EL JUEGO SUCIO EN EL CARTEL DE LOS PAÑALES Y NUESTRA LIBRE COMPETENCIA.

DERECHO CONSTITUCIONAL ECONÓMICO

EL JUEGO SUCIO EN EL CARTEL DE LOS PAÑALES Y NUESTRA LIBRE COMPETENCIA

OSCAR DAVID LAVERDE RUÍZ

“La ambición jamás se detiene,

ni siquiera en la cima de la grandeza” (Napoleón)

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En el pasado mes de agosto la superintendencia de industria y comercio, dirigida por el superintendente Pablo Felipe Robledo, formulo un pliego de cargos, hacia cinco organizaciones inmiscuidas en el tema de la producción y venta de pañales desechables para bebés, estas empresas estaban siendo investigadas desde noviembre del año pasado debido a una sospechosa formación de un cartel, que logro alcanzar niveles de lucro más altos de los que su actividad corriente hubiera podido generar.

Pero, ¿Qué sucesos permitieron desenmascarar tan inmoral suceso, frente a la captación de dinero a costa de las familias colombianas?, ¿Cómo fue posible que dentro del marco constitucional la libre competencia fuera usurpada, complicando el desarrollo tanto de personas naturales como jurídicas que entraban a este mercado? Para responder dichas preguntas se debe entender lo acontecido plenamente.

Desde hace muchos años, el mercado colombiano se ha visto en la necesidad de comprar pañales de distintas compañías,  para suplir la necesidad que éste bien otorga a “más de 2 millones de bebés que usan los pañales desechables, y que han logrado en éste negocio, desde los últimos quince años, mover alrededor de 7,7 billones de pesos por la venta de 11.300 millones de pañales” (Capital, 2014), esta cifra, puede que incluso sea el estimado que las empresas pudieran cumplir a más de tan sólo 15 años de actividad, pero tras comprobarse ilícitas asociaciones de empresarios que en su totalidad lograban un poderío del 91% del mercado de pañales, se evidencio un aumento de forma injustificada a los precios pagados por los consumidores, por dichos productos desde el año 2000.

Éste hallazgo de lo acontecido a lo largo de ésta década, fue topado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), hasta el momento en que una inspección a algunas empresas ofreciera que “2 de ellas, se acogieran al Programa de Beneficios por Colaboración, donde confesaron su participación y aportaran las pruebas sobre la existencia, funcionamiento y seguimiento del cartel empresarial” (Gutiérrez, 2014), punto de partida donde según la ley 1340 de 2009, de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia, las empresas de “los pañales de las marcas Pequeñín (Familia), Winny Ultratrim (Tecnosur – Tecnoquímicas), Huggies (Kimberly) y Baby Sec (Drypers).” (Vásquez, 2014), quebrantaron “la libre competencia económica” instaurada en el artículo 333 de la Constitución Política de 1991.

Mencionado artículo 333 informa:

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones... El Estado… controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación” (Consitución Politica de Colombia)

Se observa en éste, que la ley impone el control hacia las organizaciones y que la búsqueda del bien común es lo fundamental para instaurarse un modelo de libre competencia. Tras descubierto el “cartel”, queda una preocupante cuestión con base a las víctimas y la cantidad de dinero que lograron obtener siendo la ley, como urbanamente se dice, “pasada por la galleta”, pasando tan largo periodo de tiempo.

Su actuar económico, mantenía “un valor incrementado por encima del 10 % del precio ordinario de estos productos” (Vásquez, 2014), el cual, según correos obtenidos por la SIC, fue establecido tras reuniones de los altos cargos de mencionadas compañías, que abiertamente nombraban la situación como una lucha contra los consumidores, por ejemplo este mensaje de uno de los implicados: “De verdad necesitamos que TODOS nos esforcemos un poco por subir los precios y no dejarnos más (sic) manejar por el cliente" (Velásquez, 2014). El único y verdadero afectado era la población colombiana, más exactamente la población de escasos ingresos y desempleados, que debían recibir de lleno el impacto de ser vulnerados los derechos del consumidor.

El proceso, también ha tenido involucrado la defensa de uno de los presidentes envuelto en el problema, que defiende la hipótesis de que los colombianos estaban siendo favorecidos por precios que llevan la constancia de 13 años, y que las empresas se vieron envueltas en “las declaraciones apresuradas de funcionarios y que en su sentir, fueron hechas sin examinar siquiera si de verdad se produjeron las consecuencias anticompetitivas en precios, calidad y participaciones”. (LLoreda, 2014). Francisco Barberi Ospina, presidente de Tecnoquímicas, el presidente del cual hacía alusión, explica que el comercio de los pañales es estable a tal punto que vuelve a las compañías sólidas; el término “cartel” para él reflejaría una inflación, la misma calidad del producto disminuiría y la producción sería limitada.

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