de nombramiento, por parte del nuevo Secretario de Estado, James Madison, el cual había negado su entrega.

1. El demandado es James Madison, y el cargo que ocupa es el de Secretario de Estado del nuevo Presidente que había asumido, Thomas Jefferson. Fue quien se negó a entregar las actas de nombramiento de los cuatro jueces, entre los que se encontraba William Marbury.
2. Los Jueces de los Estados Unidos eran nombrados por el Presidente, para posteriormente ser ratificados por el Senado, y sellados por el Jefe de Estado y enviados a sus titulares. En este caso el secretario de Estado que realizo los nombramientos, exceptuando el de los cuatro jueces, fue el propio John Marshall (Secretario de Estado del Presidente saliente John Adams), que luego redactaría el voto de la Corte por ser el presidente de la misma.
3. Para que el actor tenga derecho a su reclamo, se tenían que dar respuestas positivas a ciertas preguntas que se hace el presidente de la Corte. En primer lugar, si tenía lugar a ese derecho, en segundo lugar, si existía una protección para ese derecho, y en tercero si la Corte es competente en este caso. Al ser este último negativo, es que no se le da lugar al reclamo.
4. Cuando hablamos de “Esencia de la libertad civil” nos referimos a que toda persona posee el derecho de reclamar la protección de las leyes cuando ha sufrido un daño. Quien debe garantizar esta protección es el propio gobierno.
5. Los principios que se suponen establecidos como resultado de una prolongada y serena elaboración establecen que todas las instituciones fundamentales del país se basan en la creencia de que el pueblo tiene el derecho preexistente de establecer para su gobierno futuro los principios que juzgue más adecuados a su propia felicidad. El ejercicio de ese derecho supone un gran esfuerzo, que no puede ni debe ser repetido con mucha frecuencia. Los principios así establecidos son considerados fundamentales. Y desde que la autoridad de la cual proceden es suprema, y puede raramente manifestarse, están destinados a ser permanentes. Esta voluntad originaria y suprema organiza el gobierno y asigna a los diversos poderes sus funciones específicas. Puede hacer sólo esto, o bien fijar, además, límites que no podrán ser transpuestos por tales poderes.

Considero por mi parte que esos principios establecidos son verdaderos, pero se manifiestan a través de creencias para ser aplicados en la práctica.

1. Para justificar los límites constitucionales tenemos que preguntarnos: o que la constitución controla cualquier ley contraria a ella, o que la Legislatura puede alterar la Constitución mediante una Ley ordinaria. Entre estas alternativas no existe un término medio, o la Constitución es la Ley Suprema o se encuentra al mismo nivel que las leyes y de tal modo, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la Constitución no es ley; si en cambio es verdadera la segunda, entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder ilimitable por naturaleza.

En este caso particular, se termina estableciendo que la norma más importante va a ser la Constitución, pero quienes van a ejercer el control de esa constitucionalidad van a ser los propios jueces.

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