Violencia de genero,femicidio

Este trabajo es realizado con el fin analizar las políticas públicas que existen en materia de género en el Departamento y en la Nación, con las cuales se ha hecho frente a una realidad que viven muchas mujeres en el país, ya que diariamente son violentadas de diferentes maneras por otra persona. La violencia contra la mujer es un fenómeno que continuamente rodea la sociedad y propicia las desigualdades de género. El plan de desarrollo “Antioquia la más Educada” 2012 – 2015, en su línea 4 sobre Inclusión Social, establece que en Antioquia las desiguales se expresan en fenómenos tales como: las violencias contra las mujeres, la pobreza femenina, la invisibilidad de su trabajo y de sus aportes al desarrollo del país.

El femicidio ha sido definido como “la muerte violenta de mujeres, por el hecho de ser tales” (I Informe Regional, 2006, p. 33) o “asesinato de mujeres por razones asociadas a su género” (Chejter, 2005, p. 10). Cuando menciona muerte violenta se refiere a que la violencia debe ser determinante de la muerte, desde este punto se parte a determinar si la conducta encuadra dentro de delitos como homicidio simple o calificado o parricidio en los países en que aún existe esta figura. Sin embargo, existen posturas más amplias que mencionan que el concepto femicidio abarca hechos tales como “la mortalidad materna evitable, por aborto inseguro, por cáncer y otras enfermedades femeninas, poco o mal tratadas, y por desnutrición selectiva de género” (Carcedo, 2006, p. 14). Teniendo en cuenta esta perspectiva, se incluyen dentro de este concepto (femicidio) las muertes de mujeres provocadas bien por acciones u omisiones que no constituyen necesariamente un delito, esto se debe a que carecen esencialmente del elemento subjetivo que requieren los delitos contra la vida, que es la intención de matar a otra persona; o bien porque esas conductas no pueden ser imputadas a determinada persona, sin perjuicio de que puedan constituir violaciones a derechos humanos por el incumplimiento de las obligaciones del Estado relativas a la garantía del derecho a la vida de las mujeres.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que tanto la aproximación más restrictiva (muertes violentas consecuencia de delitos) como la más amplia (muertes como resultado de discriminación de género que no constituyen delito) pueden traer aparejada la responsabilidad internacional del Estado en relación a sus obligaciones en materia de derechos humanos.

A manera de conclusión, cabe decir que las definiciones más acertadas de femicidio y feminicidio se delimitan a las muertes violentas de mujeres, que son resultado directo de la comisión de delitos, excluyendo los decesos que se producen como consecuencia de leyes o prácticas discriminatorias (abortos clandestinos, deficiente atención de la salud de las mujeres, etc.), así como a las manifestaciones de violencia que no conllevan la muerte.

ANTECEDENTES JURÍDICOS: LOS PRIMEROS PASOS(leyes)

Con la ratificación por parte del Estado colombiano de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Ley 95 de 1980), se da la apertura a la formulación de políticas públicas de equidad de género en el ámbito nacional, que han estado influenciadas por diferentes concepciones ideológicas y políticas, así como por enfoques establecidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES.

La Constitución Política de 1991 visibilizó la participación del movimiento social de mujeres, a través de su acción pública y política. Con la nueva Constitución surgen los siguientes artículos: el articulo 13 denominado “Igualdad ante la Ley y las autoridades”; el articulo 40 sobre “Derechos del ciudadano y garantía para la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública”; y, finalmente, el articulo 43 sobre “Igualdad y protección a la mujer”. Estos son algunos de los artículos que constituyen el piso constitucional de las reivindicaciones públicas y políticas de las mujeres, las cuales pusieron en la esfera pública la existencia de diversas formas de garantizar el libre ejercicio de derechos en el ámbito privado de las relaciones íntimas.

En el país se han obtenido resultados en cuanto a políticas públicas de equidad de género, dentro de las cuales podemos encontrar que en 1192 el Ministerio de Salud presentó al país la política pública de “Salud para las mujeres, mujeres para la salud”, se encuentra en el Documento Conpes 161, el cual “señala y prioriza un conjunto de acciones estratégicas, sectoriales y articuladas que, al ser ejecutadas, permiten avanzar en la superación de la discriminación y en el goce efectivo de los derechos de las mujeres, con el fin de generar beneficios para el conjunto de la población colombiana, que redunden en una sociedad más justa, equitativa, incluyente, próspera y pacífica”.

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